Las cicatrices son memoria. La militarización en pueblos indígenas de México
DECLARACIÓN POR IPRI MÉXICO
Para los pueblos indígenas de México es importante que se sepa que atravesamos una difícil situación de violencia e impunidad que con el paso del tiempo se acentúa y se va convirtiendo en un espiral de desesperanza. Ante este fenómeno se presenta la militarización de la seguridad pública como un mal necesario, que ha provocado debates en la opinión pública. Desde las organizaciones que elaboramos este pronunciamiento consideramos importante elaborar un informe como un insumo a ese debate.
El fenómeno de la militarización en México es una constante histórica con diferentes etapas y particularidades que obedece a distintos intereses políticos y económicos según la época. Este proceso es una herida abierta.
Es necesario dar cuenta de algunos hechos atroces, como la desaparición forzada de Víctor Yodo a manos de militares en 1978; los testimonios en Chiapas que dan cuenta de la intervención de altos mandos del ejército para armar y entrenar a los grupos paramilitares en los años 90, responsables en las desapariciones forzadas y los homicidios en contra de las comunidades indígenas de la zona norte de Chiapas; así como la ejecución extrajudicial de Hidilberto Reyes García de 12 años mientras las fuerzas armadas implementaban un operativo para detener al comandante de la Policía comunitaria de Ostula en el año 2015. Todos estos casos permanecen en absoluta impunidad.
Este escenario es el punto de partida para las formas de militarización que hoy siguen viviendo los pueblos indígenas. Reflexionar sobre los impactos en el tiempo de esos hechos permite comprender a qué se refieren los pueblos cuando dicen que son heridas abiertas, heridas que se profundizan y se convierten en antecedentes para nuevas violaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Frente a esta situación hoy queremos solicitar la solidaridad internacional para invitar a México a desarrollar propuestas que vayan en el siguiente camino:
2. Que en congruencia con la Declaración de los Derechos de los Pueblos Idígenas de las Naciones Unidas, el Estado mexicano, a través de la Presidencia de la República ordene a la SEDENA, SEMAR y GN la desmilitarización de los territorios indígenas.
3. Que el Gobierno Federal, en coordinación con los gobiernos estatales, municipales y con una amplia participación de la sociedad civil, especialmente de los pueblos indígenas, diseñen una estrategia integral de seguridad no militarizada que contenga y atienda la operación de los grupos de la delincuencia organizada y los grupos armados. Además de promover espacios de reflexión, diálogo y formación en torno a la construcción de paz en las comunidades indígenas con un énfasis en la seguridad ciudadana, los derechos humanos y en un marco de pertinencia cultural, respetando los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas.
4. Que en las comunidades indígenas donde existe presencia permanente o transitoria de las Fuerzas Armadas, se desarrollen los procesos pertinentes de consulta previa, libre e informada en las que se anteponga el derecho al consentimiento de las comunidades indígenas para decidir sobre sus territorios. De tal manera que en aquellas comunidades donde hay una manifestación pública de desacuerdo con la presencia militar se ordene la salida de esos elementos de las comunidades indígenas.
5. Que en aquellas comunidades indígenas en las que la presencia militar sea solicitada, las autoridades de los tres niveles de gobierno respeten el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, así como los canales, protocolos y procedimientos definidos por cada comunidad, respetando sus instituciones jurídicas y leyes tradicionales.
6. Que el Estado mexicano garantice el acceso a la justicia dando a conocer la verdad de los hechos como masacres, desaparición forzada y otras graves violaciones de derechos humanos en las que ha sido señalada la participación de elementos de las Fuerzas Armadas (Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Guardia Nacional). Que el sistema de justicia procese penalmente a quienes están siendo señalado como responsables.
Finalmente, a 9 años de la desaparición de 43 estudiantes en México, desde aquí exigimos justicia y castigo a los responsables, especialmente a las Fuerzas Armadas.
Las cicatrices son memoria
