Holi es uno de los principales festivales de India y se celebra con gran entusiasmo y alegría en las zonas rurales del país. Las personas elaboran grandes planes para llenar de color a sus seres queridos. Sin embargo, este no sería el caso para las 16 mujeres y ocho hombres pertenecientes a la tribu Lambada que, en la víspera de Holi, el 27 de marzo de 2021, ingresaron a la reserva de tigres de Amrabad, en el bosque de Nallamala, distrito de Nagarkurnool, Telangana, un estado del centro-sur de India.
Las personas tribales o adivasis ingresaron al bosque para recolectar flores de mahua, una de sus principales fuentes de sustento. La flor de mahua (Madhuca Indica) es un importante producto forestal para las comunidades tribales, que la utilizan tanto como alimento como para la elaboración de bebidas alcohólicas. Clasificada como producto forestal, el mahua está regulado por las leyes estatales de impuestos especiales, bajo las cuales se emiten permisos para su recolección y almacenamiento mediante el pago de cuotas de licencia mínimas.
En plena noche, mientras las personas tribales dormían en el bosque después de recolectar flores, fueron atacadas repentinamente por funcionarios y personal forestal. A los indígenas se les ordenó desnudarse y fueron golpeados brutalmente.
Las víctimas sufrieron lesiones en la cabeza, como K Patya, de 48 años, e incluso una mujer de 70 años también fue maltratada físicamente. Otras mujeres y hombres adivasis, cuyos nombres no fueron revelados, también fueron obligados a desnudarse y sometidos a tortura.
Días después, pese al intenso calor, los Lambadas afectados, incluidas mujeres indígenas de edad avanzada y muchas otras personas con lesiones en la cabeza y las extremidades, realizaron una protesta pacífica frente a la oficina de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Telangana (TSHRC) en Hyderabad.
Los manifestantes relataron cómo fueron agredidos por funcionarios forestales. Una de las víctimas, K Anchali, de 49 años, declaró: “Exigimos la renuncia del DFO [Oficial Forestal del Distrito] y estamos presentando denuncias contra los funcionarios forestales bajo la Ley SC/ST de Prevención de Atrocidades”.
Con base en la denuncia por graves violaciones de derechos humanos y obstrucción de los medios de vida de las comunidades tribales, la TSHRC ordenó a los funcionarios forestales de Nagarkurnool presentar una explicación por escrito sobre el incidente y comparecer ante la comisión en la audiencia programada para el 26 de abril. Tras reunirse con varias asociaciones tribales de Telangana, la Ministra de Bienestar Tribal de Telangana, Satyavathi Rathod, aseguró a las víctimas que recibirían atención médica y que se tomarían medidas apropiadas contra los funcionarios forestales responsables de los ataques, garantizando justicia para la comunidad afectada.
Sin embargo, en lugar de ello, los Lambadas fueron acusados en virtud de la Ley de Protección de la Vida Silvestre de 1972 por ingreso no autorizado a la reserva de tigres, extracción o destrucción de productos forestales, encender fuego para cocinar y portar armas dentro de la reserva.
Los Lambadas fueron criminalizados y sometidos a hostigamiento judicial a pesar de que las Tribus Registradas tienen el derecho de recolectar, utilizar y disponer de “productos forestales menores” (incluida la flor de mahua) provenientes de tierras forestales, definidas como “terrenos de cualquier tipo ubicados dentro de un área forestal e incluidos bosques no clasificados, bosques no demarcados, bosques existentes o considerados como tales, bosques protegidos, bosques reservados, santuarios y parques nacionales” conforme a la Ley de Derechos Forestales de 2006.
El caso del pueblo Lambada es uno entre muchos casos documentados de violaciones de derechos de otros Pueblos Indígenas que conforman los 104.3 millones de Tribus Registradas (STs), también llamadas tribales o adivasis, en India. Estas representan el 8.6% de la población total del país. Alrededor del 90% de las STs viven en zonas rurales sin acceso a instalaciones y servicios básicos. El censo de 2011 mostró que solo el 59 % de las STs son alfabetizadas, con una tasa de alfabetización masculina de 68.50% y femenina de 49.40%.
