Para la comunidad indígena Marihangin de Filipinas, la protección jurídica de su territorio tenía por objeto salvaguardarlos contra el despojo. En la práctica, la espera de más de dos décadas para el reconocimiento de sus tierras ancestrales ha coincidido con una escalada de la presión empresarial, la violencia y la criminalización que ahora amenazan su propia existencia en la isla.
Situada en el sur de las islas de Palawan, la comunidad Marihangin se ha enfrentado a repetidos desplazamientos debido a una combinación de despojo de tierras respaldado por el Estado, intereses de desarrollo privado y acoso judicial. Lo que ocurre hoy forma parte de un patrón más amplio de exclusión y desalojo forzoso en la región.
Ese patrón se remonta a 1974, durante la época de la ley marcial bajo el mandato del presidente Ferdinand Marcos padre, cuando más de 10 800 hectáreas de tierras ancestrales en las vecinas islas de Bugsuk y Pandanan fueron adjudicadas a Eduardo Danding Cojuangco hijo, quien se convirtió en director ejecutivo de San Miguel Corporation (SMC). SMC es uno de los mayores conglomerados de Filipinas en la actualidad y está desarrollando proyectos de ecoturismo en las islas de Palawan. Los residentes indígenas fueron desalojados por la fuerza por las fuerzas estatales, y muchas familias desplazadas buscaron refugio en Marihangin. Años más tarde, la creación de una granja de perlas en las aguas circundantes restringió aún más el acceso a los caladeros tradicionales y a las rutas de navegación, socavando los medios de vida que habían sustentado a generaciones.
En 2005, la comunidad de Marihangin solicitó un Certificado de Título de Dominio Ancestral (CADT) ante la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas (NCIP) para obtener el reconocimiento legal de su territorio. Veintiún años después, esa solicitud sigue sin resolverse.
Pero mientras el Estado ha retrasado el reconocimiento, la presión sobre la comunidad se ha intensificado.
En los últimos años, la empresa ha adoptado una estrategia divisiva hacia la comunidad, lo que ha llevado a la retirada de las protecciones agrarias que cubrían Marihangin y al avance de planes de desarrollo vinculados a la expansión a gran escala del ecoturismo en la zona circundante. Los miembros de la comunidad informan de que se hicieron ofertas de reubicación para inducir a los residentes a abandonar la isla, pero la mayoría de las familias se negaron.
Las tensiones se agudizaron considerablemente en junio de 2024, cuando representantes vinculados a reclamantes de tierras privadas y funcionarios del Gobierno intentaron entrar en la isla para presentar documentación que excluía a Marihangin de la cobertura de la reforma agraria. Los residentes bloquearon su desembarque y exigieron que se marcharan. Días más tarde, el representante autorizado de los reclamantes, y un exdirector de la Oficina de Dominios Ancestrales de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas (NCIP), presentaron denuncias penales por coacción grave contra diez miembros de la comunidad, incluidas dos personas que ni siquiera estaban presentes durante el incidente.
Dos días después de que se presentara esa denuncia, se desplegó en la isla personal de seguridad privada armado. Según la comunidad, los guardias de seguridad dispararon contra los residentes, incluidos niños, tras ser confrontados por miembros de la comunidad que exigían su salida. Desde entonces, los guardias armados han permanecido en la isla a pesar de las objeciones de la comunidad, creando lo que los residentes describen como una atmósfera constante de intimidación.
Hoy en día, la comunidad de Marihangin se enfrenta a una red cada vez más amplia de acoso legal.
Diez miembros de la comunidad se enfrentan actualmente a graves cargos de coacción relacionados con un incidente ocurrido en junio de 2024. Aunque quedaron en libertad bajo fianza de 360 000 pesos filipinos, el caso sigue en curso. Uno de los diez fue condenado por un caso anterior de «pesca ilegal». Otro líder de la comunidad se enfrenta a una denuncia por difamación cibernética por denunciar públicamente las amenazas contra la comunidad y la falta de protección gubernamental. Además, 282 residentes, que representan a la mayor parte de la población de la isla, han sido citados en causas civiles que pretenden socavar sus reclamaciones de tierras, obtener órdenes de alejamiento e imponer indemnizaciones por daños y perjuicios.
Una orden de alejamiento dictada por un tribunal impide ahora a los miembros de la comunidad realizar vigilancias nocturnas y construir nuevas viviendas en sus tierras sin correr el riesgo de ser multados. Mientras tanto, las propias denuncias de la comunidad relativas al despliegue de seguridad armada, incluidas las quejas por disparos dirigidos hacia niños y una petición de medidas cautelares contra el personal de seguridad y los actores asociados, han avanzado lentamente en los tribunales y se han enfrentado a repetidos retrasos.
Para los marihangin, el desequilibrio de poder es evidente. Por un lado, una comunidad indígena isleña que depende de la pesca y de medios de subsistencia. Por otro, actores corporativos y demandantes privados con los recursos para sostener litigios prolongados y operaciones de seguridad.
La carga legal por sí sola es severa. Las audiencias judiciales se celebran en la isla principal de Palawan, lo que obliga a los miembros de la comunidad a viajar en barco y furgoneta varias veces al mes para asistir a las audiencias, testificar y tramitar documentos legales. El coste del viaje, los honorarios legales y el tiempo de trabajo perdido suponen una enorme carga para unas familias que ya se encuentran bajo presión.
Estos casos no son disputas legales aisladas. En conjunto, forman parte de un patrón más amplio de demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP): acciones legales utilizadas no principalmente para ganar en los tribunales, sino para agotar, intimidar y silenciar a las comunidades que defienden sus derechos.
El Fondo de Defensa Legal y Santuario (LDSF) apoya la defensa de los líderes comunitarios acusados injustamente para que la SLAPP no logre su objetivo de acabar con la defensa del territorio. De este modo, tras décadas de buscar el reconocimiento legal a través de los canales oficiales, los Marihangin seguirán luchando por el simple derecho a permanecer donde han vivido durante generaciones.
