15 de abril de 2024. Con el objetivo de reflexionar y compartir las formas en que las Directrices Actualizadas de la OCDE para empresas y derechos humanos pueden servir a los pueblos indígenas, defensores indígenas y activistas realizaron un evento paralelo durante la sesión 23 del UNPFII en Nueva York.
Joan Carling, directora ejecutiva de IPRI, comenzó ofreciendo contexto tanto de las guías como del proceso de revisión. Destacó que las directrices son importantes porque, aunque no son obligatorias, sí sientan estándares de operación para las empresas. Estas son empresas mineras, de energía, del agronegocio, entre un amplio rango, que impactan a los pueblos indígenas por medio del despojo de tierras, contaminación y ataques y asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos.
Carling señaló que el proceso de revisión de las directrices involucró discusiones con representantes indígenas de distintas partes del mundo, pues se buscaba que explícitamente se incluyera el reconocimiento, respeto y protección de los derechos de los pueblos indígenas, y como mínimo la implementación del Consentimiento Previo, Libre e Informado. La OECD sí incluyó referencias explícitas, y ahora será necesario desarrollar el proceso de implementación. Para ello, adelantó, será necesario tener estándares claros y una guía.
Christine Kaufmann, Presidenta del Grupo de Trabajo sobre Conducta Empresarial Responsable de la OECD, señaló que las directrices abarcan muchas áreas, y centran los sus esfuerzos donde más impactan las empresas. Esta revisión, destacó, fue un proceso muy abierto y se centró en tener un impacto ante retos clave, como el cambio climático y la biodiversidad, la transición digital y el elevado número de conflictos en el mundo.
Eirik Larsen, jefe del departmento de derechos humanos del Consejo Sami, señaló que es necesario conocer mejor las directrices, pues pueden representar nuevas oportunidades en particular en lo relativo al FPIC. El pueblo sami, señaló, está acostumbrado a interactuar con los gobiernos y necesita interactuar más con las empresas. También apuntó otra posibilidad de acción: el caso de las empresas nórdicas y sus actividades en el extranjero.
En Filipinas, compartió Joan Carling, un proyecto minero fue impuesto sin Consentimiento Previo, Libre e Informado. Los pueblos indígenas se dirigieron a los inversores (con sede en Noruega) y proveyeron evidencia de la falta de FPIC. Se retiraron fondos y la compañía tuvo que detener el proyecto.
Hannah Greep, oficial de políticas e incidencia en OECD Watch, señaló que las directrices ahora contienen estándares más robustos en aspectos que antes no incluía, como el FPIC y la implicación significativa, el alto a las represalias y la protección de personas defensoras de derechos humanos, así como el cambio climático. Señaló que se debe levantar una queja contra la compañía que no está siguiendo las directrices; en algunos casos, habrá recomendaciones, compensaciones o cambio de políticas. Recomendó usar las directrices en combinación con otros instrumentos para una interpretación más sólida.
Por su parte, Prabindra Shakya, fundador y director de Community Empowerment and Social Justice Network (CEMSOJ), advirtió que espera que haya más apoyo a las quejas que se interpongan. También señaló la necesidad de que haya más normas vinculantes, que sea más explícito sobre el FPIC, y que se establezca responsabilidad penal si atacan a las personas defensoras.
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