El camino a seguir está claro. La conservación debe romper con su legado colonial de exclusión y criminalización y abrazar un futuro basado en la justicia y la autodeterminación. Esto significa reconocer a los pueblos indígenas no como obstáculos, sino como líderes y titulares de derechos. Significa proteger sus tierras y garantizar su tenencia como base de la biodiversidad mundial.
La conservación no debe hacerse a costa de la vida de las personas. Debe basarse en la justicia, la dignidad y el liderazgo de los Pueblos Indígenas. Para hacer realidad estos compromisos, los gobiernos deben adoptar medidas jurídicas, políticas y administrativas coherentes a todos los niveles. Es necesario revisar las leyes y prácticas existentes para garantizar que se ajustan plenamente a las obligaciones y responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos. La coherencia jurídica es fundamental para este esfuerzo, garantizando que todas las leyes y políticas medioambientales respeten estas obligaciones.
Para documentar mejor esta cuestión, el IPRI está llevando a cabo un análisis de los marcos jurídicos y políticos de la conservación en doce países de África, Asia y América Latina para evaluar su coherencia con las obligaciones internacionales relativas a los derechos de los Pueblos Indígenas. Este documento informativo pretende ofrecer un resumen de las conclusiones preliminares de los estudios en curso y algunas recomendaciones clave.
