Las cicatrices se convierten en memoria. Militarización en los pueblos indígenas de México DECLARACIÓN DE IPRI MÉXICO Es importante para nosotros, los pueblos indígenas de México, dar a conocer que atravesamos una situación difícil de violencia e impunidad que, con el paso del tiempo, se acentúa y se convierte en una espiral de desesperanza.
Frente a este fenómeno, la militarización de la seguridad pública se presenta como un mal necesario, lo que ha provocado debates en la opinión pública. Nosotros, las organizaciones que elaboramos esta declaración, consideramos importante preparar un informe como insumo para este debate.
El fenómeno de la militarización en México es una constante histórica con diferentes etapas y particularidades que obedecen a distintos intereses políticos y económicos según la época. Este proceso es una herida abierta. Es necesario dar cuenta de algunos hechos atroces, como la desaparición forzada de Víctor Yodo a manos del ejército en 1978; los testimonios en Chiapas que dan cuenta de la intervención de altos mandos militares para armar y entrenar grupos paramilitares en la década de 1990, responsables de desapariciones forzadas y homicidios contra comunidades indígenas en la zona norte de Chiapas; así como la ejecución extrajudicial de Hidilberto Reyes García, de 12 años, mientras las fuerzas armadas implementaban un operativo para detener al comandante de la Policía Comunitaria de Ostula en 2015. Todos estos casos permanecen en absoluta impunidad.
Este escenario es el punto de partida de las formas de militarización que los pueblos indígenas continúan viviendo en la actualidad. Reflexionar sobre los impactos a lo largo del tiempo de estos hechos permite comprender a qué se refieren los pueblos cuando hablan de heridas abiertas, heridas que se profundizan y se convierten en antecedentes de nuevas violaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Ante esta situación, hoy queremos hacer un llamado a la solidaridad internacional para invitar a México a desarrollar propuestas que vayan en la siguiente dirección: 1. Reformar la Constitución para reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, con el fin de garantizar sus derechos colectivos a la libre determinación, la autonomía y el autogobierno, así como el mantenimiento de sus instituciones y sistemas de justicia y seguridad, y sus derechos sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, entre otros; en concordancia con el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como la armonización de las leyes estatales y municipales.
2. En congruencia con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Estado mexicano, a través de la Presidencia de la República, debe ordenar a la SEDENA, la SEMAR y la GN la desmilitarización de los territorios indígenas. 3. El Gobierno Federal, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales y con la amplia participación de la sociedad civil, especialmente de los pueblos indígenas, debe diseñar una estrategia integral de seguridad no militarizada para contener y atender la operación de grupos del crimen organizado y grupos armados. Asimismo, debe promover espacios de reflexión, diálogo y formación en construcción de paz en las comunidades indígenas, con énfasis en la seguridad ciudadana, los derechos humanos y en un marco de pertinencia cultural, respetando los derechos colectivos de los pueblos indígenas. 4. En las comunidades indígenas donde exista presencia permanente o transitoria de las Fuerzas Armadas, deben desarrollarse los procesos pertinentes de consulta previa, libre e informada, en los que se priorice el derecho al consentimiento de las comunidades indígenas para decidir sobre sus territorios. De tal manera que, en aquellas comunidades donde exista una manifestación pública de desacuerdo con la presencia militar, se ordene el retiro de estos elementos de las comunidades indígenas. 5. En aquellas comunidades indígenas donde se solicite la presencia militar, las autoridades de los tres niveles de gobierno deben respetar el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, así como los canales, protocolos y procedimientos definidos por cada comunidad, respetando sus instituciones jurídicas y sus leyes tradicionales. 6. El Estado mexicano debe garantizar el acceso a la justicia dando a conocer la verdad de los hechos en casos como masacres, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos en las que se ha señalado la participación de elementos de las Fuerzas Armadas (Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Guardia Nacional). El sistema de justicia debe ejercer acciones penales contra quienes resulten responsables.
Finalmente, a 9 años de la desaparición de 43 estudiantes en México, desde aquí exigimos justicia y castigo para los responsables, especialmente para las Fuerzas Armadas.
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