A principios de 2024, una comunidad indígena tagbanua se enfrentó a un desafío crítico cuando un soldado retirado reclamó la propiedad de cinco hectáreas de su tierra ancestral. La comunidad, consciente de la posible pérdida de sus hogares y medios de subsistencia, decidió emprender una acción colectiva para proteger su dominio ancestral.
La comunidad está situada en Barangay Bualbualan, Simpokan, ciudad de Puerto Princesa (Filipinas).
Movilización de la Comunidad y Primeros Pasos
Desde el principio, la comunidad organizó reuniones para debatir la reclamación de tierras y elaborar estrategias de respuesta.
Revisaron los documentos de las tierras ancestrales e identificaron los pasos legales y de procedimiento necesarios para impugnar la reclamación.
Miembros clave de la comunidad tagbanua tomaron la iniciativa de preparar declaraciones juradas que detallaban su presencia y administración de la tierra desde hacía mucho tiempo. Estas declaraciones, junto con los registros que confirmaban que la tierra forma parte del dominio ancestral de las comunidades tagbanua -que abarca aproximadamente 49.000 hectáreas, incluidas las aguas ancestrales- y está clasificada como tierra forestal (lo que la hace inelegible para la propiedad privada), constituyeron la base de su caso.
Compromiso con los organismos gubernamentales
La comunidad tagbanua se dirigió a los organismos gubernamentales para hacer valer sus derechos.
Escribieron a
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El Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales (DENR) verificará las clasificaciones de los terrenos, y
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La Comisión Nacional de Pueblos Indígenas (NCIP) confirmará los límites de su territorio ancestral.
El seguimiento persistente y la documentación garantizaron que sus preocupaciones siguieran en la agenda de las autoridades pertinentes. Gracias a sus esfuerzos, se presentó una queja formal ante el DENR solicitando la anulación del título de propiedad del individuo.
El apoyo jurídico refuerza el caso
Reconociendo la complejidad de la situación, la comunidad indígena buscó asesoramiento jurídico para reforzar su posición. Contrataron a un abogado de confianza que les guió en el proceso legal.
La implicación del abogado fue crucial, pero la comunidad siguió siendo fundamental en cada paso, participando activamente en la preparación de las pruebas y asegurándose de que se escuchaba su voz.
Enfrentarse a la intimidación y mantenerse firme
A lo largo de este proceso, los tagbanua dieron muestras de resiliencia.
Superaron importantes retos, como la intimidación por parte de personas con poder e influencia. Los líderes comunitarios se mantuvieron firmes, coordinando esfuerzos y recabando apoyos entre sus propias filas.
Su determinación no sólo retrasó un posible desplazamiento, sino que también envió un firme mensaje sobre su compromiso con la protección de sus tierras y aguas ancestrales.
Impacto y esfuerzos en curso
Este enfoque proactivo refleja la fuerza y el ingenio de los tagbanua. Sus esfuerzos han detenido las acciones de demolición previstas y han llevado el caso a la atención de los responsables políticos, con resultados aún pendientes.
De cara al futuro, la comunidad sigue abogando por el apoyo jurídico y educativo para hacer frente a las amenazas actuales y crear capacidad para los retos futuros.
Apoyo del Fondo de Defensa Legal y Refugio (LDSF)
El Fondo de Defensa Legal y Santuario (LDSF) del IPRI proporcionó una ayuda económica crucial, que permitió a la comunidad tagbanua acceder a asistencia legal y navegar por los procesos administrativos.
Esta ayuda desempeñó un papel de apoyo, capacitando a la comunidad para tomar la iniciativa en la defensa de sus tierras ancestrales y asegurar su futuro.
