5 de noviembre de 2021. Los pueblos indígenas poseen en sus conocimientos y en sus formas de vida tradicionales la solución al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad, expresaron ayer líderes indígenas reunidos en el panel “Asociación o criminalización: implicaciones de la meta 30/30 de conservación de la biodiversidad para los pueblos indígenas”.
Para continuar con sus labores de conservación, añadieron, es necesario que los Estados y las organizaciones internacionales respeten los derechos de los pueblos indígenas y restablezcan su gobernanza sobre sus territorios.
El panel, moderado por Vicky Tauli-Corpuz —ex Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas—, fue un evento paralelo a la Cumbre COP26 y formó parte del Pabellón de los Pueblos Indígenas.
Su objetivo fue debatir cómo prevenir la criminalización de los pueblos indígenas y garantizar la protección y el ejercicio de sus derechos en los esfuerzos de conservación para alcanzar la Meta 30/30, una propuesta para incrementar para 2030 al 30% las Áreas Naturales Protegidas.
Joan Carling, cofundadora y directora ejecutiva de IPRI, denunció que la conservación tipo “fortaleza” no ha desaparecido y continúa produciendo graves violaciones de derechos humanos:
desplazamientos violentos, abusos contra mujeres, asesinatos, tortura, encarcelamiento y violaciones. “Todo eso está ocurriendo ahora”, insistió la Sra. Carling. Recientemente, IPRI realizó una investigación sobre conservación que está próxima a ser publicada
Los líderes coincidieron en que los pueblos indígenas realizan un mejor trabajo en materia de conservación. Jennifer Corpuz, asesora de políticas en Nia Tero, destacó que la biodiversidad disminuye a un ritmo menor en las áreas de los pueblos indígenas. Además, el 80 por ciento de la biodiversidad mundial se encuentra dentro de los territorios de los pueblos indígenas.
A pesar de ello, los Estados y las organizaciones internacionales de conservación no reconocen la tenencia y los conocimientos de los pueblos indígenas, y los tratan como si fueran taladores ilegales. Mientras tanto, sí permiten la entrada de grandes empresas en las Áreas Protegidas, señaló la Sra. Carling.
En este contexto, los pueblos indígenas están preocupados por las implicaciones de la Meta 30/30 sobre sus territorios. “¿Cómo se puede ser criminalizado mientras se buscan medios de supervivencia? Nos preocupa que la meta 30/30 pueda llevar a nuevas violaciones de los derechos de los pueblos indígenas si nuestras voces no son escuchadas y si la conservación no implementa un enfoque basado en derechos humanos”, afirmó Joseph Itongwa, director ejecutivo de ANAPAC.
“El problema no es la meta [30/30]”, dijo la Sra. Carling. “El problema es la forma en que se hace la conservación”. Nonette Royo, directora ejecutiva de Tenure Facility, subrayó: “El problema es reconocer los derechos de los pueblos indígenas sobre aquellos territorios que ya están protegiendo”.
Sonia Guajajara, líder de la APIB, señaló que los territorios que necesitan ser restaurados son aquellos degradados por la actividad de los agricultores. Se ha confirmado, insistió la Sra. Guajajara, que este tipo de degradación es el mayor contribuyente a las emisiones de gases.
Joan Carling afirmó que los pueblos indígenas buscan socios reales en el terreno que “nos traten con respeto y fortalezcan nuestra forma de conservación”. Estas personas y organizaciones podrían influir en los gobiernos para que respeten a los pueblos indígenas y también podrían brindar apoyo técnico, reconociendo al mismo tiempo el liderazgo indígena. La Sra. Guajajara insistió: “El conocimiento tradicional y el conocimiento científico hacen una mejor conservación”.
La Sra. Royo afirmó con franqueza: “Sin nosotros, los problemas del clima y la biodiversidad no pueden ser gestionados. Sin nosotros, los objetivos de biodiversidad de la ONU no pueden cumplirse”.
Para este enfoque de derechos humanos en la conservación, los líderes indígenas establecieron una serie de lineamientos: respeto a sus derechos, consentimiento previo, libre e informado, elementos de equidad, acuerdos de co-gestión, considerar medidas de conservación distintas a las Áreas Protegidas, restaurar la gobernanza sobre los territorios de los que han sido expulsados, detener la criminalización, establecer garantías estructurales para la conservación indígena y garantizar el acceso a la justicia para quienes han sido víctimas de violaciones de derechos humanos derivadas del modelo de “fortaleza”.
“Si queremos proteger la naturaleza, necesitamos proteger a quienes la resguardan”, afirmó la Sra. Carling.
En particular, en lo referente a las instituciones internacionales que trabajan en conservación, se deben establecer medidas de rendición de cuentas y transparencia, y garantizar que los fondos destinados a estos temas lleguen a las personas que realmente están protegiendo la naturaleza.
En lo que respecta a los propios pueblos indígenas, es necesario atender las necesidades específicas de las mujeres, ya que desempeñan un papel fundamental en la conservación, pero no en la toma de decisiones. Asimismo, se requiere una atención especial a la juventud para garantizar la transmisión de los conocimientos indígenas.
“Es momento de dejar que los pueblos indígenas tomen el volante”, resumió la Sra. Royo. “Es necesario transformar este sistema, y eso es lo que ofrecen los pueblos indígenas”, concluyó la Sra. Carling.
