Plan estratégico Quinquenal de IPRI, 2023-2027: Resumen

Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (IPRI) va camino de convertirse en una institución fuerte, dirigida por indígenas, que impulsa la campaña contra la criminalización, la violencia y la impunidad contra los pueblos indígenas.

Cada día, miles de pueblos indígenas se enfrentan a amenazas contra sus derechos individuales y colectivos. Estas amenazas a sus vidas y a su libertad proceden de quienes pretenden expoliar sus tierras, territorios y recursos para obtener beneficios rápidos. Dado que estos territorios contienen la mayor parte del carbono forestal y la biodiversidad del mundo, todos los ciudadanos de este planeta en creciente calentamiento tienen un enorme interés en poner fin a estas amenazas.

Las violaciones de los derechos humanos, cada vez más graves y numerosas, están motivadas por la explotación colonial y el racismo sistémico actuales. Los abusos incluyen asesinatos por encargo, torturas, amenazas de muerte, violaciones, acoso, desalojos ilegales, arrestos, detenciones, asimilación forzosa y criminalización del activismo indígena y de las prácticas de gestión forestal. Algunos de los abusos proceden de sospechosos habituales, como los intereses privados y los funcionarios locales que acaparan tierras indígenas para proyectos de infraestructuras masivas, plantaciones de monocultivos, minería a cielo abierto y turismo comercial. Pero otros autores son más sorpresivos, como las ONG internacionales que obligan a los pueblos indígenas a abandonar sus hogares ancestrales en nombre de la "conservación" y las "empresas ecológicas" que extraen minerales para baterías de coches eléctricos o madera de balsa para aerogeneradores.

En 2019, las líderes indígenas Victoria Tauli-Corpuz y Joan Carling se unieron para fundar la Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (IPRI) con el fin de defender a los valientes guardianes de los bosques y a los responsables de la naturaleza. Sabían que pocos activistas indígenas tenían acceso a abogados o refugio. Sabían que el ciclo de criminalización y abusos contra los derechos humanos continuaría si los defensores no conseguían reforzar la legislación nacional e internacional para la protección de los pueblos indígenas. En la actualidad, IPRI se distingue por ser la única organización mundial sin ánimo de lucro dirigida por indígenas que se centra en poner fin a la criminalización de los pueblos indígenas y a la falta de consecuencias para la mayoría de los violadores de los derechos humanos.

Para 2028, IPRI contará con los recursos suficientes como organización líder de la campaña mundial para reducir la criminalización y poner fin a las violaciones de los derechos humanos cometidas contra los Pueblos Indígenas con impunidad, con una voz mundial fuerte. Esto se complementará y vinculará con asociaciones regionales y nacionales con organizaciones y redes indígenas, así como con aliados en más de 10 países. IPRI habrá establecido una base de datos sólida y global como fuente creíble de información sobre la situación de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas. También iniciará una defensa política sostenida que producirá resultados positivos para reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas y en una mejor protección y acceso a la justicia por la violación de sus derechos individuales y colectivos. IPRI ocupará una posición privilegiada como centro de referencia en la defensa de los pueblos indígenas contra la criminalización, la violencia y la impunidad.

1. Intensificación de la defensa que ha dado lugar a decisiones, declaraciones políticas y acciones para abordar la criminalización y el acceso a la justicia a escala regional y mundial..
   1. Compromiso constante y eficaz con los órganos de derechos humanos y los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, el Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (a escala regional y mundial) y el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas..
   2. Mayor defensa y compromiso en los procesos mundiales sobre el clima y la biodiversidad para plantear la cuestión de la criminalización y las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas en las acciones de conservación y clima para abordarlas y mitigarlas..
   3. Reconocida como punto de referencia para los derechos humanos de los pueblos indígenas por la ONU y los órganos creados en virtud de tratados (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial/CERD, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer/CEDAW)..
   4. Elaboración de documentos políticos, presentaciones e intervenciones en los órganos y procesos de la ONU y de los tratados, por ejemplo, presentación al CEDAW que se incluyó en su Recomendación 39 sobre Mujeres y Niñas Indígenas, así como al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales..
   5. Aumentar la visibilidad y el apoyo a las organizaciones de pueblos indígenas a nivel local/nacional para que participen y defiendan eficazmente sus intereses a nivel mundial mediante la organización de reuniones con las misiones diplomáticas, el apoyo a la participación en las reuniones pertinentes y la organización de actos paralelos clave..

