Indigenous Peoples Rights International (IPRI), cuya misión es enfrentar las violaciones de derechos y la criminalización de los pueblos indígenas con impunidad, hace un llamado urgente al Estado de Guatemala para detener los desalojos y las agresiones por parte de las fuerzas de seguridad contra las comunidades maya Poqomchi y maya Q’eqchi de la Sierra de Minas, municipio de Purulhá, Baja Verapaz. El Gobierno de Guatemala debe reconocer, respetar y proteger los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales. Según información recibida directamente de estas comunidades indígenas mayas, desde el 21 de noviembre, los habitantes de al menos 15 comunidades indígenas se encontraban bajo un cerco militar y de la Policía Nacional Civil. Este cerco tenía como objetivo arrestar a líderes indígenas mayas, desalojarlos forzosamente de sus tierras en favor de finqueros (específicamente la familia Thomae) y facilitar la instalación de empresas extractivas. El cerco afectó directamente a 15 comunidades, como Pancoc, Monjón, Santa Rita, Washington, Dos Fuentes, Kalijá y Moxante, e impactó indirectamente a otras 80 comunidades. Habitantes de Pancoc y Monjón se vieron obligados a huir de sus hogares debido a la incursión violenta de las fuerzas de seguridad. Aunque el cerco de más de 2,000 policías y militares fue retirado, las amenazas de desalojo continúan y un grupo de civiles armados al servicio de los terratenientes sigue aterrorizando a las comunidades. El destacamento militar, instalado desde 2012 en las tierras ocupadas por los terratenientes, también continúa existiendo. Según testimonios de los pobladores, la policía y el ejército quemaron bienes y ganado pertenecientes a los mayas indígenas. Restringieron su libre movilidad, incluida la entrada de bienes, aterrorizaron a las comunidades e impidieron que las personas vendieran sus productos agrícolas y accedieran a alimentos y servicios de salud. Estas graves violaciones de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas mayas continúan sin cesar a pesar de la Resolución 67/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de fecha 14 de octubre de 2020, que otorgó medidas cautelares a favor de las familias indígenas maya Poqomchi de las comunidades de Washington y Dos Fuentes. La resolución advirtió sobre la situación urgente en la que sus derechos a la vida y a la seguridad personal están en riesgo. Estas acciones incluyen el desconocimiento total del derecho colectivo de los pueblos indígenas mayas sobre sus tierras, territorios y recursos consuetudinarios, así como de su derecho legítimo a recuperar sus tierras ancestrales. Estas tierras les fueron arrebatadas en favor de finqueros alemanes desde el siglo XIX, ignorando los títulos que reconocían la propiedad comunal de las comunidades mayas desde la época de la Corona española y la independencia, y reclamando en su lugar estas tierras como propiedad privada. Las acciones emprendidas por los mayas indígenas para proteger y defender sus territorios han incluido tanto litigios judiciales como la afirmación de su derecho a la autonomía y el rechazo de proyectos extractivos, como las represas hidroeléctricas. Las demandas legítimas de estas comunidades indígenas han sido respondidas con acciones injustas por parte de las autoridades y los finqueros, con una serie de intentos de desalojo en 2009, 2015, 2021 y 2022. Las comunidades particularmente afectadas son Washington, Dos Fuentes y Panza. Estas comunidades han sido objeto de desapariciones, criminalización, asesinatos de líderes comunitarios y la instalación de destacamentos militares. La situación ha empeorado con la llegada del crimen organizado, que ha tomado el control de las estructuras paramilitares responsables de masacres durante el período de contrainsurgencia. Las comunidades han denunciado que la militarización de sus territorios no tenía como objetivo brindarles seguridad, sino garantizar la implementación de proyectos extractivistas y el despojo de sus tierras por parte de finqueros. En este contexto y considerando las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos del Estado de Guatemala, a la luz de su adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT y el propio marco constitucional guatemalteco, Indigenous Peoples Rights International: apoya la demanda urgente de desmilitarización de la Sierra de Minas expresada por las comunidades mayas indígenas afectadas. Exige que el Estado de Guatemala detenga de inmediato las órdenes de desalojo, así como la violencia y la criminalización de las comunidades mencionadas. Insta a las autoridades responsables a cumplir con las medidas cautelares emitidas por la CIDH en 2020. Exige el desmantelamiento de los grupos civiles armados al servicio de los terratenientes que amenazan a las comunidades indígenas. Hace un llamado al reconocimiento legal, la restitución y la protección de las tierras consuetudinarias de los pueblos indígenas mayas por parte del Estado de Guatemala, así como al establecimiento de mecanismos efectivos de rendición de cuentas para los responsables de violaciones de derechos humanos. Exhortamos a las organizaciones internacionales de derechos humanos a visibilizar esta situación urgente y a sumarse a la exigencia de acciones inmediatas por parte del Estado de Guatemala para proteger los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas mayas. También instamos a la comunidad internacional a expresar su solidaridad con los pueblos indígenas mayas y a exigir al Estado de Guatemala que respete, reconozca y proteja sus derechos individuales y colectivos y ponga fin a las violaciones de derechos humanos con impunidad. Descargar el artículo
