9 de mayo de 2025
Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (IPRI) se encuentra profundamente preocupada por el uso de la fuerza y las violaciones de derechos contra las comunidades tribales Jenu Kuruba, Betta Kuruba, Yerava y Paniya en el contexto de su retorno a sus tierras ancestrales. El desalojo de estos pueblos se ha producido en el contexto de la expansión de las reservas de tigres en el sur de la India. IPRI es una organización internacional dirigida por indígenas que se dedica a abordar la criminalización y las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo.
De acuerdo con la información recabada por nuestros socios, el 4 de mayo de 2025, miembros de las comunidades tribales Jenu Kuruba, Betta Kuruba, Yerava y Paniya declararon públicamente su intención de regresar a y reclamar sus aldeas forestales tradicionales en el Parque Nacional de Nagarahole, tras haber sido desalojados sin su consentimiento ni una reubicación física y culturalmente adecuada.
La tarde del 5 de mayo, unas 52 familias jenu kuruba comenzaron la reivindicación de sus derechos y empezaron a construir espacios sagrados para sus deidades, una práctica habitual en su comunidad cuando se restablece un pueblo. La respuesta del Estado no fue dialogar y buscar soluciones, sino enviar 120 efectivos del Departamento Forestal de Karnataka y de la Fuerza de Protección de Tigres del Estado de Karnataka para desalojar a las familias. Esta respuesta injusta es innecesaria y sólo empeorará la marginación y discriminación de la tribu Jenu Kuruba.
El sistema de conservación de fortaleza consistente en expulsar a los seres humanos de las zonas de conservación sin respetar los derechos de los pueblos indígenas que han vivido en armonía con el medio ambiente y la biodiversidad lleva décadas aplicándose en la India, afectando a la vida de miles de indígenas.
Nagarahole fue declarada santuario de vida salvaje por primera vez en 1955. En 2012, la superficie total de la reserva alcanzaba los 847.981 km2 actuales. Tras la introducción de la Ley de Protección de la Vida Silvestre de 1972, más de 3400 familias tribales fueron reubicadas, pero la mayoría de ellas no han sido readaptadas adecuadamente. Ante esto, desde 2010, varias familias jenu kuruba han realizado múltiples intentos de regresar a Nagarahole, encontrándose siempre con una violenta respuesta estatal.
El 19 de junio de 2024, la Autoridad Nacional para la Conservación del Tigre (NTCA) emitió una directiva que identificaba a 64 801 familias de 591 aldeas para su reubicación de las zonas designadas como hábitat central/crítico del tigre. Los miembros de las tribus del Parque Nacional de Nagarahole han expresado su profunda preocupación por esta directiva y han exigido que el gobierno la retire. También han cuestionado la legalidad de declarar Nagarahole reserva de tigres sin el consentimiento de los Gram Sabhas (consejos de las aldeas) locales, alegando que esto viola múltiples leyes, entre ellas la Ley Panchayat (Extensión a las Áreas Catalogadas) de 1996 y la Ley de Derechos Forestales de 2006.
Nos preocupa profundamente que los esfuerzos de los pueblos indígenas por obtener reparación por los desalojos y hacer valer sus derechos se hayan topado con la criminalización y la violencia impunes.
Por ejemplo, las autoridades han negado o retrasado el reconocimiento de sus derechos forestales, lo que ha facilitado que se les considere ilegales y se les nieguen sus derechos. Además, ante sus protestas por la injusticia, se han visto acusados falsamente de agredir a agentes de la ley o de contrabando. En el pasado, varios miembros de tribus también han sido atacados con armas de fuego por guardias forestales.
Aunque los pueblos indígenas y sus defensores han intentado llevar los casos de agresión ante los tribunales y las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH), estos han quedado impunes porque las autoridades se niegan a investigar. Incluso se archivó la investigación sobre el asesinato en 2023 de Maasti (30 años), un hombre kenu kuruba.
IPRI condena enérgicamente tanto la denegación de los derechos de los pueblos indígenas como el uso indebido del derecho penal y la violencia estatal para castigarlos. Estos aspectos configuran un patrón clásico de criminalización contra las comunidades y líderes indígenas que defienden sus territorios, sus derechos y sus formas de vida, lo que es impropio de un Estado que se proclama democrático y respetuoso del Estado de Derecho.
IPRI insta al Estado de la India a:
- Respetar y garantizar la protección de los derechos de los pueblos tribales sobre sus tierras ancestrales.
- Iniciar inmediatamente una investigación imparcial sobre las agresiones contra miembros de las tribus a manos de guardas forestales, hacer que los responsables rindan cuentas y adoptar medidas culturalmente adecuadas de reparación y no repetición.
- Desestimar las acusaciones falsas presentadas contra líderes y miembros de comunidades indígenas.
- Poner fin a la respuesta violenta contra las comunidades tribales retornadas Jenu Kuruba, Betta Kuruba, Yerava y Paniya, y establecer un diálogo significativo para el respeto de sus derechos y su bienestar.
- Revisar las leyes y políticas relativas a la conservación para garantizar su adecuación al respeto, reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas.
Estudios científicos han demostrado que las áreas de biodiversidad gestionadas por los pueblos indígenas están mejor conservadas y protegidas que las gestionadas por los gobiernos y otros actores. Reafirmamos que respetar y proteger los derechos de los pueblos indígenas poniéndoles en el centro de la protección de la biodiversidad garantizará la coexistencia pacífica y modelos de conservación eficaces.
