A pesar de la reciente condena de un alto ejecutivo por su responsabilidad en el asesinato de la defensora lenca Berta Cáceres, documentos revelan presuntas omisiones y la participación de entidades financieras y corporativas en su asesinato. Indigenous Peoples Rights International (IPRI) insta a los Estados de Honduras y de los Países Bajos a garantizar justicia en el caso de Berta Cáceres. Nadie debe quedar en la impunidad.
Berta Cáceres fue asesinada el 3 de marzo de 2016, en medio de un conflicto por la construcción de la represa Agua Zarca en territorio lenca, en Honduras. Los pueblos indígenas del occidente del país han luchado históricamente por la defensa de su territorio ancestral, amenazado por proyectos hidroeléctricos y mineros impulsados por intereses extranjeros. Estas operaciones han sido impuestas a los pueblos indígenas sin su consentimiento, en contravención del derecho internacional de los derechos humanos, incluida la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Antes de su asesinato, Berta Cáceres y diversas organizaciones no gubernamentales habían advertido a las entidades financieras involucradas en el proyecto —como el banco neerlandés FMO— que el pueblo lenca no había dado su consentimiento y sobre los actos de violencia por parte de la empresa.
El 20 de junio de 2022, un tribunal hondureño condenó a un alto ejecutivo de DESA, la empresa responsable del proyecto, a 22 años y medio de prisión por el asesinato de Berta Cáceres. Este hecho constituye un reconocimiento sin precedentes de la responsabilidad de un alto directivo corporativo en una grave violación de derechos humanos.
No obstante, persisten dudas sobre si todos los responsables han sido procesados. El 28 de junio de 2022, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), junto con las hijas e hijos de Berta Cáceres, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de los Países Bajos contra el banco FMO y sus directivos. Esta acción legal señala su presunta complicidad en actos de corrupción, malversación, lavado de dinero y violencia relacionados con el financiamiento del Proyecto Agua Zarca de la familia Atala Zablah.
A ello se suma la demanda civil presentada por COPINH en mayo de 2018 contra FMO, por negligencia en la gestión del financiamiento de dicho megaproyecto, lo que derivó en violencia contra la comunidad lenca de Río Blanco y contra COPINH, incluyendo el asesinato de integrantes de la comunidad y de Berta Cáceres.
Las acciones legales emprendidas por COPINH y la familia Cáceres evidencian la urgencia de implementar mecanismos efectivos de rendición de cuentas corporativa y financiera. Las actividades extraterritoriales deben contar con mecanismos de supervisión que garanticen el respeto a los derechos humanos.
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