Declaración de Indigenous Peoples Rights International (IPRI)
Intervención: Rukka Sombolinggi
Indigenous Peoples Rights International (IPRI) desea comentar sobre los riesgos y oportunidades y presentar recomendaciones en relación con el tema especial de este año del Foro Permanente en dos áreas principales en el contexto del cambio climático: la conservación y la transición energética justa.
En primer lugar, felicitamos al Foro Permanente por colocar los derechos de los pueblos indígenas en el centro de la discusión sobre la salud humana, la salud planetaria y territorial. Considerando los acuerdos globales más recientes, como el Marco Mundial de la Diversidad Biológica (GBF), y la urgencia de abordar la crisis climática a través de esfuerzos globales como la transición energética justa, es fundamental evaluar los riesgos y explorar las oportunidades que estas medidas implican.
En el avance de la misión de IPRI de poner fin a la criminalización, la violencia y la impunidad contra los pueblos indígenas, estamos profundamente preocupados por las implicaciones de la implementación de la transición energética y los objetivos de conservación de la biodiversidad si nuestros derechos no son protegidos legalmente ni garantizados.
El GBF incluye entre sus objetivos y metas la conservación del 30% de las tierras y los mares para el año 2030 con el fin de revertir la destrucción ambiental y la pérdida catastrófica de biodiversidad en todo el mundo. Como es bien sabido, los pueblos indígenas mantienen el 80% de los ecosistemas del mundo en sus territorios. Además, nuestros territorios tradicionales comprenden aproximadamente el 20% de la superficie terrestre mundial. De estos, el 83% (23 millones de km²) se encuentra fuera de áreas protegidas y conservadas que están bajo la gobernanza de Estados o actores privados. Por lo tanto, al menos el 17% de las tierras del mundo son conservadas exclusivamente por los pueblos indígenas fuera de áreas protegidas y conservadas bajo control estatal o privado.
Si bien reconocemos el compromiso de los Estados de conservar el 30% de las tierras y los mares para 2030, también estamos profundamente preocupados por la manera en que se implementará este objetivo. A pesar de nuestros derechos sobre nuestras tierras, territorios y recursos, reconocidos por el derecho internacional, y de nuestro papel como custodios de ecosistemas vitales e interrelacionados, IPRI ha documentado numerosos casos de criminalización, violencia e impunidad contra los pueblos indígenas en el marco de enfoques de conservación tipo “fortaleza” promovidos por Estados, grandes organizaciones de conservación y el sector privado.
Por ejemplo, hemos apoyado a nuestras hermanas y hermanos masaai en la situación extremadamente grave que enfrentan aproximadamente 100,000 pastores masaai en el área de Loliondo, en Tanzania, quienes están siendo desplazados forzosamente por el Estado de sus tierras tradicionales para la creación de un área de conservación de caza de 1500 km² que será gestionada por una empresa privada de los Emiratos Árabes Unidos.
Asimismo, en relación con la transición energética justa como medio para abordar la crisis climática, muchos proyectos de energía renovable impuestos en nuestros territorios están amenazando nuestros derechos colectivos sobre tierras, territorios, recursos y cuerpos de agua; nuestros medios de vida y la seguridad alimentaria; y la protección de nuestra integridad cultural, entre otros. Los proyectos energéticos que se implementan sin nuestra participación efectiva en la toma de decisiones, incluido el cumplimiento del consentimiento libre, previo e informado (CLPI), incluyen proyectos eólicos, hidroeléctricos, de biocombustibles, geotérmicos, solares, así como parques eólicos, además de la minería de minerales de transición como el cobalto, litio, cobre, manganeso, níquel y zinc, necesarios para producir tecnologías de energía renovable, desde turbinas eólicas hasta paneles solares y vehículos eléctricos. Se prevé que, para satisfacer la demanda de estos minerales de transición, su suministro deberá multiplicarse por seis para 2030. Por lo tanto, las tendencias de violaciones de derechos y criminalización provenientes del sector extractivo aumentarán, sin duda, de manera exponencial en el futuro cercano, considerando que más del 50% de los metales de transición restantes se encuentran en tierras y territorios de los pueblos indígenas. La actual crisis climática y los esfuerzos globales dirigidos a prevenirla pueden representar una oportunidad para garantizar nuestros derechos colectivos a la libre determinación y a nuestras tierras, territorios y recursos. Como pueblos indígenas, hemos demostrado nuestra eficacia en la protección de la naturaleza a través de nuestras relaciones recíprocas y multidimensionales con ella.
Recomendamos al Foro Permanente que: haga un llamado a los Estados a revisar sus políticas y leyes sobre conservación y áreas protegidas para alinearlas plenamente con el reconocimiento y la protección de los derechos de los pueblos indígenas, en lugar de su criminalización, especialmente en la práctica de sus medios de vida sostenibles y ocupaciones tradicionales; haga un llamado a los Estados a situar los derechos humanos y la equidad social en el centro de sus planes climáticos para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, lo que incluye reconocer legalmente y garantizar los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, basados en el respeto de nuestro derecho a la libre determinación, a nuestras tierras, territorios y recursos, y a la integridad cultural; haga un llamado a los Estados a regular las actividades de las empresas relacionadas con la transición justa o la llamada economía verde para asegurar la debida diligencia en materia de derechos humanos, incluyendo el requisito del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados; asimismo, garantizar acuerdos equitativos de distribución de beneficios cuando las comunidades indígenas afectadas deseen participar en alianzas basadas en su consentimiento y en su participación efectiva en la toma de decisiones durante todo el ciclo del proyecto; haga un llamado a los Estados y al sector privado a establecer mecanismos efectivos de reparación para abordar las violaciones históricas y actuales derivadas de la creación de áreas protegidas y de proyectos extractivos, así como medidas para proteger a los pueblos indígenas cuando defienden sus derechos; haga un llamado a los Estados a garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre los enfoques y planes de acción en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, y a apoyar y financiar adecuadamente las soluciones lideradas por los pueblos indígenas.
