Construyendo alianzas y solidaridad. Acabemos con la criminalización de los pueblos indígenas e impulsemos la acción por el clima

Construyendo alianzas y solidaridad. Acabemos con la criminalización de los pueblos indígenas e impulsemos la acción por el clima

Día de los Pueblos Indígenas del Mundo

Por Joan Carling, Derechos de los Pueblos Indígenas Internaciona (IPRI)

El año pasado resultó ser un periodo crucial para los pueblos indígenas, marcado por retos y avances en nuestra constante lucha por el reconocimiento de nuestros derechos y la protección del medio ambiente. En medio de nuestras luchas por la supervivencia, los pueblos indígenas seguimos enfrentándonos a la injusta criminalización, la destrucción de nuestras tierras y recursos y el silenciamiento de nuestras voces.

La continua criminalización contra los pueblos indígenas

A pesar de que los Estados miembros de la ONU aprobaron en 2007 la histórica Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, persiste el angustioso ciclo de criminalización, alimentado por leyes y políticas discriminatorias que afectan de forma desproporcionada a los pueblos indígenas. Estas leyes afectan principalmente a los derechos sobre la tierra, los parques nacionales, las medidas de conservación, la gestión y extracción de recursos naturales, la protección del medio ambiente, las ocupaciones tradicionales y las restricciones a las prácticas y creencias culturales. Además, las protestas pacíficas para resistirse a proyectos destructivos e industrias extractivas han sido objeto de represión injustificada, violencia y persecución legal. Esto ha llevado a la detención, encarcelamiento e incluso ejecuciones extrajudiciales de líderes y activistas indígenas que luchan por defender nuestros derechos y el medio ambiente.

Datos alarmantes de Global Witness y de Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (IPRI) revelan que los defensores indígenas de la tierra y el medio ambiente constituyeron la mayoría (60%) de los asesinados en los últimos tres años, a pesar de que sólo representan el 6% de la población mundial. IPRI también ha documentado al menos 389 casos de violaciones graves de los derechos humanos en 2021-22, incluidos homicidios, detenciones, acoso legal, desalojos y otros. Un preocupante aumento de las solicitudes de ayuda urgente de líderes y comunidades indígenas que se enfrentan a amenazas y riesgos como defensores de los derechos humanos y del medio ambiente en América Latina, Asia y África pone de manifiesto su inquietante situación.

Estos actos continuados de criminalización y agresión contra los pueblos indígenas ponen de manifiesto la falta de compromiso de los Estados con la Declaración, perpetuando marcos jurídicos coloniales y normas discriminatorias e injustas que menoscaban nuestra dignidad y bienestar como pueblos indígenas.

La intersección de la justicia social y la protección del medio ambiente

La protección de los derechos de los pueblos indígenas, la justicia social y la conservación del medio ambiente están estrechamente relacionadas. Los pueblos indígenas compartimos una profunda relación con la naturaleza y valoramos nuestras tierras no como mercancías, sino como entidades entrelazadas con nuestras identidades, culturas y medios y formas de vida sostenibles. Sin embargo, nuestro derecho colectivo a nuestras tierras, territorios y recursos no está plenamente reconocido ni protegido por la mayoría de los Estados, lo que da lugar a degradación medioambiental, criminalización y abusos contra los derechos humanos sin que exista rendición de cuentas. Mientras tanto, las actividades empresariales que implican la explotación a gran escala de nuestras tierras y recursos, que hemos protegido durante generaciones, gozan de protección legal e incluso son incentivadas por los Estados como poderosos agentes económicos. La disparidad se hace evidente cuando un agricultor indígena es encarcelado por utilizar árboles que plantó para construir su casa, mientras que un conglomerado maderero recibe licencia legal para la tala comercial extensiva en territorios indígenas. Por tanto, el imperativo de reformar las políticas para contrarrestar la criminalización de los pueblos indígenas y promover la justicia social sigue siendo fundamental para salvaguardar nuestros derechos y fomentar un mundo más sostenible.


"El imperativo de reformar las políticas para contrarrestar la criminalización de los pueblos indígenas y promover la justicia social sigue siendo fundamental para salvaguardar nuestros derechos y fomentar un mundo más sostenible".

