IPRI condena la criminalización de líderes indígenas en Guatemala

30 de abril de 2025 Indigenous Peoples’ Rights International (IPRI), la organización indígena global que lidera la Iniciativa Global para Abordar y Prevenir la Criminalización, la Violencia y la Impunidad contra los Pueblos Indígenas, rechaza enérgicamente el arresto y encarcelamiento de los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán. Al mismo tiempo, expresa su solidaridad con las personas detenidas, sus comunidades y las organizaciones que han defendido la democracia, la autodeterminación y los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Según la información recopilada por los socios de IPRI en el territorio, el 23 de abril, Luis Pacheco, viceministro de Desarrollo Sostenible y quien se desempeñó como presidente de la Junta Directiva de Alcaldes Comunitarios de los 48 Cantones de Totonicapán en 2023, y Héctor Chaclán, miembro de la misma organización, fueron arrestados por orden del Ministerio Público bajo los cargos de sedición, asociación ilícita, terrorismo, obstaculización de la acción penal y obstrucción de la justicia. Además, se han emitido tres órdenes de captura adicionales que aún no han sido ejecutadas. Pacheco y Chaclán han sido puestos en prisión preventiva. Las acciones por las cuales se pretende imputar estos graves delitos se remontan a octubre de 2023, cuando diversas autoridades indígenas representando a sus pueblos se declararon en “Paro Nacional Indefinido”, llevando a cabo diversas acciones pacíficas en defensa de los resultados electorales que el propio Ministerio Público buscaba desconocer y, de manera más fundamental, también en defensa de la autonomía de sus pueblos y del orden constitucional. Diversas autoridades indígenas han señalado que los cargos penales contra el señor Pacheco y el señor Chaclán no son acciones contra individuos, sino una criminalización de los sistemas de gobernanza comunitaria indígena. El propio presidente del país, el señor Bernardo Arévalo, ha destacado el carácter criminalizador de la acción al señalar que las órdenes de captura constituyen un ataque contra el pueblo de Guatemala. IPRI considera que estas acciones penales injustificadas contra autoridades indígenas constituyen una grave violación de los compromisos internacionales que el Estado de Guatemala ha asumido voluntariamente. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un instrumento vinculante ratificado por Guatemala, establece que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener sus propias instituciones representativas y a participar libremente en la vida pública. Asimismo, tanto la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) como la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2016) reconocen el derecho a la autonomía, a la autodeterminación y a no ser objeto de actos de discriminación o violencia por el ejercicio de estos derechos. La criminalización de autoridades ancestrales, como las de los 48 Cantones de Totonicapán, constituye no solo un ataque al derecho consuetudinario indígena, sino también una amenaza directa al tejido democrático y al pluralismo jurídico que caracteriza a un Estado que se reconoce como intercultural y plural. Este uso indebido del sistema penal busca reprimir el derecho a la libre manifestación y a la defensa de los derechos humanos. IPRI rechaza enérgicamente cualquier intento de equiparar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y a la autodeterminación con delitos de terrorismo o sedición. En este sentido, hacemos un llamado urgente al Ministerio Público de Guatemala a: Liberar de manera inmediata e incondicional a los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán. Cancelar las órdenes de captura emitidas en este contexto de ejercicio pacífico de los derechos de los pueblos indígenas. Cesar el uso indebido del derecho penal con fines distintos a la justicia. Hacemos un llamado al Estado de Guatemala a: Respetar y proteger la autonomía de los sistemas propios de organización y gobernanza de los pueblos indígenas. Cumplir con sus obligaciones, garantizando el pleno ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas conforme a los estándares internacionales asumidos. Descargar la declaración aquí.

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