Santa María Ostula: de la violencia y el despojo a la defensa del territorio

Pedro Mercado, de 23 años, miembro de la comunidad indígena Nahua de Ostula, al igual que muchos jóvenes de su comunidad, es heredero de las luchas de su territorio. A lo largo de su joven vida, ha sido testigo de ataques contra su comunidad. Cuarenta personas han sido asesinadas y otras cinco han desaparecido. Pero a lo largo de esos años, también ha sido testigo de la resiliencia y la fuerza de su pueblo en la defensa de su territorio.

Su territorio ha sido el blanco constante de muchas agresiones y otras actividades ilícitas. Es rica en hierro y otros minerales que atraen a mineros tanto legales como ilegales. Forma parte de las rutas de narcotráfico entre México y Colombia. Su rica biodiversidad, playas y bosques preciosas atraen a emprendedores turísticos, estancieros y madereros ilegales. Además, el crimen organizado aumenta en esta parte de México.

Actualmente Pedro es miembro del Consejo Comunal, uno de los principales órganos de toma de decisiones de la comunidad; y el otro es la Asamblea General, en la que participa la mayoría de las 11.500 personas que viven allí. Representa a Ostula en foros nacionales e internacionales, conectando otras comunidades y organizaciones sociales y por supuesto, en comunicación comunitaria.

El largo camino de la lucha de Ostula

La lucha por la tierra es un proceso continuo en México. Muchas son las experiencias de las comunidades campesinas, indígenas o no, que demuestran la necesidad de atender las demandas de tierras y garantías para el trabajo agrario. Para los Pueblos Indígenas, el marco superpuesto y contradictorio de la ley agraria y su derecho colectivo a sus tierras, territorios y recursos naturales es un punto importante de conflictos. Además, la irresponsabilidad, la corrupción y los intereses económicos de los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana utilizaron la política de distribución agraria como medida paliativa para las comunidades y también como mecanismo de división y control. El caso de la comunidad Nahua de Santa María Ostula ejemplifica la persistencia de este patrón. Su lucha por la tierra comenzó con lo que ha sido considerado un error de medición por las instituciones. Pero para muchos, se sabe que es un mecanismo de despojo y justificación de la violencia que ha persistido durante generaciones.

A mediados de la década de 1950, la comunidad solicitó la titulación oficial de su territorio y el registro como comunidad agraria bajo el régimen de tierras comunales. El gobierno mexicano tomó como base los títulos primordiales del siglo XVIII y realizó mediciones y mapas que dejaron fuera, "por error", una franja considerable de tierra.

En 1964, año en que la comunidad recibió los títulos de propiedad avalados por el Departamento de la Reforma Agraria, se dieron cuenta de que no fueron incluidos aproximadamente dos kilómetros de tierra que se extendía desde la costa hasta la zona montañosa, que tiene un total de 1.250 hectáreas. Los habitantes mestizos y ganaderos del pueblo vecino llamado La Placita de Morelos se beneficiaron significativamente de este supuesto error. A partir de ese momento, se inició un conflicto entre ellos.

Según testimonios de las autoridades comunales de Ostula de esa época, "se hacía así porque los pequeños propietarios de La Placita emborrachaban a los ingenieros que venían a medir, les daban dinero, mujeres y les decían que no podían dejar tanta tierra a unos indios".

Con el paso de las décadas, la animosidad entre las poblaciones se tradujo en muchos episodios de racismo contra el pueblo de Ostula provocados por aquellos que codiciaban parte de su territorio. No se les permitía ir a la Placita con sus ropas tradicionales ni hablar Nahuatl, ni tampoco caminar por las aceras.

Hay que reconocer que la causa de la lucha de la comunidad de Ostula es el reconocimiento de su derecho colectivo al territorio, tal como lo establece el derecho internacional. La lucha legal que han emprendido tiene como objetivo que los tribunales agrarios reconozcan la extensión que pertenece a la comunidad agraria y que le ha sido arrebatada ilegalmente. La comunidad merece seguridad jurídica sobre la propiedad de su territorio. Es un derecho adquirido que no debe estar sujeto a la discrecionalidad de los jueces, sino a los principios de convencionalidad que trascienden el marco de lo establecido en el Derecho Agrario.

Un nuevo enemigo toma forma

Desde finales de la década de 1990 y principios del nuevo siglo, las tierras en disputa, conocidas como Canaguancera, fueron utilizadas para descargar cientos (tal vez miles) de embarcaciones desde Colombia que transportaban cocaína a Estados Unidos. Fue el Cártel del Milenio el que logró consolidar una fase transnacional del transporte de esta droga en la región y a partir de entonces, las organizaciones criminales conocidas como la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios repitieron el patrón.

Entre 2003 y 2004, el Comisariado de Bienes Comunales de Ostula, un órgano de gobierno local encargado de los asuntos agrarios, comenzó a plantear en la Asamblea General de la comunidad su preocupación por la propiedad de los Canaguancera y la invasión de algunas personas de La Placita de algunos terrenos donde incluso habían comenzado a construir. La comunidad investigó y se dio cuenta de que las tierras en disputa ya habían sido demarcadas y se estaban vendiendo lotes a pequeños propietarios, bajo la promesa de promover el turismo de la zona.

Los que detentaban el poder político en la comunidad Nahua, también reclamaban la propiedad de estas tierras, mediante el uso de documentos falsos. Pertenecientes al PRI (Partido Revolucionario Institucional), que controló totalmente el sistema político en México durante más de 70 años, fueron alcaldes y operadores, además de ser, simultáneamente, parte del cártel de los Caballeros Templarios. Fueron estas personas que demandaron a la comunidad y presentaron una acción judicial en su contra para robar, legalmente, las tierras de la comunidad, que aún hoy siguen vigentes. En el año 2024 se completan 20 años de irregularidades e injusticias.

El reto continuo 

Así como Pedro creció con todo este camino de lucha, defensa y reconstitución del tejido social, la comunidad sigue floreciendo demostrando su voluntad de defender la vida más allá de cualquier interés económico y contra las organizaciones criminales.

Durante los 20 años de demanda agraria y lucha en defensa de la tierra, la comunidad tomó una determinación fundamental que marcó un antes y un después: el 29 de junio de 2009, después de una serie de discusiones a nivel comunal y diversas sentencias contra ellos, Ostula recuperó las tierras en disputa y fundó allí un pueblo llamado Xayakalan. Hoy, en lugar de descargar botes llenos de cocaína, hay una escuela, un centro de reunión comunitario, allí viven cientos de familias, se cultiva papaya, hibisco, maíz y ajonjolí, y una de las playas más hermosas de la región se mantiene limpia para el uso de la comunidad. Pero el interés del gobierno, de los actores empresariales y de otros actores externos sigue presente. La lucha de la comunidad por defender su tierra y su cultura continúa. Una nueva generación de personas está liderando la comunidad, mujeres y hombres que conocen su historia y han sido parte de ella, pero que con la frescura de la juventud pueden inyectar nueva energía a un lugar que es un espejo de lo que es el país y de lo que podría ser si se defendieran los proyectos de vida.

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*El Fondo de Defensa Legal y Refugio del IPRI atendió la solicitud de Pedro Mercado de refugio temporal y apoyo psicosocial.