27 de marzo de 2025
58ª sesión del Consejo de Derechos Humanos
Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial
Tema: Sexagésimo aniversario de la adopción de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial
Presentación de Joan Carling, Directora Ejecutiva de Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional
Estimados miembros del Consejo de Derechos Humanos, miembros del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Expertos, representantes de los Pueblos Indígenas y de la Sociedad Civil, tengo el honor de hablar hoy ante ustedes para destacar el papel crucial del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) en la promoción de los derechos de los pueblos indígenas.
Durante siglos, los pueblos indígenas hemos sufrido discriminación sistémica, exclusión y violaciones de derechos humanos. Se nos sigue negando el acceso a la justicia, se nos despoja de nuestras tierras y se nos margina en los procesos de toma de decisiones.
Aunque la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD) se adoptó en 1965 sin mencionar explícitamente a los pueblos indígenas, el CERD ha afirmado sistemáticamente que la discriminación racial contra los pueblos indígenas es una grave violación de los derechos humanos que requiere medidas urgentes.
Mientras conmemoramos los 60 años de la Convención, también debemos mirar hacia 2027, que marca dos aniversarios importantes para los derechos indígenas: En primer lugar, es el 30º aniversario de la Recomendación General nº 23 del CERD sobre Pueblos Indígenas, adoptada en agosto de 1997. Aunque sólo tiene cinco párrafos, la Recomendación General 23 fue una afirmación temprana de varios derechos fundamentales. Estos incluyen nuestros derechos a los territorios, a la restitución, al consentimiento informado y varios derechos culturales, que se articulan dentro de el sistema de normas fundamentales de no discriminación e igualdad. Esta fue una validación temprana y muy bienvenida de la igualdad y la igualdad de derechos de todos los pueblos tal y como se establece en la Carta de la ONU, garantías negadas durante mucho tiempo a los Pueblos Indígenas.
En segundo lugar, 2027 es también el vigésimo aniversario de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Tras muchos años de debate, la Asamblea General adoptó esta Declaración que reconoce la igualdad de derechos y la dignidad de los pueblos indígenas, incluido nuestro derecho a la libre determinación.
La Recomendación General 23 del CERD se citó a menudo en los debates en torno a la Declaración y, desde 2007, el CERD se refiere a menudo a la Declaración en sus observaciones finales, recomendaciones generales, comunicaciones de acción urgente y decisiones. Ha afirmado que las normas de la Declaración son coherentes con las garantías de derechos humanos de la Convención.
Aunque el Convenio, adoptado en 1965, no menciona a los pueblos indígenas, el CERD tiene claro desde hace tiempo que se aplica a los pueblos indígenas y que el hecho de no garantizar, respetar y proteger nuestros derechos es discriminatorio. Para lograrlo, ha adoptado recomendaciones detalladas de forma sistemática durante más de 30 años, incluso en el marco de su muy apreciado procedimiento de alerta temprana y acción urgente, y en varias decisiones importantes en los últimos años en virtud del procedimiento de denuncias del artículo 14. Estas recomendaciones incluyen prevenir el desalojo forzoso de los Pueblos Indígenas, desafiar la discriminación racial en la extracción de recursos, abordar la violencia contra los Defensores Indígenas, proteger el patrimonio cultural de los Pueblos Indígenas.
En 2018, formé parte de una decisión de acción urgente, por lo que entiendo la importancia del CERD para las víctimas de violaciones de derechos humanos
Además, la Recomendación General núm. 25 del CERD, emitida en 2000, reconoció la discriminación interseccional, es decir, la opresión tanto racial como de género que sufren las mujeres indígenas. En 2022, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer se basó en esto al adoptar la Recomendación General nº 39, que aborda específicamente la necesidad de reconocer y proteger los derechos individuales y colectivos interrelacionados de las mujeres indígenas como mujeres y sus derechos colectivos como parte de los pueblos indígenas. El CERD ha pedido medidas más contundentes para combatir la violencia, la discriminación y la exclusión económica a las que se enfrentan las mujeres indígenas en todo el mundo.
Del mismo modo, el CERD ha iluminado los desafíos de erradicar la discriminación racial y garantizar una igualdad tangible para los pueblos indígenas que, sin embargo, sigue siendo evidente en muchas situaciones. No me cabe duda de que el CERD seguirá planteando su preocupación y haciendo recomendaciones a los Estados para ayudarles a abordar este problema.
Desde su aprobación en 1997, el CERD ha desarrollado un amplio cuerpo de práctica que va más allá de las breves pero valiosas declaraciones de la Recomendación General 23. También se aprobó antes de la adopción de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007.
Por ello, insto encarecidamente al CERD a dar el siguiente paso desarrollando una Recomendación General actualizada sobre los Pueblos Indígenas que refleje los últimos 30 años de progreso y responda a los retos actuales a los que nos enfrentamos. Las recomendaciones actualizadas deberán considerar lo siguiente:
- Integración de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como referencia clave
- Reforzar las obligaciones jurídicas de los Estados para proteger las tierras y recursos, culturas y autogobierno indígenas.
- Hacer frente a las crecientes amenazas del cambio climático, las industrias extractivas y el despojo de tierras
- Proporcionar orientaciones claras para garantizar la participación indígena en la toma de decisiones, incluidas las mujeres indígenas.
Este paso proporcionará un marco jurídico y político muy necesario para que los Estados cumplan sus obligaciones en virtud del Convenio y protejan los derechos indígenas de forma más eficaz.
Estamos dispuestos a apoyar al CERD en esta tarea crucial
Muchas gracias.
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