Este 13 de abril, los más de cien participantes de la Conferencia “Los Pueblos Indígenas y la Transicion Justa” se concentraron en la discusión de modelos de prosperidad compartida en proyectos de energía limpia y en los retos que se encuentran.
Alancay Morales, líder de Empresas y Derechos Humanos de IPRI, inició señalando que los pilares para una transición justa son los derechos humanos, la protección socia, las negociaciones justas y la prosperidad compartida. También destacó como indispensables el apoyo técnico y financieron, que la prosperidad compartida llegue en más de 50% a los pueblos indígenas y que se lleve a cabo el proceso de consentimiento previo, libre e informado.
Matshwenyego Josephine Ntshipe, mujer líder indígena de Botswana, señaló que los proyectos de energías renovables han tenido impactos en sus pueblos que incluyen la pérdida cultural, que no se reciben beneficios compartidos y que muchos ni siquiera tienen servicio de electricidad. Desde su experiencia, las recomendaciones de buenas prácticas son tener un grupo fuerte de incidencia, capacitar a la comunidad y exigir leyes que protejan sus derechos. De la misma manera, que no se permitan avanzar a ningún proyecto que no haya cumplido con el Consentimiento Previo, Libre e Informado e incrementar la propiedad indígena en los proyectos de energía.
Con una experiencia de minihidroeléctricas comunitarias se presentó Isabel Cuxé Prir, mujer maya de Guatemala perteneciente a la organización Madreselva. Con 6 microcentrales construidas de propiedad y beneficio social, la activista señala que este proyecto ha contribuido a potenciar la actividad económica, beneficiar la educación y la salud y empoderar a la comunidad, todo mientras se utiliza apenas el 15% del caudal de los ríos. Ha sido un reto que las mujeres puedan ser socias y capacitarlas, señaló. Y entre las lecciones dijo: priorizar proyectos con organización comunitaria y mayor numero de usuarios, potenciar los estudios previos, y contar con acompañamiento legal y capacitación constante.
Monica Paradise, de Tribal Liaison Western Region - Alliance for Tribal Clean Energy destacó que no hay una definición única de Transición Justa. Desde su experiencia, agregó, los proyectos de energía limpia con propiedad de los pueblos indígenas les ha permitido mantener un ecosistema saludable y apoyar otros esfuerzos comunitarios, además de ayudar a curar el trauma histórico por medio de la creación de empleos y la provisión de servicios esenciales. “Es una oportunidad de ser impuslores”, recalcó.
James Jenkins, director ejecutivo de Indigenous Clean Energy Canada, señaló que los proyectos externos de energía han traído reubicaciones y pérdida de patrimonio para los pueblos indígenas. En el nuevo panorama, la participación indígena en los proyectos de energía limpia -solar, eólico, hidroeléctrico, de biomasa, de hogares eficientes y de almacenaje de energía- ha llegado al 20% en Canadá. En este caso, el impulso a este tipo de proyectos viene de fondos federales y legislaciones provinciales favorables.
Pichamon Yeophanton, del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de la ONU dio una exposición de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Melina Laboucan-Massimo, fundadora y directora ejecutiva de Sacred Earth Solar, invitó a descargar los manuales de su organización para abundar en las diferencias entre modelos para los proyectos de prosperidad compartida, como las cooperativas y los modelos manejados por las comunidades. Destacó que en este tipo de proyectos, las ganacias regresan a la comunidad y la benefician, por ejemplo con la capacidad financiera para comprar camiones de bomberos o establecer parques, escuelas, agua. “El dinero permanece en la comunidad”, resume.
Prabindra Shakya, fundador y director de Community Empowerment and Social Justice Network, advirtió que algunos gobiernos, como el nepalí, utilizan los convenios de beneficios compartidos con las comunidades indígenas como un sustituto al Consentimiento Previo, Libre e Informado. También critic que en algunos de esos modelos, los beneficios no llegan a las personas más afectadas. Para que los proyectos sean justos, las comunidades demandan respeto a la CPLI a lo largo de todo el ciclo del proyecto y dar prioridad a los pueblos indígenas en los beneficios. Además, los beneficios deberían ser colectivos, no individuales. Lo idea, dijo, son modelos liderados por indígenas de escala pequeña y mediana en sociedad con empresas y el sector público.
Ruth Kissam, de Papua New Guinea Women Leaders Network, señaló que en su isla el 97% de la tierra es propiedad indígena. Defendió el derecho de las tribus a realizar actividades extractivas, pues son básicas para su economía.
Por su parte, Wikitoria Hepi-Te Huia, presidenta de Tauhara North No. 2 Trust, señaló que las comunidades decidieron que sí se debía construir en sus tierras una central de energía geotérmica -que está obligada a complir con la debida diligencia y obedecer la Ley de Tierras Maoríes. Hoy, los indígenas poseen el 35% de la estación y las ganancias se dedican al desarrollo de la comunidad.
Las y los participantes de la conferencia continuaron con el trabajo de discusión en grupos, que se reflejará en la construcción de una Declaración y una Hoja de Ruta de la Conferencia.
La conferencia se celebra del 12 al 14 y el 17 de abril, y está organizada conjuntamente por Right Energy Partnership with Indigenous Peoples (REP), el Business and Human Rights Resource Center (BHRRC) y la Indigenous Peoples Rights International, con el patrocinio del PNUD y el apoyo de Nia Tero, The Christensen Fund, Henry Luce Foundation, Waverley ST Foundation y el Columbia Center on Sustainable Investment.
