El 28 de febrero de 2021, el capitán de barangay Julie Catamin, quien cuestionó el infundado señalamiento como “rojos” por parte de la Policía Nacional de Filipinas (PNP) y el ejército, fue asesinado a tiros. Catamin era miembro de la comunidad indígena Tumandok. Fue uno de los primeros en denunciar que las cuatro personas arrestadas en su aldea el 30 de diciembre eran inocentes y que el Grupo de Investigación y Detección Criminal (CIDG) había colocado armas y municiones en las viviendas de las víctimas.
Antes de su muerte, Catamin fue citado por el ejército el 25 de febrero para informarle que sabían que los miembros de su comunidad estaban buscando apoyo de organizaciones populares, incluidos abogados de Bayan Muna.[1] Señaló que el ejército los amenazó con correr la misma suerte que las víctimas del 30 de diciembre.
El 30 de diciembre de 2020, al amanecer, el Ejército de Filipinas, la Policía Nacional de Filipinas (PNP) y el Grupo de Investigación y Detección Criminal (CIDG) llevaron a cabo un operativo conjunto en nueve aldeas del pueblo indígena Tumandok en la isla de Panay, en la región de Visayas Occidentales, al sur de Filipinas. Como resultado, nueve miembros del pueblo Tumandok fueron asesinados y 16 fueron arrestados.
La policía alegó que las personas asesinadas eran miembros del Nuevo Ejército del Pueblo (NPA, por sus siglas en inglés) y que respondieron con violencia cuando los agentes ejecutaban órdenes de cateo por presunta posesión ilegal de armas de fuego y explosivos. El NPA es el brazo armado del Partido Comunista de Filipinas (CPP). El CPP-NPA ha sido designado como “organización terrorista extranjera” por el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea.
En un comunicado emitido un día después de los asesinatos, la Oficina Regional de la Policía de Visayas Occidentales señaló que el operativo se llevó a cabo con base en información obtenida de residentes locales sobre la presencia de personas con armas de alto calibre. Indicó que su objetivo era “frenar la proliferación de armas de fuego y explosivos” en la isla de Panay.
En un comunicado aparte, el presidente del Clúster de Cooperación Legal afirmó que los operativos policiales están dirigidos contra el CPP-NPA, quienes —según se señala— han infiltrado las provincias de la isla de Panay. También mencionó que las muertes ocurridas como parte del operativo policial pusieron fin a lo que denominó el “reinado de terror del CPP-NPA” en la provincia.
Sin embargo, familiares de las víctimas afirmaron que quienes murieron no se resistieron al arresto y que las armas de fuego y explosivos encontrados en sus viviendas fueron sembrados [2], una práctica común en muchas operaciones contrainsurgentes de la policía y el ejército. A esto se le conoce localmente como “tanim bala”, que se traduce como “siembra de balas”.
One of the victims, Eliseo Gayas, Jr., was gagged with tape and shot four times inside their home after asking members of his family to leave their house. Otros dos, Mario Aguirre y Roy Giganto, fueron abatidos mientras dormían.
Los nueve que fueron asesinados eran líderes reconocidos en sus respectivos barangays (aldeas). Eran civiles y no combatientes armados.
Algunos de los 16 detenidos fueron acusados de violar la R.A. 10591, conocida como la “Ley Integral de Regulación de Armas de Fuego y Municiones”, o la R.A. 9516, una ley que modifica las disposiciones del P.D. 1866,[3] conocida como la “Codificación de las leyes sobre la posesión ilegal o ilícita, fabricación, comercio, adquisición o disposición de armas de fuego, municiones o explosivos, o instrumentos utilizados en su fabricación, y que impone sanciones más severas para ciertas infracciones y otros fines relacionados”.[4] Otros fueron acusados de violar ambas.
Hasta el 25 de noviembre de 2021, solo una persona permanece encarcelada: Rodolfo Díaz, de Calinog, Iloilo. Seis de los 16 detenidos fueron absueltos, mientras que nueve fueron liberados tras declararse culpables y obtener libertad condicional.
