Indigenous Peoples Rights International (IPRI) condena el asesinato del líder indígena cofán y defensor de derechos Eduardo Mendúa. Los responsables de este ataque deben ser llevados ante la justicia de manera inmediata.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) confirmó que, la tarde del domingo 26 de febrero de 2023, su dirigente de relaciones internacionales, Eduardo Mendúa, perteneciente a la nacionalidad A’i Cofán, fue asesinado a tiros fuera de su domicilio en la provincia de Sucumbíos. Esto ocurrió pocas horas después de su participación en el Consejo Ampliado de la CONAIE. Este violento ataque ha generado sospechas sobre los motivos detrás del asesinato y ha causado consternación en todo el movimiento indígena del Ecuador.
Este grave hecho ocurre en un contexto de incremento de ataques —incluidos con armas de fuego—, hostigamiento, amenazas y persecución permanente contra líderes indígenas y personas defensoras de derechos, particularmente quienes defienden el territorio frente a actividades extractivas de empresas petroleras públicas y privadas.
Eduardo era el rostro visible de la resistencia frente al conflicto generado por la presencia de la empresa pública Petroecuador en el territorio de Dureno. En la zona donde fue asesinado, las comunidades indígenas habían exigido un proceso de consulta previa conforme a la Constitución y a los estándares internacionales. Esta demanda no fue atendida y, por el contrario, derivó en la ocupación de territorios indígenas por parte de la empresa.
En abril de 2022, Mendúa denunció que «el gobierno nacional, mediante un preacuerdo con algunas personas, estaba fomentando la división entre los habitantes de la comunidad». En enero pasado, el dirigente reiteró que responsabilizaba al gobierno de Guillermo Lasso por incitar la violencia en la región y advirtió sobre intenciones de exterminio del pueblo A’i Cofán.
Indigenous Peoples Rights International denuncia los ataques contra los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador en defensa de sus territorios. Hacemos un llamado a las empresas, tanto públicas como privadas, a respetar los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos, y a llevar a cabo procesos de consentimiento libre, previo e informado con las comunidades afectadas, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
Asimismo, instamos al gobierno del Ecuador a realizar de manera inmediata una investigación imparcial y garantizar que los responsables rindan cuentas ante la justicia, así como que se haga justicia a la familia de Eduardo; a regular estrictamente las actividades de las empresas para asegurar el respeto de los derechos humanos y su responsabilidad en cualquier ataque contra el medio ambiente y las personas defensoras; a demostrar voluntad política para cumplir los acuerdos derivados de las demandas del Paro Nacional de 2022 —no ampliar la frontera extractiva minera o petrolera; respetar los 21 derechos colectivos, entre ellos el consentimiento libre, previo e informado; no privatizar sectores estratégicos y garantizar la seguridad de las personas defensoras del medio ambiente y los derechos humanos—; a detener la persecución contra los pueblos indígenas que defienden sus derechos colectivos e individuales; a poner fin a las campañas mediáticas que estigmatizan y criminalizan el trabajo de los líderes indígenas; a respetar y proteger los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, especialmente sus derechos sobre tierras, territorios y recursos y su derecho a la libre determinación; y a garantizar el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados por cualquier proyecto que impacte sus territorios y recursos. Reiteramos nuestro llamado a la justicia y expresamos nuestra solidaridad con la familia, la comunidad y las hermanas y hermanos de la nacionalidad A’i Cofán de Eduardo. Estos actos contra los pueblos indígenas deben cesar de inmediato.
