Santa María Ostula: de la violencia y el despojo a la defensa del territorio Pedro Mercado, joven de 23 años miembro de la comunidad indígena nahua de Ostula, como muchos jóvenes de su comunidad, es heredero de las luchas de su territorio. A lo largo de su joven vida, ha sido testigo de ataques contra su comunidad. Cuarenta personas han sido asesinadas y otras cinco han desaparecido. Pero a lo largo de esos años, también ha sido testigo de la resistencia y la fuerza de su pueblo para defender su territorio.
Su territorio está constantemente en el punto de mira de varias agresiones al desarrollo y otras actividades ilícitas. Es rico en hierro y otros minerales que atraen a mineros legales e ilegales. Forma parte de las rutas del narcotráfico entre México y Colombia. Su rica biodiversidad, sus playas y sus maderas preciosas atraen a promotores turísticos, ganaderos y madereros ilegales. También está el crimen organizado que prospera en esta parte de México. Pedro es actualmente miembro del Consejo Comunal, uno de los principales órganos de decisión de la comunidad; el otro es la Asamblea General, en la que participa la mayoría de las 11.500 personas que viven en la comunidad.
Representa a Ostula en foros nacionales e internacionales, en enlace con otras comunidades y organizaciones sociales y, por supuesto, en la comunicación comunitaria. El largo camino de la lucha de Ostula La lucha por la tierra es un proceso permanente en México. Existen muchas experiencias de comunidades campesinas, indígenas o no, que demuestran la necesidad de atender las demandas de tierra y garantías para el trabajo agrario. Para los Pueblos Indígenas, el marco superpuesto y contradictorio del derecho agrario y su derecho colectivo a sus tierras, territorios y recursos naturales es un punto importante de contención. Además, la irresponsabilidad, la corrupción y los intereses económicos de los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana llevaron a utilizar la política de reparto agrario como paliativo para las comunidades y en muchos casos como mecanismo de división y control.
El caso de la comunidad nahua de Santa María Ostula ejemplifica la persistencia de este patrón. Su lucha por la tierra comenzó con lo que las instituciones han considerado un error de medición. Sin embargo, para muchos ha sido un mecanismo de despojo y justificación de la violencia que persistió durante generaciones. A mediados de la década de 1950, la comunidad solicitó la titulación oficial de su territorio y su registro como comunidad agraria bajo el régimen de tierras comunales. El gobierno mexicano tomó como base los títulos primordiales del siglo XVIII y realizó mediciones y mapas que dejaron fuera, «por error», una franja considerable de tierra. En 1964, año en que la comunidad recibió los títulos de propiedad avalados por la Secretaría de la Reforma Agraria, se dieron cuenta de que se habían dejado fuera poco más de dos kilómetros de tierra que se extienden desde la costa hasta la zona montañosa, que en total suman 1.250 hectáreas.
Los habitantes mestizos y los ganaderos del pueblo vecino llamado La Placita de Morelos se beneficiaron considerablemente de este supuesto error. Desde entonces, se produjo un conflicto entre ellos. Según testimonios de las autoridades comunales de Ostula de aquella época, «se hizo así porque los pequeños propietarios de la Placita emborracharon a los ingenieros que vinieron a medir, les dieron dinero y mujeres y les dijeron que no podían dejar tanta tierra a unos indios». Con el paso de las décadas, la animadversión entre poblaciones se tradujo en numerosos episodios de racismo contra el pueblo de Ostula a manos de quienes codiciaban parte de su territorio.
No se les permitió ir a la Placita con sus ropas tradicionales ni hablar en náhuatl, ni tampoco caminar por las aceras. Hay que reconocer que la esencia de la lucha que vive la comunidad de Ostula es que se reconozca su derecho colectivo al territorio, tal y como lo establece el derecho internacional. La lucha jurídica que han emprendido tiene como objetivo que los tribunales agrarios reconozcan la extensión que pertenece a la comunidad agraria y que ha sido despojada ilegalmente. La comunidad merece seguridad jurídica sobre la propiedad de su territorio. Es un derecho ganado que no debe estar sujeto a la discrecionalidad de los jueces, sino bajo los principios de convencionalidad que trascienden el marco de lo establecido en el Derecho Agrario.
Un nuevo enemigo toma forma Desde finales de la década de 1990 y principios del nuevo siglo, las tierras en disputa, conocidas como la Canaguancera, se utilizaron para descargar cientos (quizá miles) de barcos procedentes de Colombia que transportaban cocaína a Estados Unidos. Fue el cártel del Milenio el que consiguió consolidar una fase transnacional del transporte de esta droga en la región y, a partir de entonces, organizaciones criminales conocidas como la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios repitieron el patrón. Entre 2003 y 2004, el Comisariado de Bienes Comunales de Ostula, órgano del gobierno local encargado de los asuntos agrarios, comenzó a plantear en la Asamblea General de la comunidad su preocupación por la propiedad de la Canaguancera y la invasión de algunas personas de La Placita de algunos terrenos en los que incluso habían comenzado a construir.
La comunidad investigó y se dio cuenta de que las tierras en disputa ya habían sido delimitadas y se estaban vendiendo lotes a pequeños propietarios, bajo la promesa de dar cabida al desarrollo turístico de la zona. Quienes reclamaban la propiedad de estas tierras mediante el uso de documentos falsos sobre la comunidad nahua eran también quienes ostentaban el poder político en la región. Pertenecientes al PRI (Partido Revolucionario Institucional), que controló totalmente el sistema político en México durante más de 70 años, eran alcaldes y operadores, además de formar parte, simultáneamente, del cártel de los Caballeros Templarios. Fueron estas personas las que demandaron a la comunidad y abrieron un juicio en su contra para robarles, legalmente, las tierras de la comunidad, que aún hoy sigue vigente. En el año 2024 se cumplirán 20 años de irregularidades e injusticias.
El desafío continuo Así como Pedro creció con todo este camino de lucha, defensa y reconstitución del tejido social, la comunidad sigue floreciendo demostrando su voluntad de defender la vida por encima de cualquier interés económico y contra las organizaciones criminales. Durante los 20 años de litigio agrario y lucha en defensa de la tierra, la comunidad tomó una determinación fundamental que marcó un antes y un después: el 29 de junio de 2009, tras una serie de discusiones a nivel comunal y varios fallos judiciales en su contra, Ostula recuperó la tierra en disputa y fundó allí un pueblo llamado Xayakalan.
Hoy, en lugar de descargar barcos llenos de cocaína, hay una escuela, un centro de reunión comunitario, cientos de familias viven allí, se cultiva papaya, hibisco, maíz y sésamo, y una de las playas más bellas de la región se mantiene limpia para uso de la comunidad. Pero el interés del gobierno y de los agentes empresariales y otros forasteros sigue presente. La lucha de la comunidad por defender su tierra y su cultura continúa. Una nueva generación de personas dirige la comunidad, mujeres y hombres que conocen su historia y han formado parte de ella, pero que con la frescura de la juventud pueden inyectar nueva energía a un lugar que es un espejo de cómo es el país y de cómo podría ser si se defendieran los proyectos de vida.
*El Fondo de Defensa Legal y Refugio del IPRI ayudó a Pedro Mercado en su solicitud de refugio temporal y apoyo psicosocial.
