Homicidio de sacerdotes jesuitas y un civil en la Sierra Tarahumara, resultado de un patrón de violencia e impunidad contra comunidades indígenas y defensores de derechos humanos
Al menos 30 personas con cargos comunitarios han sido asesinadas en esta región como resultado de disputas, operativos y control territorial por parte de cárteles del narcotráfico. La Sierra Tarahumara debe ser considerada una región de atención prioritaria, con un presupuesto suficiente y de largo plazo para atender el rezago y la violencia que sufre la población, con la participación significativa de los pueblos indígenas.
El 20 de junio de 2022, los sacerdotes jesuitas Joaquín César Mora y Javier Campos, defensores de derechos humanos de las comunidades rarámuri, ódami y mestizas, fueron asesinados en la comunidad de Cerocahui, municipio de Urique, en la Sierra Tarahumara, Chihuahua. El homicidio ocurrió dentro de la iglesia de la comunidad mientras intentaban ayudar al señor Pedro Palma, guía turístico de la región. Ambos sacerdotes eran ampliamente reconocidos por su labor durante décadas en defensa de los pueblos indígenas de la zona.
Tras privarlos de la vida, el grupo armado se llevó los tres cuerpos. En un comunicado emitido el 21 de junio de 2022, la Compañía de Jesús exigió justicia y la recuperación de los cuerpos de sus hermanos. Finalmente, el 23 de junio, la orden confirmó que los cuerpos habían sido localizados e identificados.
Este no es un hecho aislado. La Sierra Tarahumara enfrenta condiciones de discriminación, despojo de tierras y territorios, marginación, sobreexplotación económica, violencia de género y abandono deliberado por parte de las autoridades, derivado de la forma en que el Estado ha decidido intervenir en el territorio.
El crimen organizado se ha beneficiado de la impunidad y de la colusión con autoridades locales para incrementar su nivel de control y violencia. La muerte o el desplazamiento forzado se han convertido en la norma para la población en general, especialmente para las comunidades indígenas.
Los cárteles de la droga disputan este territorio para el cultivo de marihuana y amapola para la producción de heroína, y saquean ilegalmente los bosques, sometiendo violentamente a las comunidades indígenas.
Cientos de familias indígenas han sido desplazadas forzosamente de sus tierras en la región como parte de una creciente crisis de desplazamiento en México, provocada por el despojo violento a manos del crimen organizado.
En julio de 2021, en el reportaje “Chihuahua: cuando los talamontes-sicarios obligan al exilio”, la periodista Patricia Mayorga documentó las decenas de asesinatos de actores clave en la defensa de los derechos colectivos de sus comunidades, así como las centenas de víctimas de desplazamiento forzado. Estos hechos han ocurrido desde 2014 en la Sierra Tarahumara debido a la extorsión y los incendios provocados por grupos criminales para controlar la tala ilegal y el lavado de dinero.
De acuerdo con este reportaje, al menos 30 personas con cargos comunitarios han sido asesinadas en la zona. Esto incluye el asesinato en 2017 de Isidro Baldenegro, indígena rarámuri ganador del Premio Ambiental Goldman en 2005, así como el de su hermano José Trinidad en marzo de 2022.
Cruz Sánchez Legarda, exgobernador rarámuri desplazado de la comunidad de El Manzano, denunció que en su territorio los grupos criminales han talado pinos para sembrar amapola. “Los arroyos se han secado. El bosque está abandonado”, lamentó desde el exilio.
Indigenous Peoples Rights International (IPRI) condena el asesinato de los defensores Joaquín César Mora Salazar SJ y Javier Campos Morales SJ, así como la violencia contra los pueblos indígenas de la región.
You have not enough Humanizer words left. Upgrade your Surfer plan. También advertimos que las condiciones antes descritas amenazan gravemente la existencia física y cultural de los pueblos rarámuri y ódami. La protección y garantía de sus derechos individuales y colectivos como pueblos indígenas no debe seguir postergándose.
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