Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas (UNPFII). 23ª sesión, punto 5(g) del orden del día: “diálogo temático, incluido el financiamiento del trabajo y la participación de los pueblos indígenas en el contexto, entre otros, del desarrollo, el clima, el medio ambiente y la biodiversidad”. Declaración de Indigenous Peoples Rights International (IPRI). Indigenous Peoples Rights International (IPRI) desea comentar sobre los riesgos y oportunidades y presentar recomendaciones con respecto al diálogo temático de este año. A pesar de nuestros derechos reconocidos por el derecho internacional sobre estas tierras, territorios y recursos, y siendo custodios de estos vastos ecosistemas, en IPRI hemos documentado numerosos casos de criminalización, violencia e impunidad contra los pueblos indígenas en el marco de la conservación tipo “fortaleza” y la imposición de proyectos energéticos, incluida la minería de minerales de transición.
Del 12 al 14 de abril, 87 representantes indígenas de 35 países, provenientes de las siete regiones socioculturales del mundo, discutieron los riesgos y oportunidades de la Transición Justa y acordaron una Declaración sobre los Pueblos Indígenas y la Transición Justa, la cual compartiremos con ustedes y otros. Deseamos destacar algunos puntos clave de dicha Declaración: reconocemos y apoyamos la necesidad de poner fin a la dependencia de los combustibles fósiles y de transitar hacia energías renovables, pero la trayectoria actual de la transición energética no cumple con los criterios de justicia, equidad social y sostenibilidad ambiental. Sabemos que más del 50 % de los minerales de transición del mundo se encuentran en nuestros territorios, y una gran parte del potencial de energías renovables también se ubica en nuestras tierras. Nos alarman las graves consecuencias de la minería y del despliegue de proyectos de energía renovable en nuestros territorios sin nuestro consentimiento previo, libre e informado (CPLI), lo que vulnera nuestro derecho a la autodeterminación. La demanda de minerales y metales de transición tiene un enorme potencial de generar contaminación y agotamiento de las fuentes de agua a gran escala, conflictos e inseguridad alimentaria. Las inversiones previstas en estos sectores agravarán aún más nuestra situación en materia de derechos humanos, incluidos los ataques contra los defensores indígenas de derechos humanos (IHRDs).
La Declaración de los Pueblos Indígenas sobre la Transición Justa hace un llamado a los Estados a reconocer legalmente, respetar, garantizar y proteger los derechos de los pueblos indígenas, tal como se establece en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros derechos reconocidos internacionalmente, incluso en el contexto de las energías renovables y la minería de minerales de transición. Asimismo, insta a emprender reformas de leyes, políticas y procedimientos para poner fin a la criminalización de los pueblos indígenas; detener los ataques, asesinatos, la violencia y la represión contra los defensores de los derechos de los pueblos indígenas; y garantizar un acceso efectivo a la justicia. También llama a acelerar el abandono de los combustibles fósiles y redirigir el financiamiento y los subsidios para apoyar el desarrollo de energías renovables determinado por los propios pueblos indígenas. Además, solicita asegurar que las iniciativas de transición energética, como las Asociaciones para una Transición Energética Justa, prioricen los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas, la equidad social, la integridad cultural y la protección ambiental. Exige que las empresas respeten los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo la realización obligatoria del CPLI, la adopción e implementación de salvaguardas sociales y ambientales, y el establecimiento de mecanismos de queja eficaces y accesibles. Finalmente, insta a adoptar leyes, políticas y procedimientos que aborden los patrones de consumo insostenibles y promuevan la protección ambiental entre la población mundial. Proveer financiamiento directo, adecuado y flexible, incluyendo el acceso a mecanismos de financiamiento climático, así como apoyo para el fortalecimiento de capacidades técnicas y legales, con el fin de empoderar a los pueblos indígenas para que definan su propio presente y futuro en el desarrollo de energías renovables. Declarar una prohibición de la expansión de la minería en zonas prohibidas, incluidas áreas culturalmente significativas como sitios sagrados, zonas de subsistencia y otras áreas críticas, según lo determinen los pueblos indígenas ejerciendo su consentimiento previo, libre e informado (CPLI); esto debe incluir una prohibición de la explotación del fondo marino para minerales de aguas profundas. Adoptar una regulación obligatoria de debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente que exija la incorporación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas a lo largo de todo el proceso de debida diligencia, en consonancia con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (UNGPs). Garantizar la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en la elaboración de orientaciones para la implementación de las Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable. Finalmente, dado que las consecuencias de la transición energética son profundas para los pueblos indígenas y resultan críticas para nuestra supervivencia colectiva, resiliencia y desarrollo, recomendamos firmemente al Foro Permanente organizar el próximo año un taller de expertos sobre pueblos indígenas, transición energética y minerales de transición, y adoptar este tema para la próxima sesión. Gracias.