1. Aumentar la visibilidad y la concienciación sobre la criminalización y las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas mediante la investigación y el desarrollo de publicaciones de vanguardia y la difusión sostenida de comunicaciones..
1. Produjo y publicó seis (6) informes nacionales bien recibidos que documentan la criminalización de los pueblos indígenas, basados en investigaciones realizadas en 2019/20 y siete (7) informes más basados en investigaciones realizadas en 2021..
2. Publicación y lanzamiento de dos ediciones de Xanharu, una recopilación de jurisprudencia y decisiones a nivel nacional, regional y mundial sobre la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) y los tratados y convenios pertinentes para los pueblos indígenas..
3. Cobertura internacional, regional y nacional de sus actividades mediante el uso activo de las redes sociales y la mejora del sitio web..
4. Elaboración de un marco sobre criminalización desde la perspectiva de los pueblos indígenas.

1. Dirigió y apoyó campañas de los pueblos indígenas para hacer frente a la intensificación de la criminalización y las violaciones de derechos humanos a escala nacional y mundial..
1. Apoyó activamente la campaña contra el desalojo de 150.000 indígenas maasai en Loliondo (Tanzania) mediante la defensa de sus derechos ante la ONU y los organismos creados en virtud de tratados, reuniones con gobiernos y financiadores, peticiones y acciones eficaces en las redes sociales que aumentaron la visibilidad y el apoyo a la campaña..
2. Se enviaron cuatro (4) cartas públicas a funcionarios de gobierno exigiéndoles que actuaran para poner fin a la criminalización y a las violaciones de los derechos humanos en casos concretos urgentes, lo que generó un amplio apoyo por parte de diversas organizaciones, instituciones y particulares de todo el mundo, y se publicaron 14 declaraciones sobre la criminalización, principalmente a escala nacional..
3. Organización de convocatorias y reuniones entre líderes indígenas locales y defensores de primera línea de los derechos humanos con organizaciones internacionales de derechos humanos, organismos pertinentes de la ONU y donantes en relación con las preocupaciones urgentes y las amenazas a líderes y comunidades indígenas..

1. Aumento del apoyo jurídico y de santuario de emergencia a los pueblos indígenas y las mujeres indígenas a nivel comunitario: Entre 2021 y 2022, 31 casos de violaciones de derechos humanos en 23 países que involucraban a comunidades indígenas y defensores de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas en riesgo recibieron apoyo directo del Fondo de Defensa Legal y Santuario del IPRI.
   
   
2. Fortalecimiento de las asociaciones con organizaciones y redes de pueblos indígenas, organizaciones de derechos humanos y otras ONG, agencias y organismos de la ONU y gobiernos..
1. Colaboración estratégica con los socios nacionales de los seis (6) países seleccionados y apoyo a los mismos.
2. Colaboración activa con más de 60 organizaciones e instituciones en las actividades del IPRI.

1. Mejora de la gobernanza y la capacidad interna para dirigir la Iniciativa Mundial para Abordar y Prevenir la Criminalización, la Violencia y la Impunidad contra los Pueblos Indígenas.
1. Inicio del proceso de planificación estratégica inclusiva y elaboración del plan quinquenal del IPRI.
2. Deliberaciones y aprobación por el Consejo de los planes y presupuestos anuales, los informes financieros auditados, el Manual de Operaciones y las principales políticas y directrices, incluidas las políticas de anticorrupción, conflicto de intereses, no discriminación y género.
3. Adopción y aplicación de su Manual de Operaciones y refuerzo de las políticas, directrices y procesos financieros de la Secretaría Mundial..
4. Colaboración activa con los miembros de su Grupo Consultivo Internacional en la ejecución del programa..