Cambio climático y amenaza para el medio ambiente

Los pueblos indígenas soportan una carga desproporcionada del cambio climático debido a que seguimos habitando y custodiando ecosistemas vulnerables. El aumento del nivel del mar, los fenómenos climáticos graves como las sequías prolongadas y las inundaciones devastadoras, y la pérdida de biodiversidad suponen amenazas existenciales para los modos de vida y la seguridad alimentaria. Paradójicamente, mientras nuestra huella de carbono sigue siendo mínima, se nos niegan los recursos y el apoyo técnico adecuados, dejándonos a nuestra suerte frente las repercusiones del cambio climático.  Aunque el apoyo en cuanto a pérdidas y daños ya forma parte de la acción climática mundial, es imperativo priorizar el apoyo y la asistencia directos a los pueblos indígenas para mejorar nuestra resiliencia y restaurar nuestras tierras, territorios, recursos y medios de vida sostenibles degradados. Esta iniciativa también contribuiría sustancialmente a la mitigación del cambio climático y a la adaptación al mismo, beneficiando a la sociedad en general.

Además, las acciones climáticas dirigidas al desarrollo de energías renovables, incluida la extracción de minerales de transición sin el consentimiento informado de los pueblos indígenas, precipitan graves violaciones de nuestros derechos y bienestar colectivos. Estas acciones injustas equivalen a una forma de colonización verde que exacerba la injusticia social contra los pueblos indígenas. Durante décadas hemos acogido proyectos energéticos en nuestros dominios, como grandes represas y centrales geotérmicas, y, sin embargo, nuestras comunidades carecen de acceso a la electricidad y no reciben los beneficios prometidos, como empleo y servicios sociales. Estas imposiciones han provocado desalojos, destrucción de los medios de vida y una escalada de la violencia contra las mujeres, entre otras injusticias. Lamentablemente, los parques solares y eólicos, así como la extracción de minerales de transición -por ejemplo, litio, níquel y cobalto-, se nos imponen ahora en nombre de la acción por el clima.

Peor aún, cuando defendemos nuestras tierras y derechos, se nos tacha de criminales y adversarios de la acción climática y el desarrollo. Un número cada vez mayor de Estados están incluso modificando la normativa para facilitar la ejecución de proyectos de energías renovables, especialmente la extracción de minerales de transición, restringiendo las consultas públicas, prohibiendo las acciones de protesta y acelerando la aprobación de proyectos sin una evaluación exhaustiva de los impactos ambientales y sociales, incluida la diligencia debida en materia de derechos humanos. Estas medidas antidemocráticas seguramente desencadenarán más conflictos, violencia y criminalización contra los pueblos indígenas, dado que se calcula que el 60% de los minerales de transición se encuentran en territorios indígenas.

Aunque los pueblos indígenas apoyan el abandono de los combustibles fósiles, es necesario un enfoque holístico y sostenible para hacer frente a las causas del cambio climático. Las acciones colectivas urgentes basadas en la solidaridad mundial y la rendición de cuentas de los responsables del cambio climático son más urgentes que las negociaciones mundiales interminables. Mantener el statu quo con el enfoque de "todo sigue igual" en la transición hacia la energía verde no hará sino exacerbar el consumo insostenible de los recursos del planeta, al tiempo que amplificará las desigualdades.

Por otra parte, reconocer y abordar nuestra vulnerabilidad ante el cambio climático, garantizar nuestra participación significativa en la configuración de las acciones climáticas, salvaguardar nuestros derechos y apoyar nuestro papel fundamental como guardianes de la naturaleza son indispensables para avanzar en la justicia climática y la sostenibilidad dentro de la agenda de acción climática global.

 

Sabiduría indígena: Piedra angular de la acción por el clima

Los pueblos indígenas poseen una gran riqueza de conocimientos tradicionales derivados de siglos de coexistencia armoniosa con la naturaleza. Esta sabiduría abarca el uso sostenible de la tierra, las prácticas de conservación y las estrategias de adaptación al clima que refuerzan la resiliencia de las comunidades, junto con medidas de mitigación como la regeneración del suelo, la reforestación y la restauración de turberas que mejoran el secuestro de carbono. Al integrar los conocimientos y las innovaciones indígenas en la acción por el clima como parte de la protección de nuestros derechos, el mundo se beneficiará de enfoques resilientes e ingeniosos frente a los retos medioambientales.

 

Potenciar las voces indígenas y fomentar la solidaridad y las asociaciones

Para impulsar un cambio significativo, es esencial revertir la criminalización de los pueblos indígenas a través de la coherencia política en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas a nivel nacional, regional y mundial, empoderar las voces indígenas y garantizar nuestra participación significativa en los procesos de cambio climático y desarrollo sostenible a nivel nacional, regional e internacional. Respetando y protegiendo nuestros conocimientos, capacidades y experiencia, el mundo puede forjar un camino más equitativo y sostenible hacia la resiliencia climática.  Esto también requiere construir solidaridad y alianzas con los pueblos indígenas como un actor indispensable con dignidad y derechos.

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