La alarmante violencia en la República Democrática del Congo (RDC) continúa tras la reciente invasión y ocupación de Goma y Bukavu, en el este de la RDC, por parte del grupo rebelde M23/AFC respaldado por Ruanda, desde el 27 de enero y el 14 de febrero de 2025, respectivamente, hasta la actualidad. Los informes de las organizaciones de derechos humanos y de las Naciones Unidas indican que más de 3000 civiles murieron en Goma durante estos ataques. Los pueblos indígenas y los defensores de sus derechos han sido blanco específico de estas matanzas, y miles de familias han sido desplazadas, lo que ha agravado aún más una crisis humanitaria ya catastrófica en la región.
Las masacres y el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas por parte de los rebeldes del M23, respaldados por Ruanda, en el este del Congo, son estrategias deliberadas para ocupar sus tierras y territorios con el fin de extraer ilegalmente minerales estratégicos, como casiterita, oro, coltán y tungsteno. Estas actividades han dado lugar a atrocidades generalizadas, como la utilización de niños en las operaciones mineras y la violencia sexual sistemática contra las mujeres indígenas en las provincias de Kivu del Norte, Kivu del Sur e Ituri. Además, los países que apoyan estas atrocidades siguen amenazando con nuevos ataques violentos. Los civiles, incluidos los pueblos indígenas y sus defensores, siguen siendo las principales víctimas de este conflicto, pero no reciben la ayuda humanitaria necesaria, la protección de la seguridad y el acceso a la justicia.
Como organización global de pueblos indígenas comprometida con la protección de los derechos de los pueblos indígenas, Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (IPRI) y sus organizaciones socias condenan enérgicamente la violencia que se está produciendo en el este del Congo, en particular los ataques dirigidos contra las comunidades de pueblos indígenas y sus defensores.
Hacemos un lamado urgente al Consejo de Derechos Humanos, al Consejo de Seguridad de la ONU, al Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, a la Unión Europea y a otros organismos y organizaciones pertinentes para que:
Pongan fin a la impunidad garantizando que los autores de estas atrocidades rindan cuentas y que se haga justicia para todas las víctimas civiles, incluidos los pueblos indígenas.
Exijan que el gobierno de Ruanda cese inmediatamente todo apoyo a los rebeldes del M23/AFC y garantice la retirada de sus tropas de la República Democrática del Congo.
Suspender la ayuda financiera y militar a Ruanda, ya que está alimentando la violencia en el este del Congo y facilitando la extracción y el comercio ilegales e injustos de minerales.
Suspender y revisar el memorando de entendimiento (MoU) entre la Unión Europea (UE) y Ruanda sobre el suministro de minerales críticos, asegurando que los minerales exportados por Ruanda no se extraigan ilegalmente del este del Congo a costa de desplazamientos, asesinatos y ataques contra los pueblos indígenas. Tales violaciones contravienen la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional humanitario y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Proporcionar ayuda humanitaria urgente y medidas de seguridad para todas las víctimas civiles, incluidas las mujeres y los niños indígenas, evitar nuevos ataques y abusos, y garantizar su protección inmediata y a largo plazo.
IPRI y sus socios se solidarizan con los pueblos y comunidades indígenas del este de la República Democrática del Congo e instan a la comunidad internacional a tomar medidas inmediatas y decisivas para poner fin a la violencia actual.