Este plan se ha elaborado mediante un proceso inclusivo en el que han participado los socios de IPRI, los miembros del grupo consultivo, el personal y los miembros de la junta directiva. Asimismo, se basa en los logros y los puntos fuertes de IPRI, optimiza las oportunidades y aborda las debilidades y las posibles amenazas y retos cuando es posible. Este plan estratégico incluye objetivos, actividades clave y resultados esperados destinados a avanzar en la misión y las metas de IPRI para abordar y prevenir la criminalización, la violencia y la impunidad contra los pueblos indígenas hacia el fortalecimiento de sus comunidades, instituciones, solidaridad y acciones.

• Promover e impulsar la plena aplicación de las decisiones y recomendaciones favorables de las instituciones mundiales y nacionales pertinentes para hacer frente a la criminalización y garantizar el acceso a la justicia..
• Facilitar un mejor acceso a la justicia de las mujeres y los niños indígenas, y la plena protección de sus derechos..
• Ampliar y reforzar la colaboración con las organizaciones y los defensores de los derechos humanos, los organismos de la ONU y las instituciones pertinentes para trabajar juntos en los centros IPRI a escala regional y nacional que supervisarán y ejecutarán las campañas..
• Convocar periódicamente a los líderes de los pueblos indígenas y a los defensores de los derechos humanos y sus aliados para que compartan sus conocimientos y experiencias, incluidas las lecciones aprendidas y las recomendaciones sobre cómo reforzar las campañas para luchar contra la criminalización y la impunidad y obtener justicia para las víctimas.
• Colaborar con los sistemas/organizaciones de vigilancia de los derechos humanos existentes a escala mundial, regional y nacional, con los sistemas de vigilancia basados en la comunidad y con los observatorios de derechos humanos, para garantizar que se documenta el estado de criminalización e impunidad, se informa sobre él y se actúa en consecuencia de manera oportuna.

• Aumentar y mantener el compromiso con los organismos de la ONU y los mecanismos de reclamación y rendición de cuentas.
• Organizar y mantener campañas contra la criminalización (por ejemplo, Loliondo) con organizaciones indígenas y grupos de apoyo, y organizar investigaciones independientes..
• Organizar conferencias/talleres mundiales/regionales/nacionales sobre cuestiones relacionadas con la criminalización para ampliar la colaboración y la solidaridad y generar un apoyo generalizado.:
  • Conferencia Mundial sobre Criminalización y Pueblos Indígenas (2024);
  • Talleres sobre: Acceso a la justicia, derecho consuetudinario y sistemas de justicia indígena, y justicia ordinaria (2023); Conservación; Impactos de las operaciones empresariales (2025).
• Mantener e incrementar las asociaciones con organizaciones indígenas en al menos 10 países seleccionados..
• Convocar a jueces y abogados y emprender litigios estratégicos.
• Formación de los interlocutores indígenas sobre la defensa de los derechos en el marco de la ONU y de los sistemas regionales de derechos humanos.

• Reducción de la criminalización y mejora del acceso a la justicia y la protección de los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas en al menos tres (3) países objetivo y 50 comunidades de alto riesgo..
• Colaboración con al menos 100 organizaciones/redes indígenas e instituciones de derechos humanos..

• Sensibilizar y llamar la atención a nivel mundial sobre los casos, los acontecimientos positivos y negativos y las tendencias en materia de criminalización y situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas a través de materiales de comunicación, informes, notas sobre políticas y la base de datos mundial del IPRI..
• Publicar informes fidedignos para la promoción de políticas basadas en evidencias, incluido el acceso a la justicia, dirigidos a los organismos pertinentes a escala nacional, regional y mundial..

