El Informe Anual 2021 elaborado en campo por Indigenous Peoples Rights International muestra una criminalización persistente contra los pueblos indígenas, agravada por la falta de voluntad política por parte de los gobiernos.
El Informe Anual 2021 elaborado en campo por Indigenous Peoples Rights International muestra una criminalización persistente contra los pueblos indígenas, agravada por la falta de voluntad política por parte de los gobiernos.
El panorama general de la investigación —que se presentará en su totalidad en las próximas semanas— y los casos relevantes de seis países de enfoque fueron presentados en el evento “Criminalización de los pueblos indígenas y avances en el derecho y la jurisprudencia”, celebrado en el contexto del 21.º período de sesiones del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.
Los seis países cuyos casos fueron presentados fueron seleccionados porque son aquellos con el mayor número de pueblos indígenas atacados y asesinados a nivel mundial: Brasil, Colombia, la República Democrática del Congo, México, India y Filipinas.
La editora general de la investigación, Joyce Godio, anticipó las tendencias contenidas en el informe. La primera es la relación entre el discurso de odio y las campañas de desprestigio —en línea y fuera de línea— con los ataques y las violaciones de derechos humanos contra defensores y pueblos indígenas.
En segundo lugar, se observa que la violencia y los ataques registrados se extienden a la dimensión colectiva: a las organizaciones, comunidades y familias de las personas atacadas. Para la organización, en tercer lugar, es evidente que los líderes indígenas son los principales objetivos de los ataques, como una forma de afectar y debilitar las estructuras de gobernanza de las comunidades y los pueblos.
En cuarto lugar, se registró que los asesinatos de líderes indígenas suelen estar precedidos por amenazas que buscan infundir miedo o deslegitimar las labores de defensa de derechos.
En quinto lugar, el informe revela que los casos de asesinatos y criminalización ocurren junto con otras violaciones de derechos humanos, como el desplazamiento, la tortura, la desaparición forzada, entre otras.
En sexto lugar, señala que muchas violaciones de derechos humanos se justifican bajo leyes de seguridad o antiterroristas, por lo que los activistas indígenas y defensores de derechos humanos son etiquetados como miembros de grupos armados o comunistas, entre otros.
Un séptimo dato reportado en el informe es que la militarización de los territorios indígenas incrementa los casos de violaciones de derechos humanos, mientras que los agentes de seguridad del Estado gozan de impunidad.
Finalmente, advierte que —especialmente en América Latina— los gobiernos no cuentan con programas o acciones específicas para abordar los problemas relacionados con grupos armados, lo que deja a los territorios indígenas frecuentemente en condiciones de inseguridad e inhabitabilidad.
Para presentar los casos de México, tomó la palabra la abogada yaqui Anabela Carlón. Señaló que, a pesar de ser un país reconocido por apoyar los instrumentos internacionales de derechos de los pueblos indígenas, México presenta un alto nivel de violencia contra los pueblos indígenas por parte de grupos de poder económico, político y criminal.
El equipo de IPRI identificó en 2021 16 casos de graves violaciones de derechos humanos contra pueblos indígenas, tales como asesinatos, desplazamientos, persecución, desaparición forzada y despojo de tierras, así como la violación del consentimiento libre, previo e informado.
Carlón presentó los casos de Aldama, Chiapas; Paso de la Reyna, Oaxaca; Zitácuaro, Michoacán; y Repechique, Chihuahua.
Windel Bolinget, un reconocido activista de Filipinas que ha sido víctima de criminalización, señaló que en su país los pueblos indígenas viven principalmente en las montañas, ricas en recursos, lo que los convierte en un objetivo del extractivismo.
Debido a la defensa de sus tierras, los pueblos indígenas son perseguidos, mientras que las leyes favorecen a las empresas. Las constantes violaciones del consentimiento libre, previo e informado conducen a la expropiación y al desplazamiento.
El actual gobierno sigue una política de contrainsurgencia y seguridad nacional que criminaliza la disidencia legítima y viola gravemente los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo masacres.
En el caso de Brasil, la defensora indígena Sonia Guajajara enfatizó que en este momento existe una gran tensión y un discurso de odio contra los pueblos indígenas, promovido por el presidente Bolsonaro.
Además, con la proximidad de las elecciones de octubre, el gobierno está acelerando la aprobación de iniciativas perjudiciales para los pueblos indígenas; una de ellas es la legalización de la minería ilegal en territorios indígenas. Esta actividad es altamente negativa para los pueblos indígenas, ya que no solo les arrebata sus tierras, sino que también sufren asesinatos a manos de los mineros.
En la India, un primer problema es que no existen datos oficiales sobre las muertes de adivasis en prisión o bajo custodia policial, informó Dilip Chakma.
Ha habido un aumento constante de las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas, particularmente en casos de criminalización y militarización, donde prevalece la impunidad. Es importante que los pueblos indígenas tengan acceso al sistema judicial.
En la República Democrática del Congo, en 2021 se registraron masacres en varias provincias y detenciones arbitrarias por parte de guardabosques (eco-guards).
Diel Mochiré, defensor indígena pigmeo, señaló que la defensa de sus derechos conduce a la criminalización de los pueblos indígenas y que los compromisos internacionales firmados no se están implementando. Por ello, consideró necesario establecer medidas de seguimiento a nivel nacional e internacional.
La directora ejecutiva de IPRI, Joan Carling, informó entonces que la organización está lanzando un compendio de legislación y jurisprudencia relacionada con los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional, regional y nacional, como una herramienta que puede alentar y fortalecer las acciones de los pueblos indígenas para avanzar en la realización de sus derechos en la ley y en la práctica.
El compendio será una publicación periódica de IPRI.
El académico, activista y criador de renos sami Lars-Ander Baer señaló que, en el caso del pueblo sami, el compendio recoge resoluciones sobre concesiones mineras sin consentimiento libre, previo e informado (CLPI), cuestiones de autoidentificación, parques eólicos y pesca en fallos que serán de gran utilidad, y llamó a una revisión detallada de la publicación.
Samia Slimane, de ONU-DH, coincidió en que la criminalización es una de las principales violaciones de los derechos de los pueblos indígenas. Señaló que también es importante el papel de las empresas y su responsabilidad de respetar los derechos humanos. Asimismo, alentó a los pueblos indígenas a utilizar los mecanismos de la ONU para defender sus derechos.
Victoria Tauli-Corpuz, cofundadora de IPRI, señaló que los casos concretos expuestos muestran la magnitud de la criminalización contra los pueblos indígenas y nos obligan a hacer mucho más para abordarla. “Debemos mostrar al mundo que tiene que hacer algo al respecto. El racismo y la discriminación estructural deben ser abordados desde la raíz”, concluyó.