El pueblo Tumandok, cuya población se estima en alrededor de 17,000 personas, ha mantenido una oposición constante a la militarización en su territorio. Durante años, han defendido la protección de sus derechos fundamentales y sus derechos sobre la tierra. Han participado activamente en la resistencia abierta contra la construcción del Proyecto Multipropósito del Río Jalaur, una iniciativa de 200 millones de dólares financiada por el Banco de Exportación e Importación de la República de Corea (EximBank).
Socios internacionales y otros grupos de apoyo han presentado una solicitud para retirar el financiamiento de la segunda fase del Proyecto Multipropósito del Río Jalaur (JRMP II). [5]
La mega represa de Jalaur amenaza con inundar las tierras ancestrales del pueblo Tumandok, incluidos sus cementerios y sitios sagrados. La persistente oposición de los Tumandok, junto con sus aliados, contra la mega represa logró suspender su operación, pero también derivó en una de las masacres más atroces contra pueblos indígenas.[6]
Su activismo y labor en defensa de sus derechos humanos fueron utilizados por la policía y el ejército para señalarlos como miembros y simpatizantes del CPP-NPA.
Antes de los asesinatos y arrestos, en noviembre de 2020, algunos miembros del pueblo Tumandok de dos aldeas buscaron ayuda de la Comisión de Derechos Humanos debido a amenazas por parte del ejército y la Policía Nacional de Filipinas (PNP). El ejército y la PNP los estaban presionando para firmar documentos supuestamente para “rendirse” y “limpiar sus nombres”, como garantía de que no eran miembros del CPP-NPA. Se negaron a firmar dichos documentos, ya que no eran miembros ni simpatizantes del CPP-NPA. Las amenazas en su contra se intensificaron, con soldados que afirmaban que podían ser acusados bajo la Ley Antiterrorista y advirtiéndoles sobre la implementación de operaciones más estrictas.
El pueblo indígena Tumandok es consciente de que obtener justicia por la masacre y garantizar la protección de sus derechos fundamentales y territoriales será un proceso difícil y prolongado. Sin embargo, se mantienen esperanzados pero vigilantes.
El 3 de marzo de 2021, el abogado de los Tumandok, Atty. Angelo Karlo Guillen, quien también era demandante contra la Ley Antiterrorista de 2020, fue apuñalado por personas no identificadas. [7]
[1] Panay Today. “LATEST UPDATE AS OF 10:55AM: Punong Barangay Julie Catamin of Brgy. Roosevelt, Tapaz, Capiz was shot dead by a riding-in-tandem in Brgy. Malitbog, Calinog, Iloilo earlier this morning”. Retrieved from: https://www.facebook.com/panaytoday/posts/3889603224431120
[2] The Communicator. “COMMUNITY | Groups demand justice for the killing of 9 red-tagged Tumandok IP’s in Panay Island”. Retrieved from: https://www.facebook.com/COCDakom/posts/10159177752226804?_rdc=1&_rdr
[3] https://lawphil.net/statutes/repacts/ra2008/ra_9516_2008.html
[4] https://lawphil.net/statutes/presdecs/pd1983/pd_1866_1983.html
[5] “COMMENTS TO THE RESPONSE OF THE EDCF-KOREA EXIMBANK TO THE LETTER OF MS. ANA ZBONA AND MS. CHRISTEN DOBSON OF BUSINESS & HUMAN RIGHTS RESOURCE CENTER” Recuperado de:
https://docs.google.com/document/d/1EPZiohtMmoglPUqwQAP-yGn-eZjushQN/edit
[6] Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development. «Defund the Jalaur Dam Project». Retrieved from: https://angoc.org/news/defund-the-jalaur-dam-project/
[7] Philstar Global. “Tumandok land defenders’ lawyer stabbed in Iloilo”. Retrieved from: https://www.philstar.com/headlines/2021/03/04/2081926/tumandok-land-defenders-lawyer-stabbed-ilolilo