• Llevar a cabo una amplia documentación de casos de criminalización y violación de los derechos de los pueblos indígenas en colaboración con organizaciones y redes indígenas e instituciones de derechos humanos..
• Puesta en funcionamiento y actualización de la base de datos de IPRI.
• Publicar y difundir el Informe anual sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas, y Xanharu, el compendio de leyes y jurisprudencia sobre los derechos de los pueblos indígenas.
• Desarrollar herramientas de promoción como una base de datos mundial sobre la jurisprudencia de los Órganos de Tratados relacionada con los pueblos indígenas a la que puedan acceder defensores, jueces, abogados, pueblos indígenas y otras partes interesadas..
• Realizar investigaciones y publicaciones sobre:
  • Defensores indígenas de los derechos humanos y acceso a la justicia;
  • Cambio climático y criminalización de los pueblos indígenas en las acciones climáticas;
  • Criminalización del derecho consuetudinario y de los sistemas de justicia indígena;
  • Encarcelamiento y acceso a la justicia (ampliación/profundización);
  • La criminalización y sus impactos y consecuencias en las mujeres indígenas;
  • Desplazamiento forzado de comunidades indígenas.
• Aumentar la producción y publicación de materiales de comunicación creativos y atractivos en varios idiomas, aprovechando al máximo las plataformas de medios de comunicación tradicionales y sociales..

• Generación de datos sólidos sobre la criminalización y las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas utilizados activamente por los pueblos indígenas, los Estados, las organizaciones de derechos humanos, el mundo académico y otros actores relevantes como fuente fiable de información sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas..
• Mayor concienciación, atención y acción por parte de los Estados, incluidas las reformas políticas y el acceso a la justicia.

Ampliar el apoyo para facilitar la seguridad física de las personas, comunidades y organizaciones indígenas mediante el uso de los mecanismos de protección existentes y el establecimiento de otros nuevos cuando sea necesario para acceder a la justicia.

• Apoyo financiero, santuario, de salud, jurídico y de otro tipo.
• Facilitación de servicios jurídicos y creación de redes con abogados y equipos de abogados.
• Continuar el contacto con las organizaciones y redes de los pueblos indígenas, especialmente en los países y zonas de alto riesgo..
• Asociación con proveedores de servicios de refugio y otros servicios necesarios, como salud médica y mental, apoyo a la seguridad, etc..
• Asociaciones y creación de redes con donantes para el apoyo directo y el aumento de los fondos en este rubro.

• Proporcionó apoyo y asistencia jurídica, financiera, de salud y de otro tipo a al menos 120 personas defensoras indígenas de los derechos humanos, incluidas mujeres, y a al menos 100 comunidades indígenas en situación de riesgo.
• Colaboración activa y asociación con al menos 20 organizaciones que prestan servicios como apoyo jurídico y mecanismos de financiación que proporcionan apoyo y asistencia similares.

• Reforzar los mecanismos de gobernanza de IPRI y aumentar las capacidades del personal para la ejecución, gestión, seguimiento, evaluación y aprendizaje de los programas.
• Alcanzar la resiliencia organizativa mediante el fortalecimiento de las operaciones de la Secretaría Global  y el aumento de la movilización de recursos (de al menos 15 millones de dólares para cubrir el presupuesto quinquenal).

• Establecimiento de oficinas en EE.UU. y Ginebra (Suiza) para colaborar con las principales organizaciones de la ONU y de derechos humanos, así como con las oficinas regionales de IPRI en América Latina y África.
• Aumentar el compromiso con los miembros del Grupo Consultivo Internacional de IPRI; y hacer campaña en favor de los miembros afiliados en las siete (7) regiones del mundo.
• Mantener reuniones periódicas de la Junta y aumentar su participación en los programas de IPRI.
• Reforzar la gestión y la ejecución de los programas de la Secretaría Mundial mediante reuniones y consultas periódicas, formación, seguimiento, evaluación y valoración.
• Misiones de recaudación de fondos para establecer buenas relaciones con diversos donantes y generar los recursos necesarios para aplicar el plan estratégico quinquenal y más allá.

• Fortalecimiento de la gobernanza y la gestión institucionales y desarrollo de la resiliencia organizativa con financiación segura para la ejecución de su plan estratégico quinquenal..
• Reconocida como una organización mundial creíble de los pueblos indígenas por las organizaciones y redes indígenas, las organizaciones de defensa, los órganos y procedimientos especiales de la ONU, las instituciones y organizaciones de derechos humanos y los donantes.. 

“Indigenous peoples across the globe are increasingly subjected to criminalization and violations of their individual and collective rights with impunity. Help put an end to this.”