La Internacional por los Derechos de los Pueblos Indígenas (IPRI), organización indígena internacional creada para hacer frente a la criminalización y fortalecer los derechos de los Pueblos Indígenas, condena enérgicamente el uso excesivo de la fuerza por parte del Estado ecuatoriano contra las manifestaciones convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que han causado al menos tres muertes, decenas de detenciones y un número indeterminado de heridos. También expresa su profunda preocupación por las recientes iniciativas y políticas estatales que menoscaban los derechos colectivos de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas.
Las movilizaciones que comenzaron el 18 de septiembre y concluyeron el 22 de octubre se originaron en respuesta al aumento de casi el 60% del precio del gasóleo, medida que ha agravado el coste de la vida y afectado especialmente a las comunidades indígenas dedicadas a la producción agrícola. Sin embargo, las protestas también expresan un rechazo más amplio a los proyectos petroleros y mineros en zonas limítrofes con territorios indígenas -incluidos los de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (IPVI)- y a una serie de iniciativas legislativas y proyectos que amenazan los derechos territoriales y medioambientales, así como la autodeterminación de los Pueblos Indígenas. Entre ellas destaca la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas, aprobada sin el consentimiento libre, previo e informado de los Pueblos y Nacionalidades.
La aprobación de esta ley viola especialmente los Artículos 19, 29 y 30 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) y varios artículos de la Constitución ecuatoriana, al afectar al derecho a la propiedad y gestión colectiva de los territorios, a la autonomía y a la autodeterminación, además de permitir la militarización de la conservación del medio ambiente. Por estos motivos, el 8 de octubre de 2025, ocho mandatos de la ONU enviaron una comunicación formal al Estado ecuatoriano expresando su preocupación por las implicaciones de la ley y sus efectos sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.
La respuesta del Estado a las protestas ha sido desproporcionada y violatoria de los derechos fundamentales. Ha habido incursiones militares en comunidades indígenas, uso de gases lacrimógenos contra personas y viviendas, uso de armas de fuego, detenciones arbitrarias, acciones judiciales por terrorismo, suspensión de medios de comunicación indígenas y campesinos, y persecución judicial y financiera contra dirigentes de la CONAIE y organizaciones aliadas, como la Fundación Pachamama y Yasunidos. Esta represión ha provocado la muerte de los comuneros José Guamán, Efraín Fuerez y Rosa Paqui, además de decenas de heridos y detenidos injustamente acusados de terrorismo.
El Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (FPNUCI) expresó el 27 de septiembre su preocupación por la restricción de libertades bajo el Estado de Excepción, recordando que la Declaración reconoce los derechos de los Pueblos Indígenas a la participación política, la libertad de expresión, asociación y reunión (Artículos 5, 16 y 18), e instando al Estado ecuatoriano a garantizar el debido proceso, poner fin a la persecución y abrir un diálogo genuino.
Dada la gravedad de estos hechos, el IPRI:
- Expresa su solidaridad con los Pueblos Indígenas, nacionalidades, comunidades y comunas de Ecuador.
- Exige que se investiguen con la debida diligencia las muertes de José Guamán, Efraín Fuerez y Rosa Paqui, que se detenga y castigue a los responsables y que se proporcionen reparaciones culturalmente adecuadas a sus familias y comunidades.
- Exige la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente y el archivo de los procesos penales por terrorismo contra manifestantes y dirigentes indígenas.
- Condena el uso excesivo de la fuerza ante la protesta social, e insta al Estado ecuatoriano a garantizar los derechos a la vida, la integridad, la libertad de expresión, reunión y protesta pacífica.
- Rechaza las iniciativas y marcos normativos regresivos, en particular la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas, por sus impactos sobre los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, por no obtener el consentimiento libre, previo e informado, y por permitir la presencia militar en áreas de conservación.
- Alerta sobre la expansión de los proyectos extractivos, incluidos los proyectos petrolíferos en la frontera con territorios de Pueblos en Aislamiento Voluntario (PIAV), y el aumento de la minería ilegal, que suponen una amenaza directa para la supervivencia física y cultural de los Pueblos Indígenas.
- Insta a la comunidad internacional -en particular a los mecanismos de la ONU y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos- a persistir en el seguimiento urgente de la situación en Ecuador y a apoyar los esfuerzos en favor de la verdad, la justicia y la reparación.
El respeto de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas es un principio fundamental para los países que pretenden ser democráticos, especialmente en el caso de Ecuador, que se reconoce constitucionalmente como un Estado plurinacional y multicultural. El Estado ecuatoriano debe cesar la represión, garantizar los derechos fundamentales y cumplir sus obligaciones internacionales en virtud de la Declaración y de su propia Constitución.