Las Tribus Registradas (STs) supuestamente gozan de protección sobre sus tierras y otros asuntos sociales bajo el Quinto Anexo de la Constitución en la India continental y el Sexto Anexo en la región noreste. Ninguna ley del Parlamento ni de las legislaturas estatales puede aplicarse a un Área Registrada, a menos que el gobernador así lo disponga mediante notificación pública; asimismo, este puede emitir regulaciones para prohibir o restringir la transferencia de tierras a personas no tribales.
La Ley sobre las Disposiciones de los Panchayats (Extensión a las Áreas Registradas) de 1996 (PESA, por sus siglas en inglés) otorga amplios poderes a la Gram Sabha o Asamblea de la Aldea en relación con la adquisición de tierras y la aprobación de planes, programas y proyectos, y es aplicable en las Áreas del Quinto Anexo.
Además, en 1999 se creó el Ministerio de Asuntos Tribales para atender el desarrollo y bienestar de las Tribus Registradas (STs).
Acciones administrativas para la protección de los Pueblos Indígenas en India.
En febrero de 2004, la Constitución de India fue modificada para dividir la Comisión Nacional para las Castas y Tribus Registradas en dos comisiones separadas: la Comisión Nacional para las Tribus Registradas y la Comisión Nacional para las Castas Registradas, con el fin de supervisar la implementación de las diversas salvaguardas otorgadas a estos grupos.
Asimismo, se han establecido tribunales especiales en todo el país para juzgar los delitos cometidos en virtud de la Ley de Castas y Tribus Registradas (Prevención de Atrocidades) de 1989.
Los derechos de las Tribus Registradas también están protegidos por leyes especiales como la Ley SC/ST (Prevención de Atrocidades) de 1989, la Ley de Derechos Forestales de 2006 y la Ley sobre el Derecho a una Compensación Justa y Transparencia en la Adquisición de Tierras, Rehabilitación y Reasentamiento de 2013, aplicables en todo el país.
Estas legislaciones fueron promulgadas en el contexto de las injusticias históricas infligidas a las comunidades tribales por antiguos gobernantes y por la sociedad. En 1871, el Parlamento británico aprobó la Ley de Tribus Criminales para clasificar a más de 200 tribus como criminales hereditarios y habituales, estigmatizando a generaciones enteras de estas comunidades tribales
Después de la independencia, el Gobierno de India derogó la Ley de Tribus Criminales en 1952 y las llamadas “tribus criminales” fueron “desnotificadas”; sin embargo, la Ley de Tribus Criminales fue sustituida por la Ley de Delincuentes Habituales de 1952, que, en lugar de mejorar sus condiciones de vida, terminó por estigmatizarlas nuevamente.
Desde entonces, el número de delitos y atrocidades contra las Tribus Registradas ha aumentado de manera constante en los últimos años. Según el informe Crime in India 2020 de la Oficina Nacional de Registros Criminales (NCRB), dependiente del Ministerio del Interior, el número de delitos y atrocidades cometidos contra las Tribus Registradas fue de 6,528 casos en 2018, 7,570 casos en 2019 y 8,272 casos en 2020.
La creación de la NHRC.
El 12 de octubre de 1993 se estableció la Comisión Nacional de Derechos Humanos (NHRC) de India en virtud de la Ley de Protección de los Derechos Humanos (PHRA, por sus siglas en inglés) de 1993, la cual fue modificada en 2006 y 2019. La Sección 2(1)(d) de la PHRA define los derechos humanos como aquellos derechos relacionados con la vida, la libertad, la igualdad y la dignidad de la persona, garantizados por la Constitución o consagrados en los Pactos Internacionales y aplicados por los tribunales en India.
Con su estatus “A” otorgado por la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), con sede en Ginebra, la NHRC cumple con los Principios de París, que constituyen los estándares mínimos internacionales requeridos para que las instituciones de derechos humanos sean consideradas legítimas, creíbles y efectivas en la promoción y protección de los derechos humanos.
La NHRC de India está presidida por un ex Presidente de la Suprema Corte o un ex juez de la Suprema Corte, y cuenta con cinco miembros (incluidos tres no judiciales) nombrados por el Presidente de India a recomendación de un comité encabezado por el Primer Ministro como presidente.
