El IPRI se creó para responder al aumento de la violencia y la criminalización infligidas a los pueblos indígenas de todo el mundo. Estas violaciones de los derechos humanos afectan a los pueblos indígenas, individual y colectivamente, ya que sus derechos colectivos como pueblos y comunidades también se ven a menudo (a veces simultáneamente) implicados o afectados negativamente. El aumento de la violencia y la criminalización suele ser una respuesta a las acciones legítimas emprendidas por los pueblos indígenas y sus comunidades para defender sus derechos, derechos universalmente reconocidos por la comunidad internacional, entre otros, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007.
Cuando las comunidades indígenas participan en la defensa de sus derechos humanos fundamentales, con frecuencia son objeto de homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados y cargos infundados que llevan a líderes indígenas a la cárcel.
Estas violaciones se cometen en un contexto que garantiza la impunidad total de los responsables, una situación que se agrava debido al acceso limitado de los pueblos indígenas a los mecanismos de justicia.
Estas violaciones se cometen en un contexto que garantiza la impunidad total de los responsables, una situación que se agrava debido al acceso limitado de los pueblos indígenas a los mecanismos de justicia.
Para responder a esta situación profundamente preocupante, IPRI ha trabajado para aumentar la conciencia y la incidencia, mediante programas de fortalecimiento de capacidades y campañas que destacan ante la comunidad internacional la necesidad de apoyar las iniciativas de los pueblos indígenas para denunciar las injusticias y protegerse, tanto de manera individual como colectiva.
IPRI también ha creado un fondo legal y de protección que brinda apoyo individual y colectivo a las víctimas indígenas de violencia y criminalización.
IPRI también ha creado un fondo legal y de protección que brinda apoyo individual y colectivo a las víctimas indígenas de violencia y criminalización.
IPRI está actualmente activa en seis países piloto, todos ellos con altos niveles de violencia y criminalización contra los pueblos indígenas, en un contexto de impunidad generalizada. Estos son Filipinas e India en Asia; la República Democrática del Congo en África; y Brasil, Colombia y México en América Latina.
IPRI ha realizado investigaciones y establecido alianzas con organizaciones, líderes indígenas y otros actores relevantes en cada país para comprender las condiciones locales y las tendencias en materia de impunidad, violencia y criminalización. En cada país, IPRI también apoya acciones e iniciativas locales para la prevención y el fortalecimiento de la protección.
IPRI ha realizado investigaciones y establecido alianzas con organizaciones, líderes indígenas y otros actores relevantes en cada país para comprender las condiciones locales y las tendencias en materia de impunidad, violencia y criminalización. En cada país, IPRI también apoya acciones e iniciativas locales para la prevención y el fortalecimiento de la protección.
IPRI se enorgullece de presentar este informe elaborado por el equipo de IPRI-Colombia. El informe analiza las relaciones entre los pueblos indígenas y el Estado. Estas relaciones se caracterizan por la dominación y el uso arbitrario del poder en tres formas distintas: la asimilación cultural a través de regulaciones en la legislación estatal, la represión y la eliminación física y cultural.
En cada caso, el Estado dirige sus acciones hacia determinados modos de vida en función del modo de producción capitalista. En este contexto, las comunidades indígenas son consideradas un desafío central para la acumulación de beneficios, en la medida en que practican formas de vida organizadas colectivamente que demuestran que son posibles alternativas de habitar el planeta.
En cada caso, el Estado dirige sus acciones hacia determinados modos de vida en función del modo de producción capitalista. En este contexto, las comunidades indígenas son consideradas un desafío central para la acumulación de beneficios, en la medida en que practican formas de vida organizadas colectivamente que demuestran que son posibles alternativas de habitar el planeta.
En concreto, el informe destaca cómo la criminalización responde a tres patrones distintos de abuso de poder que involucran el discurso, la regulación y la fuerza bruta, respectivamente. De este modo, sitúa la criminalización, la impunidad y otras formas de violencia dentro de una compleja red de actores, redes y relaciones que contribuyen al proyecto estatal de eliminación de formas de vida organizadas colectivamente.
Este informe es el resultado de un trabajo colectivo en Colombia, que refleja la misión y la visión del IPRI para América Latina. Fue elaborado con la participación de defensores de los derechos humanos de las comunidades indígenas y víctimas de la criminalización en los Departamentos de Cauca, Nariño, Guajira, Cesar, Caldas y Chocó. El informe fue organizado por Leonor Zalabata Torres, Francisco Hernando Vanegas Toro, María Elvira Guerra Cújar, Edith Bastidas y Sonia Catalina Fracica. El informe fue traducido por Igor A. Rodríguez.
