En la semana del 27 al 31 de marzo de 2023 las organizaciones internacionales Indigenous Peoples Rights International (IPRI) y Front Line Defenders realizamos una visita conjunta a Chiapas con el objetivo de documentar la situación de riesgo y violencia que viven personas defensoras, organizaciones y comunidades indígenas en el estado. Nos reunimos con 30 personas defensoras y autoridades indígenas de 12 casos de personas defensora o procesos comunitarios que enfrentan riesgos por su labor de defensa, de los pueblos tseltal, tsotsil y ch’ol de los municipios de Palenque, Tila, Chilón, Chenalhó, Ocosingo, Simojovel, San Cristóbal, San Juan Cancuc, Aldama y Chicomuselo.
En estas reuniones recibimos información sobre una nueva ola de violencia en contra de personas defensoras y comunidades indígenas ch’oles, tsotsiles y tseltales, además de diversas preocupaciones respecto a la impunidad que ha acompañado este contexto. Además de reuniones y entrevistas con organizaciones de sociedad civil locales, nacionales e internacionales basadas en Chiapas, se sostuvieron dos reuniones con autoridades del gobierno estatal: Una con la directora de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Marisol Gómez Hernández, y una segunda con la Fiscalía, representada por el Dr. Manuel de Jesus Corado de Paz, Director de Atención a Víctimas, y el Dr. Pedro Sergio Becerra Toledo, Director para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.
Estas son las principales observaciones de ambas organizaciones, resultado del trabajo de documentación y recopilación de testimonios de esa visita:
- Identificamos un claro patrón de criminalización en contra de personas defensoras indígenas que defienden los derechos ambientales, al territorio, a la autonomía y a la libre determinación de sus comunidades. Este patrón se evidencia en el creciente número de casos en la fabricación de crímenes y en violaciones al debido proceso con un fuerte impacto en la organización comunitaria y en la lucha por los derechos colectivos. Esto lo observamos en casos como el de Cristóbal Santiz de Aldama y el del Padre Marcelo Pérez Pérez de San Cristóbal.
- Resaltamos que en el contexto actual de uso del sistema penal en contra de las personas defensoras y comunidades, existe un patrón de criminalización en contra de quienes se han opuesto a la militarización de sus comunidades y como parte de su lucha en defensa de sus derechos colectivos. Esto puede ser observado en los casos de Manuel Santiz Cruz de la comunidad de San Juan Cancuc, de César Hernández y José Luis Gutiérrez del ejido de San Sebastián Bachajón en Chilón (quienes están a la espera de la próxima audiencia el 24 de abril), de Cristóbal Santiz de Aldama y en el caso de las recientes investigaciones en contra de personas defensoras en la comunidad de Taniperla en Ocosingo.
- Observamos la falta de soluciones duraderas a los conflictos agrarios y territoriales en las comunidades, lo que sigue representando un riesgo alto para las personas defensoras y continúa perpetuando la descomposición del tejido social de las comunidades. Esto se ha visto agravado con la situación actual de despojo de tierras en el contexto de militarización de la región y por la disputa por el control territorial y la imposición de las actividades económicas por parte de grupos del crimen organizado.
- Hay una delicada situación provocada por la falta de intervenciones oportunas por parte de las autoridades del Estado ante las amenazas y el riesgo al que se enfrentan las personas defensoras de las comunidades indígenas en Chiapas. A pesar de que las personas defensoras en riesgo han reportado y/o denunciado graves amenazas y ataques, las autoridades no han logrado intervenir antes de que muchas de estas deriven en casos de graves violaciones de derechos humanos. Esto ha sido el caso del asesinato del defensor Simón Pedro Pérez, expresidente de la mesa directiva de Las Abejas de Acteal; la situación que se vive con las 5 familias desplazadas de Nueva Palestina, municipio de Ocosingo como consecuencia de una cadena de graves violaciones de derechos humanos incluyendo: desaparición, tentativa de homicidio, tortura sexual, lesiones, quema y destrucción de sus propiedades, lo que llevó al desplazamiento de 25 personas, incluyendo niñas, niños y adolescentes; así como la violencia física, hostigamiento y amenazas de muerte en contra de la defensora tsotsil Pascuala López López del ejido Pinar Cuxtitalli, en San Cristóbal de Las Casas.
- Con preocupación reconocemos que las personas defensoras y sus comunidades llevan a cabo su labor de defensa de derechos humanos en un contexto de proliferación y diversificación de grupos armados, lo que ha empeorado una compleja situación heredada del contexto del paramilitarismo de los años 90 y la continua impunidad conectada a dicho fenómeno.
- Recogimos importantes testimonios que dan cuenta de la existencia de vínculos entre autoridades estatales y municipales con el crimen organizado, lo que genera condiciones favorables para que prevalezca la impunidad. A esta crisis se suma lo que identificamos como un patrón en el retraso y postergación de las audiencias de casos vinculados a personas defensoras de derechos humanos, tanto de procesos de búsqueda de justicia, como es el caso del asesinato del defensor Simón Pedro Pérez López, o en el proceso de criminalización de personas defensoras, como es el caso de Manuel Santiz Cruz de la comunidad de San Juan Cancuc.
- Finalmente, identificamos dentro de las instituciones de gobierno del estado una falta de reconocimiento de la labor de defensa de derechos humanos dentro de las que realizan personas defensoras y comunidades indígenas. Esto es particularmente evidente en la sentencia dictada el 31 de marzo sobre el asesinato del defensor de derechos humanos Simón Pedro, en donde nunca fue incorporada a la investigación ni en la resolución su labor de defensa de derechos humanos como parte del móvil del homicidio. La falta de reconocimiento de la labor de defensa de derechos humanos y el riesgo que resulta de ésta suma al contexto de estigmatización y a las campañas de desprestigio en contra de las personas defensoras de derechos humanos, como ha sido el caso del defensor Padre Marcelo Pérez Pérez.
A t e n t a m e n t e
Front Line Defenders
Indigenous Peoples Rights- International-IPRI
Datos de Contacto:
Sandra Patargo. Coordinadora de Protección para las Américas en Front Line Defenders
+55 11 98823-4620
Citlalli Hernández Saad. Coordinadora Nacional en México en Indigenous Peoples Rights- International-IPRI
+52 1 614 130 6883
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