En 2012, el descubrimiento de petróleo en la cuenca petrolífera de Lokichar, en el condado de Turkana, al noroeste de Kenia, se consideró un hito para el desarrollo nacional. La empresa Tullow Oil, a la que se le concedieron derechos de extracción en el marco de un proceso de expropiación liderado por la Comisión Nacional de Tierras, firmó acuerdos con el Gobierno del condado de Turkana.
Sin embargo, este proceso se llevó a cabo sin el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) del pueblo indígena turkana, lo que ha suscitado una profunda preocupación en torno a los derechos sobre la tierra y la justicia.
Daños medioambientales y repercusiones en la comunidad
Desde que comenzó la extracción, las comunidades locales han sido las más afectadas por los daños medioambientales. La organización Indigenous Africa ha denunciado que las instalaciones de Tullow Oil almacenan residuos tóxicos de perforación de forma inadecuada, incumpliendo las normas de la Autoridad Nacional de Gestión Ambiental (NEMA).
Los ganaderos cuentan cómo los productos químicos se filtran en las fuentes de agua durante las lluvias, envenenando al ganado y poniendo en peligro la salud de la comunidad.
Mientras tanto, los desplazamientos han privado a los pueblos de Turkana de sus tierras, árboles y plantas medicinales, considerados «sin valor» por las autoridades, a quienes a cambio solo se les han ofrecido «viviendas provisionales sin valor». Esta percepción de infravaloración agrava la desposesión de una comunidad que ya se encuentra en situación de vulnerabilidad.
Mala gestión de los fondos de indemnización
Entre 2012 y 2016, los pagos de Tullow Oil se destinaron a las autoridades municipales.
Con la descentralización de Kenia de 2013 [1] y la promulgación del Reglamento sobre Tierras Comunitarias en agosto de 2017 [2] para poner en práctica la Ley de Tierras Comunitarias de 2016, las nuevas disposiciones exigían a los condados que actuaran como fideicomisarios y transfirieran sin demora todos los fondos de indemnización directamente a los comités de gestión de tierras comunitarias tras el registro de las respectivas tierras comunitarias.
Sin embargo, el 20 de junio de 2024, Tullow Oil ingresó 258 millones de chelines kenianos (casi 2 millones de dólares estadounidenses) al condado de Turkana en concepto de indemnización por las tierras arrendadas a las comunidades.
En lugar de ingresar los fondos en cuentas comunitarias o mantenerlos en una cuenta especial que generara intereses para las comunidades afectadas, tal y como exige la ley, el Gobierno del condado los desvió para otros fines. Las autoridades justificaron esto alegando que se trataba de pagos por arrendamientos, impuestos, gravámenes y tasas, mientras que grupos de la sociedad civil, como el Consorcio Extractivo de Turkana, insisten en que los fondos pertenecen legalmente a las comunidades.
Geoffry Ariong lidera la lucha por la rendición de cuentas
En este contexto, Geoffry Ariong, indígena turkana y director ejecutivo de la organización Turkana Indigenous People Action for Development (TIPD), ha asumido un papel destacado en la búsqueda de responsabilidades.
El 24 de junio de 2025, TIPD presentó una demanda ante el Tribunal de Tierras y Medio Ambiente contra el Gobierno del condado de Turkana, junto con Tullow Oil y la Comisión Nacional de Tierras.
Las amenazas y la intimidación se intensifican
Sin embargo, esta búsqueda de la justicia ha tenido un precio. Geoffry afirma haber recibido llamadas amenazantes desde números ocultos y haber sufrido acoso a través de WhatsApp.
Temiendo por su seguridad, se trasladó a Turkana Sur, pero sigue estando amenazado, sobre todo porque en los próximos días se le van a notificar las citaciones judiciales.
«Nos preocupa cada vez más la seguridad de Geoffry», declaró la TIPD, anticipando que las amenazas se intensificarán una vez que el caso entre en la fase procesal.
Presión financiera sobre la comunidad
Más allá de los riesgos físicos, los obstáculos financieros se ciernen como una amenaza. Dado que los gastos legales ya están agotando los recursos de la comunidad, el TIPD se enfrenta a un saldo pendiente de 520 000 KSH (4000 USD).
A pesar de estos retos, la comunidad sigue decidida a exigir responsabilidades al Gobierno y a las empresas.
Apoyo del Fondo de Defensa Legal y Refugio (LDSF)
Ante esta situación tan delicada, el Fondo de Defensa Legal y Refugio (LDSF) ha intervenido para apoyar a Geoffry. El Fondo está prestando asistencia logística para cubrir los gastos inmediatos, garantizar su seguridad y financiar la batalla legal.
Esto incluye recursos para hacer frente a la intimidación que se prevé que se produzca una vez que se notifique formalmente a los acusados, así como apoyo económico que permita a Geoffry protegerse a sí mismo y a su familia.
La intervención de la LDSF es fundamental para proteger no solo los derechos de Geoffry, sino también la lucha colectiva de las comunidades turkana por defender sus tierras y su medio ambiente.
Una lucha más amplia por los derechos de los pueblos indígenas y la justicia medioambiental
La historia del petróleo en Turkana resume una lucha más amplia por los derechos de los pueblos indígenas, la justicia medioambiental y la rendición de cuentas en la extracción de recursos.
Aunque el descubrimiento del petróleo se presentó como una vía hacia la prosperidad, ha traído consigo desplazamientos, exposición a sustancias tóxicas y indemnizaciones controvertidas.
El caso impulsado por Geoffry Ariong y TIPD —que ahora cuenta con el apoyo fundamental de la LDSF— podría sentar un precedente decisivo sobre cómo Kenia, y la región en general, concilian las industrias extractivas con los derechos territoriales de los pueblos indígenas y la protección del medio ambiente.
References
[1] En este contexto, el término «descentralización» se refiere específicamente a la descentralización de la gobernanza llevada a cabo en 2013 en virtud de la Constitución de Kenia de 2010, que transfirió competencias y responsabilidades —entre ellas, la gestión de la tierra y los recursos naturales— de las autoridades nacionales y municipales a los gobiernos de condado de nueva creación.
[2] En agosto de 2017 se promulgaron las Normas sobre Tierras Comunitarias para poner en práctica la Ley de Tierras Comunitarias de 2016, estableciendo marcos jurídicos para el registro de las tierras comunitarias y garantizando que las comunidades pudieran reclamar, poseer y proteger sus tierras.
