Indigenous Peoples Rights International (IPRI) hace un llamado urgente al Estado de Tanzania para que detenga de inmediato la criminalización contra los líderes masái y los defensores de derechos humanos en la división de Loliondo. Estos líderes, junto con sus comunidades, están defendiendo su derecho a vivir en sus tierras consuetudinarias legalmente reconocidas frente a los ataques destinados a desalojarlos.
IPRI ha dado seguimiento continuo a los ataques sistemáticos del Estado de Tanzania contra el pueblo masái. Estas acciones, bajo el pretexto de la conservación, están violando los derechos humanos de los masái. Asimismo, contravienen órdenes explícitas del Tribunal de Justicia de África Oriental, el cual instruyó al Estado de Tanzania a cesar y desistir de desalojar a los masái, así como de destruir sus viviendas o confiscar su ganado en esas tierras, y a abstenerse de hostigarlos o intimidarlos.
Lamentablemente, a pesar de esta orden y de las preocupaciones expresadas por expertos de la ONU sobre los ataques violentos perpetrados por las fuerzas de seguridad de Tanzania el 10 de junio, el gobierno continúa criminalizando a los pastores masái en Loliondo.
Esta semana, 50 pastores indígenas masái —12 de ellos mujeres— serán llevados ante los tribunales por cargos fabricados, y 27 líderes y defensores de derechos humanos enfrentan acusaciones de asesinato de un agente policial. Estos líderes fueron arrestados un día antes del asesinato que se les atribuye.
La semana pasada, 72 masái fueron detenidos y 22 fueron liberados bajo fianza. Cada vez más personas enfrentan amenazas de arresto y detención basadas en cargos falsos.
Además de estas violaciones de derechos humanos, a 18 pastores indígenas masái también les fue confiscado su ganado (sumando más de 3,500 animales), y tuvieron que pagar alrededor de 4,500.00 USD cada uno para recuperar sus animales.
Joan Carling, directora ejecutiva de IPRI, señaló que “estos ataques contra los pastores masái por parte de las fuerzas gubernamentales no solo van en contra de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, sino que también evidencian el racismo sistémico y la discriminación contra los masái, quienes han protegido la vida silvestre y la biodiversidad en sus tierras consuetudinarias durante siglos”.
Cabe recordar que estos desalojos están impulsados por el interés del Gobierno de Tanzania en el establecimiento de la denominada Área de Control de Caza de Pololet, creada en aldeas de pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado y en contravención de la Constitución y la legislación de Tanzania.
Si bien los masái organizaron una serie de asambleas pacíficas para exigir diálogo y la protección y el respeto de sus derechos, el Gobierno actuó de otra manera: tomó acciones violentas de forma unilateral para desalojarlos y reubicarlos en otras zonas sin su consentimiento.
El pasado 15 de junio, IPRI —como organización internacional constituida para abordar la criminalización, la violencia y la impunidad en los ataques contra los pueblos indígenas— instó al Gobierno de Tanzania a retirar de inmediato todas las fuerzas estatales de las tierras tradicionales de los masái y a entablar un diálogo constructivo con los líderes masái de Loliondo para poner fin al conflicto.
Como señaló Joan Carling, “los pastores indígenas masái no son criminales y merecen respeto y paz en sus territorios”.
IPRI hace un llamado a la comunidad internacional a condenar los ataques y las violaciones de los derechos de los pastores masái y a instar al Gobierno de Tanzania a:
- Detener la criminalización de los líderes masái; garantizar el acceso a la justicia y asegurar el respeto de sus derechos fundamentales a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de expresión, en lugar de amenazas y represalias.
- Retirar de inmediato los cargos contra los líderes y defensores masái que están siendo juzgados y, en consecuencia, liberarlos.
- Detener de inmediato la violencia de las fuerzas estatales contra los Masái.
- Garantizar justicia y reparaciones a las víctimas del ataque armado del 9 de junio, así como a aquellas personas cuyo ganado ha sido sacrificado o confiscado.
- Iniciar un proceso de diálogo con los líderes masái basado en el respeto de sus derechos. Esta es la única solución aceptable en un Estado democrático que respeta sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
- Implementar la ley sobre los derechos a la tierra comunitaria y otros derechos individuales y colectivos de los pastores indígenas masái, en consonancia con los instrumentos internacionales de derechos humanos.
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Note: The Indigenous Peoples Rights International (IPRI) is a global Indigenous Peoples organization that works to protect Indigenous Peoples’ rights and unite and amplify the call for justice to victims of criminalization and impunity. Please visit the IPRI website for more information – https://iprights.org/
Contact:
Joan Carling
Director Ejecutivo
Email: [email protected]