Los otros integrantes de este comité son el Presidente de la Cámara Baja del Parlamento, el Ministro del Interior, el Líder de la Oposición en la Cámara Baja, el Líder de la Oposición y el Vicepresidente de la Cámara Alta del Parlamento. Los siete miembros ex officio de la NHRC son los presidentes de la Comisión Nacional para las Clases Rezagadas, la Comisión Nacional para las Minorías, la Comisión Nacional para las Castas Registradas, la Comisión Nacional para las Tribus Registradas, la Comisión Nacional para la Protección de los Derechos de la Niñez, la Comisión Nacional para las Mujeres y el Comisionado Principal para las Personas con Discapacidad.
Funciones de la NHRC en la atención de violaciones de derechos humanos.
La NHRC tiene el mandato de investigar peticiones relacionadas con violaciones de derechos humanos, su instigación o la negligencia en la prevención de dichas violaciones por parte de funcionarios públicos. También puede intervenir en cualquier procedimiento judicial que involucre acusaciones de violaciones de derechos humanos, siempre que cuente con la aprobación del tribunal correspondiente.
Asimismo, puede visitar cárceles u otras instituciones controladas por el Estado donde personas se encuentren detenidas con fines de tratamiento, rehabilitación o protección, con el propósito de examinar las condiciones de vida de los internos y formular recomendaciones al Gobierno.
La Comisión revisa las salvaguardas previstas en la Constitución o en cualquier ley vigente para la protección de los derechos humanos y recomienda medidas para su aplicación efectiva; asimismo, examina los factores, incluidos los actos de terrorismo, que obstaculizan el disfrute de los derechos humanos y propone medidas correctivas apropiadas.
La Comisión estudia tratados y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos y formula recomendaciones para su implementación efectiva, además de realizar y promover investigaciones en el ámbito de los derechos humanos. A través de publicaciones, medios de comunicación, seminarios y otros recursos disponibles, la NHRC amplía la educación en derechos humanos entre diversos sectores sociales y promueve la conciencia sobre las salvaguardas existentes para la protección de los derechos. Asimismo, fomenta los esfuerzos de organizaciones no gubernamentales e instituciones que trabajan en el campo de los derechos humanos.
Aunque la NHRC puede investigar violaciones de derechos humanos de todas las personas, incluidas las Tribus Registradas, el Gobierno de India estableció en febrero de 2004 la Comisión Nacional para las Tribus Registradas (NCST, por sus siglas en inglés) con el mandato de salvaguardar los derechos de estas comunidades. Sin embargo, actualmente la NCST no cuenta con los miembros necesarios y funciona únicamente con un presidente y un integrante.
Tomando acción frente a las violaciones de derechos humanos: la intervención de IRAC.
Tras tener conocimiento de los casos de violaciones de derechos humanos contra personas tribales, el Indigenous Rights Advocacy Centre (IRAC) presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra los funcionarios forestales responsables del ataque contra los indígenas Lambada (Caso NHRC No. 1086/36/22/2021).
Cada día, el personal de IRAC monitorea y documenta casos de violaciones de derechos humanos, incluida la violencia, la criminalización y la impunidad contra los Pueblos Indígenas en India.
Buscan superar los desafíos que implica monitorear casos de violaciones de derechos humanos en la vasta extensión geográfica del país. La intervención de IRAC en los casos y su trabajo con la NHRC abarcan todo el territorio nacional, desde Assam y Manipur, en el noreste, hasta Gujarat, en el oeste; y desde Jammu y Cachemira, en el norte, hasta Tamil Nadu, en el sur.
Breve introducción/antecedentes de IRAC.
IRAC fue establecido en el año 2020. La visión de la organización es promover, proteger y defender los derechos e intereses de las comunidades tribales, adivasis y Pueblos Indígenas en India.
Como medio para alcanzar sus objetivos, IRAC busca combinar la práctica, la investigación, la incidencia y la colaboración como un método eficaz para promover, proteger y defender los derechos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas.
IRAC adoptó un sistema de monitoreo basado en fuentes secundarias, como periódicos nacionales y regionales de credibilidad reconocida, portales de noticias en línea y cuentas en redes sociales de destacadas organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos y activistas.
La información primaria se recopila a través de una red de ONG y activistas o líderes comunitarios a nivel local, además de operar una Línea de Asistencia Legal gratuita donde se reportan casos de violaciones de derechos humanos. La verificación de las fuentes secundarias se realiza mediante una red creada por IRAC, integrada por periodistas y defensores de derechos humanos que colaboran eficazmente y comparten información con la organización.
