Por lo tanto, la debida diligencia en materia de derechos humanos debe tener en cuenta estos valores y el impacto en los pueblos indígenas.
Con estas experiencias, es importante que los pueblos indígenas tengan participación e inclusión significativas en el desarrollo de la debida diligencia obligatoria en materia de derechos humanos para las actividades empresariales. Los pueblos indígenas, como titulares de derechos, deben poder presentar y debatir de buena fe cómo pueden respetarse y protegerse nuestros derechos en las actividades empresariales, por ejemplo, mediante el desarrollo de estándares y directrices sobre el CLPI para las actividades empresariales, teniendo en cuenta que "nada sobre nosotros sin nosotros".
Si bien reconocemos las buenas intenciones en el desarrollo de la debida diligencia en materia de derechos humanos, es a través de nuestra participación directa y significativa que nuestras preocupaciones en materia de derechos humanos pueden ser plenamente abordadas y protegidas, teniendo en cuenta nuestras circunstancias y condiciones. Al mismo tiempo, nuestra participación significativa en el proceso también dará lugar a un entendimiento mutuo y al hallazgo de formas y medios para abordar los principales desafíos en el respeto y el reconocimiento de nuestros derechos, incluida la correcta aplicación del CLPI.
Transformar el comportamiento de las empresas y los Estados a través de la aplicación de la debida diligencia en materia de derechos humanos con buena voluntad y buena fe evitaría los conflictos con los pueblos indígenas, el acaparamiento de tierras y la extracción no sostenible de recursos. Esto también facilitaría el uso y la gestión sostenibles de los recursos, incluida la seguridad alimentaria; incorporaría las opiniones de los pueblos indígenas en el diseño de los proyectos; permitiría entablar diálogos constructivos para abordar las preocupaciones de los pueblos indígenas, incluidas las preocupaciones específicas de las mujeres indígenas, los jóvenes, los ancianos y las personas indígenas con discapacidades; el respeto a nuestro proceso independiente de toma de decisiones; y el establecimiento de asociaciones con los pueblos indígenas con acuerdos de reparto equitativo de beneficios que puedan facilitar la equidad social. Esto también facilitará un proceso de respeto mutuo en la defensa de los derechos y la dignidad de los pueblos indígenas.
Por último, las políticas y directrices de debida diligencia obligatoria en materia de derechos humanos son insuficientes si no existen mecanismos eficaces de rendición de cuentas para las empresas y los Estados que sean accesibles para los pueblos indígenas sobre el terreno. Aquí es la hora de la verdad en términos de poner en acción los compromisos de las empresas y los Estados en la aplicación de los UNGP para defender los derechos de los pueblos indígenas y poner fin a la impunidad y la criminalización.
Asimismo, son necesarios mecanismos de supervisión independientes para llevar a cabo la debida diligencia en materia de derechos humanos con la participación significativa de los pueblos indígenas, y deberían contar con el pleno apoyo de los Estados y las empresas. Más aún, también necesitamos abordar cambios sistémicos más amplios para permitir que los titulares de derechos ejerzan sus derechos individuales y colectivos en igualdad de condiciones frente al poder político y económico de los Estados y las empresas, con el fin de lograr la justicia social y la equidad, que es coherente con la protección de los derechos humanos en las actividades empresariales. Esto forma parte de las realidades más amplias de los pueblos indígenas para transformar el legado de la colonización, la asimilación forzada y la discriminación sistémica.
Para terminar, quiero compartir con ustedes la declaración de uno de nuestros líderes cuyo pueblo fue devastado por la minería. Dijo:
Ahora soy un anciano y mi pueblo ha trabajado toda la vida en el cuidado de nuestro bosque, que nos ha mantenido a nosotros y a nuestros antepasados. Protegemos este bosque para nuestras futuras generaciones. Sin embargo, un hombre grande vino y nos dijo que nos fuéramos porque les habían dado el permiso para extraer carbón de nuestro pueblo. En las consultas realizadas no estuvimos de acuerdo con esto, y el gobierno nos dijo que no teníamos otra opción que irnos. Mi hijo dirigió el vallado de nuestras tierras para impedir la entrada de la minería. Lo detuvieron y lo metieron en la cárcel porque la empresa minera lo acusó de allanamiento. Los militares vinieron y nos obligaron a trasladarnos. Ahora la empresa gana millones con su explotación minera mientras nosotros vivimos en la indigencia y el hambre. Siento que hemos perdido nuestra alma y que le hemos fallado a la siguiente generación.
Espero que podamos reflexionar sobre esta realidad en las vidas de millones de pueblos indígenas de todo el mundo, y trabajar juntos para transformar esto hacia la realización de nuestros derechos y progresar en la justicia social y la equidad para todos.
Gracias.
