Chihuahua, Mexico || Imposición de obras utilizando Fideicomiso del pueblo rarámuri de Bosques de San Elías Repechique viola sus derechos a la libre determinación y autonomía

Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (IPRI- Indigenous Peoples Rights International) manifiesta su preocupación por el hostigamiento y presiones indebidas contra el pueblo rarámuri de Bosques de San Elías Repechique y llama a las autoridades estatales involucradas a respetar el derecho de las comunidades indígenas a decidir libremente sobre su territorio y el destino de sus recursos.

Por más de nueve años, las y los rarámuri de Bosques de San Elías Repechique se han enfrentado a los intereses del Estado y de particulares que buscan despojarlos de su territorio ancestral. En 2014 esta comunidad ganó una demanda en contra de la construcción del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre. La sentencia reconoció sus derechos colectivos y ordenó realizar una consulta -de acuerdo con estándares internacionales- para la reparación integral de los daños.

Como parte del cumplimiento de esta sentencia, el gobierno del estado creó en 2017 un Fideicomiso para financiar proyectos de beneficio colectivo de Bosques de San Elías Repechique por medio de un comité técnico. Uno de estos proyectos es el taller de costura Bowé Najativo (Permanezcamos en el camino) construido en 2020 con recursos de dicho Fideicomiso. El taller permaneció clausurado cerca de 10 meses por denuncias de despojo, robo y daños al medio ambiente interpuestas por mestizos del poblado de Creel que falsamente presumen ser dueños de este territorio indígena.

Recientemente, integrantes de la comunidad presentaron una serie de proyectos con base en las reglas de operación del Fideicomiso, entre los que destacan: la construcción de un salón comunitario en la localidad de Repechique, el mejoramiento de vivienda, la compra de dos tractores e insumos para agricultura. Estos proyectos se encuentran aún en espera de aprobación del comité técnico.

En contraste, el comité técnico aprobó el gasto de 31 millones de pesos para la reparación de un camino con maquinaria y la construcción de un centro comercial en Creel, Chihuahua, que no son necesidades expresadas por la comunidad ni se alinean con el objetivo del Fideicomiso de Bosques de San Elías Repechique, resultado de su lucha por el derecho a decidir sobre su territorio. Integrantes rarámuri del comité técnico denunciaron que fueron presionados por funcionarios para firmar la autorización a los proyectos, lo que hicieron bajo protesta.

Desde IPRI, expresamos nuestra preocupación por estas presiones y desvíos de los recursos que impiden la correcta reparación del daño, así como por la falta de voluntad de las autoridades para atender las verdaderas necesidades del pueblo rarámuri relacionadas con el ejercicio de este Fideicomiso. Recordamos que esto se da en un contexto de sistemáticas violaciones a los derechos colectivos de la comunidad de Bosques de San Elías Repechique relacionadas con la posesión y la propiedad de su territorio ancestral, violentando sus derechos a la autonomía y a la libre determinación reconocidos en la Constitución Mexicana y en las obligaciones de México en materia de derechos humanos, incluida la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Hacemos un llamado a la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (COEPI), al Gobierno del Estado de Chihuahua y a la gobernadora María Eugenia Campos Galván a:

1. Reconocer íntegramente el territorio ancestral del pueblo rarámuri de Bosques de San Elías Repechique.
2. Respetar y garantizar el ejercicio de sus derechos a la autonomía y libre determinación.
3. Cesar las acciones de despojo, hostigamiento y criminalización de las y los defensores rarámuri.
4. Garantizar el respeto a las decisiones de la comunidad de Bosques de San Elías Repechique sobre el ejercicio de su Fideicomiso, como parte de una efectiva reparación del daño.
5. Atender las necesidades de la comunidad en materia de territorio, salud, medio ambiente, seguridad y economía expresadas en el Plan de Desarrollo Nátiga Busuré, derivado del trabajo de 10 comunidades indígenas con apoyo de nuestros socios en México, Consultoría Técnica Comunitaria A.C. (CONTEC), y que se dio a conocer al Gobierno del Estado en julio de 2022.