(image from Defend Panay Network)
Iloilo City – Recientemente, un Tribunal Regional de Primera Instancia (RTC) en Capiz anuló[1] múltiples órdenes de cateo utilizadas por la PNP y las AFP en el sangriento operativo conjunto del 30 de diciembre del año pasado, que dejó 9 Tumandok muertos y 16 más arrestados.
El tribunal determinó que las órdenes eran defectuosas y ordenó la liberación de los Tumandok que habían sido detenidos como resultado de su ejecución.
Cuando se les pidió comentar[2] sobre este asunto, la portavoz del PNP-PRO 6, Joem Malong, y el portavoz de la 3ª División de Infantería, Cenon Pancito III, se apresuraron a señalar los acuerdos de culpabilidad a los que recurrieron algunos Tumandok para asegurar su liberación anticipada.
Malong y Pancito afirmaron que el acuerdo de culpabilidad demuestra que las víctimas Tumandok eran, en efecto, culpables de delitos.
Malong también describió las mociones de sobreseimiento presentadas por los otros Tumandok como “vacíos legales” utilizados para obtener su libertad.
Ahora bien, siendo la vocera de una institución conocida por violaciones de derechos humanos, a Malong puede resultarle un poco difícil de entender, así que lo diremos con claridad.
Esos “vacíos legales” a los que ella se refiere son lo que los filipinos amantes de la libertad llaman DERECHOS CONSTITUCIONALES. Estos están consagrados en la Constitución de 1987 porque sus redactores sabían que era probable que el gobierno cometiera abusos. Por ello, nuestras leyes incluyen mecanismos para corregir esos abusos y garantizar las libertades de las personas.
Y en cuanto a la afirmación de que el acuerdo de culpabilidad confirma la narrativa de la PNP y las AFP, vale la pena señalar que los Tumandok que fueron arrestados, así como sus familias y comunidades, han sostenido su inocencia[3] desde el principio.
Al igual que en los casos de personas inocentes detenidas durante la “guerra contra las drogas” de la administración de Rodrigo Duterte, un acuerdo de culpabilidad puede utilizarse simplemente porque el acusado quiere salir de la cárcel lo antes posible. Esto no significa que el caso en su contra haya sido probado.
Todos saben lo lentamente que avanza la justicia en este país. Una persona inocente puede aceptar un acuerdo de culpabilidad simplemente para evitar pasar años o incluso décadas en prisión mientras su caso se prolonga.
Cuando se encarcela a personas y se les amenaza con que no podrán salir si no aceptan un acuerdo de culpabilidad, no hay nada voluntario en ese trato.
Cuando se asesina a líderes Tumandok, se despliegan tropas militares en sus comunidades y se amenaza a sus familias mientras el caso está en curso, eso no es un acuerdo voluntario.
Cuando una posible testigo[4], que afirmó que las pruebas de la PNP fueron sembradas, es ASESINADA justo antes del juicio —como ocurrió con la capitana de barangay Julie Catamin— y uno de los abogados que llevaba el caso casi es asesinado en un atentado[5], como le sucedió al Atty. Angelo Karlo Guillen, cualquier acuerdo de culpabilidad se vuelve, como mínimo, cuestionable.
Malong y Pancito ven los acuerdos de culpabilidad como una confirmación de culpa. Lo que nosotros vemos son actos de desesperación de personas inocentes que estaban languideciendo en prisión.
Claramente, hay un problema si la policía y el ejército consideran los derechos constitucionales como simples “vacíos legales”.
Existe un problema cuando quienes se supone deben protegerte, en cambio, masacran a tus líderes, luego te arrestan, aterrorizan a tu familia y a tu comunidad, te presionan para aceptar un acuerdo de culpabilidad y después celebran esto como si fuera una especie de victoria moral.
En efecto, las declaraciones de Malong y Pancito dicen mucho sobre la PNP y las AFP. Pero, ¿qué se puede esperar de instituciones implicadas en innumerables violaciones de derechos humanos, como asesinatos, abusos sexuales, secuestros y la siembra de pruebas?
Con declaraciones como estas, no es de extrañar que la Corte Penal Internacional esté interviniendo. Porque, evidentemente, en este país, quienes deberían impartir justicia y hacer cumplir la ley se han convertido en agentes de la injusticia y en una verdadera amenaza para el Estado de derecho.
Referencias:
CRIMSON LABINGHISA
Convocante de la Red Defend Panay
JOHN IAN ALENCIAGA
Convocante de la Red Defend Panay
[2] https://www.panaynews.net/pro-6-quashing-of-tumandok-search-warrants-doesnt-affect-anything/
[4] https://newsinfo.inquirer.net/1401672/key-witness-in-tumandok-killings-in-capiz-shot-dead
[5] https://www.philstar.com/headlines/2021/03/04/2081926/tumandok-land-defenders-lawyer-stabbed-ilolilo