Varios de los casos documentados por IRAC han dado lugar a la presentación de denuncias ante la NHRC, organismo encargado de proteger, defender y promover los derechos humanos conforme a la Ley de Protección de los Derechos Humanos de 1993.
Las intervenciones realizadas por IRAC fueron valoradas y respaldadas por la NHRC, ya que complementan mutuamente sus funciones y labores de incidencia. Los casos remitidos por IRAC a la NHRC pusieron a prueba la firme determinación de esta última en el cumplimiento de su mandato, dado que cuenta con todas las facultades de un tribunal civil que conoce de una causa conforme al Código de Procedimiento Penal de 1908.
Después de recibir una denuncia, la Comisión puede solicitar información o un informe al Gobierno Central, al Gobierno Estatal o a cualquier otra autoridad dentro de un plazo determinado. Si los informes solicitados no se presentan a tiempo, la NHRC emite recordatorios o cita a los funcionarios para que comparezcan físicamente ante ella en su oficina de Nueva Delhi.
Tras concluir la investigación sobre la violación de derechos humanos, la Comisión puede recomendar a la autoridad gubernamental correspondiente el pago de una compensación al denunciante o a la víctima, así como iniciar procedimientos para procesar a los perpetradores. La NHRC también puede acudir ante la Suprema Corte o el Tribunal Superior correspondiente para solicitar las directrices, órdenes o recursos judiciales que dichos tribunales consideren necesarios.
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Entre el 1 de julio de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, la base de datos de IRAC revela que la organización intervino en 77 casos de violaciones de derechos humanos contra los Pueblos Indígenas mediante denuncias presentadas ante la NHRC.
IRAC intervino en estos casos para garantizar justicia, exigir reparaciones para las víctimas y sus familias, y establecer responsabilidades mediante el castigo a los culpables, con el fin de reducir, si no erradicar, la impunidad. Al menos 27,235 Pueblos Indígenas son beneficiarios directos de estos 77 casos.
Del total de intervenciones, 44 de 77 casos, es decir, el 57 %, estuvieron relacionados con la criminalización de los Pueblos Indígenas cometida por la policía, el departamento forestal y otros funcionarios públicos. Los 33 casos restantes correspondieron a atrocidades cometidas por actores no estatales o personas no tribales, así como a la negación de documentos básicos y programas de bienestar por parte del gobierno.
IRAC dio seguimiento constante a estos casos ante la NHRC para garantizar justicia a las víctimas indígenas.
La necesidad de continuar la defensa de los derechos de los adivasis.
La lista de casos documentados y monitoreados por IRAC ilustra la amplitud y profundidad de las violaciones de los derechos individuales y colectivos cometidas contra los Pueblos Indígenas, a pesar de la existencia de leyes destinadas a protegerlos a ellos, así como a sus territorios y recursos.
Además de la tortura de varios hombres y mujeres de la tribu Lambada en el distrito de Nagarkurnool, Telangana, por parte de funcionarios forestales, la lista incluye el caso de funcionarios y personal del departamento forestal que desalojaron por la fuerza a personas tribales incendiando sus viviendas en las colinas de Palampattu, en Tamil Nadu, en julio de 2021.
Otro caso fue el de trabajo en condiciones de servidumbre en la aldea de Pilanje Budruk Chinchpada, en Bhiwandi, distrito de Thane, Maharashtra. Durante generaciones, 18 familias tribales Katbari fueron sometidas a tratos inhumanos, incluidos azotes públicos, hambre y esclavitud, por parte de dos hermanos contratistas que operaban una fábrica de ladrillos y una cantera de piedra arenisca.
Los propietarios, Chandrakant y Rajaram Patil, obligaban a los indígenas a trabajar sin pago adecuado, comida ni agua, y los forzaban a laborar para saldar supuestas deudas contraídas por sus antepasados, además de prohibirles buscar otros empleos. Durante todo ese tiempo, los hermanos actuaron en colusión con la policía.
