16 de abril de 2024. Dado que la criminalización contra los pueblos indígenas es una amenaza global, representantes de diversos pueblos indígenas se dieron cita en la 23 sesión del UNPFII para analizar esta amenaza y proponer formas de enfrentarla.
Joan Carling, Directora Ejecutiva de IPRI, señaló que la criminalización es el tema central de su organización. Desde esa experiencia, señaló que las políticas y leyes nacionales son una gran fuente de criminalización del modo de vida y la organización indígenas. Advirtió que “somos todavía más criminalizados cuando defendemos nuestras tierras y derechos, somos encarcelados, somos asesinados. Es una lucha de vida o muerte para los pueblos indígenas en todo el mundo”. Para ella, es necesario emprender reforma de políticas pero también apoyar a quienes están enfrentando la criminalización.
Ei Ei Min, una de las autoras del informe del UNPFII sobre criminalización, llamó la atención sobre las dos dimensiones de esta cuestión: el uso de la ley para criminalizar la defensa de los territorios y los derechos de los pueblos indígenas, pero también el reconocimiento inadecuado de los derechos indígenas en las leyes nacionales. Advirtió que los efectos de la criminalización recaen no sólo sobre individuos, sino sobre comunidades y sus derechos.
“Esto va a empeorar porque el desarrollo industrial amenazará a mas del 60% de nuestras tierras; hay 5 mil proyectos de transición de minerales en nuestras tierras”, señaló Ei Ei. La experta consideró que los mecanismos de la ONU han desarrollado jurisprudencia beneficiosa para los pueblos indígenas, pero se necesita acción más sistemática y más atención a asuntos como el desplazamiento forzado.
La persona indígena de Tanzania, de quien omitimos el nombre por razones de seguridad, lamentó que el Banco Mundial apoye proyectos que criminalizan y desplazan a los pueblos indígenas, yendo en contra del derecho internacional. EN vez de ello, considera, el Banco Mundial debe reconocer y alinearse con la UNDRIP. “Algo similar ocurre con la UNESCO en Ngorongoro y Loliondo. Están prohibiendo a los masai sus medios de vida y “quieren desplazarnos para dejar que los turistas ricos vayan a nuestras tierras”.
Janene Yazzie señaló que la represión contra las protestas pacíficas de los indígenas en Estados Unidos tiene como objetivo frenar las críticas a los proyectos desarrollistas. En este sentido, las demandas contra los protectores del agua y la tierra crean estrés y agotan los fondos de las organizaciones. “No hay ninguna movilizacion indígena que haya llevado a violencia, siempre son ceremonias, todas son desde el amor a la tierra, con nuestros hijos. Esto es en una nacion supuestamente desarrollada, pero eso pasa en todo el mundo. ¡Merecemos vivir en paz, organizarnos en paz!”, dijo.
También resaltó que Estados Unidos tiene la sexta tasa más alta de encarcelamiento de indígenas y destacó el caso de Leonard Peltier, líder indígena con casi medio siglo en prisión, en violación de sus derechos humanos.
Victoria Tauli-Corpuz, ex Relatora Especial de la ONU para los pueblos indígenas y cofundadora de IPRI, señaló que los perpetradores de la criminalización son los Estados y las corporaciones, así como los organismos multilaterales, que buscan acceder a las tierras y recursos de los pueblos indígenas para expandir sus negocios, desde el extractivismo hasta las áreas protegidas.
Señaló que las leyes discriminatorias, así como las leyes para proteger la infraestructura, y las acusaciones de terrorismo y lavado de dinero se utilizan para atacarnos. Invitó al numeroso público a conocer y hablar de casos, como el del desplazamiento forzado de 200 mil personas indígenas en Tanzania, el encarcelamiento masivo de maoríes y la prisión contra Leonard Peltier.
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