La muerte bajo custodia debido a presuntas torturas policiales fue el caso de Bhim Kale, de 35 años, miembro de la tribu Phase Pardhi. Falleció mientras se encontraba en custodia policial ilegal en la comisaría de Vijapur Naka, en el distrito de Solapur, Maharashtra, el 3 de octubre de 2021.
Asimismo, una joven tribal de 19 años fue retenida y abusada sexualmente por su empleador en Kerala. Tras escapar, logró regresar a su hogar en Madhya Pradesh, pero el consejo de la aldea (Village Panchayat) emitió una orden exigiéndole regresar con su empleador o pagarle 2 lakhs de rupias (200,000 INR).
De igual manera, el caso de una mujer tribal de 35 años que fue brutalmente violada en Basna, en el distrito de Mahasamund, Chhattisgarh, el 17 de septiembre de 2021, constituye un claro ejemplo de la violencia contra las mujeres indígenas o tribales.
Estos casos implican graves violaciones de los derechos humanos de las sobrevivientes y de sus familias.
La lista de casos documentados por IRAC es extensa: amenazas de desalojo forzado, presuntos asesinatos en falsos enfrentamientos, muertes por tortura bajo custodia policial, tortura por parte de la policía (sin causar la muerte), muertes por tortura cometidas por personas no tribales, tortura (sin causar la muerte) por parte de personas no tribales, arrestos con cargos falsos, presentación de cargos falsos (sin llegar al arresto), muertes por desnutrición o inanición, apropiación de tierras por parte del departamento forestal, lesiones ocasionadas por disparos policiales, asesinatos cometidos por maoístas, hostigamiento contra defensores indígenas de derechos humanos y negación del derecho a la educación.
Otros casos están relacionados principalmente con la negación de acceso a granos alimenticios proporcionados por el gobierno, documentos oficiales, programas de desarrollo y servicios básicos. Las intervenciones realizadas por IRAC abarcan desde derechos civiles y políticos hasta derechos económicos, sociales y culturales. Estas situaciones reflejan la continua negación y represión de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos, así como de sus medios de vida tradicionales. Del mismo modo, estos casos constituyen claras violaciones de las obligaciones del Estado de India en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, ambos ratificados por India.
En el caso de las víctimas de trabajo en condiciones de servidumbre, se emitió una extensa y detallada lista de preguntas sobre la violación o el cumplimiento de las leyes laborales y de las órdenes de la Suprema Corte, con el fin de llevar a cabo una investigación exhaustiva que permitiera verificar y confirmar la comisión del delito por parte de los contratistas acusados, quienes eran hermanos, así como la inacción de los funcionarios y la colusión con elementos policiales.
La NHRC, al recordar a las autoridades competentes su deber de cumplir la ley, en particular las disposiciones relacionadas con los derechos de los Pueblos Indígenas, también exige respuestas prontas a sus consultas.
India es tristemente célebre por la impunidad, donde la mayoría de los casos son cometidos por perpetradores pertenecientes a castas altas que quedan libres debido a la falta de investigaciones adecuadas por parte de la policía. Esta realidad dio como resultado una tasa de condena de apenas 28.5 % para los delitos y atrocidades cometidos contra las Tribus Registradas en 2020.
Si bien India cuenta con numerosas leyes destinadas a respetar y proteger los derechos de los adivasis, incluidas leyes afirmativas contra su discriminación, su aplicación es muy débil debido al desequilibrio de poder predominante en las estructuras políticas y sociales, que continúan perpetuando la discriminación sistémica, el racismo y la desigualdad social.
Las intervenciones de IRAC ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (NHRC) están orientadas principalmente a establecer responsabilidades por los crímenes cometidos contra los Pueblos Indígenas y poner fin a la impunidad de la que gozan las personas acusadas. Como institución cuasi judicial, la NHRC celebra sesiones periódicas para decidir y resolver sobre las denuncias, así como emitir órdenes oportunas.
Las intervenciones de IRAC ante la NHRC han sido altamente eficaces y exitosas para obtener órdenes provisionales favorables a las víctimas en varios casos. IRAC es el socio de IPRI en India para abordar la criminalización y la impunidad contra los Pueblos Indígenas. A través de esta colaboración, IRAC pudo monitorear, documentar y presentar casos de violaciones de derechos humanos ante la NHRC y otros organismos pertinentes, así como llevar a cabo actividades de sensibilización e incidencia.
