La conservación busca proteger la naturaleza. Sin embargo, en muchas partes del mundo, sigue haciéndolo a costa de los Pueblos Indígenas, quienes han protegido bosques, biodiversidad y ecosistemas durante generaciones.
De la criminalización a la colaboración genuina: transformando las leyes de conservación en marcos juridicos basados en derechos, publicado por Indigenous Peoples Rights International (IPRI), analiza cómo las leyes y políticas de conservación afectan a los Pueblos Indígenas en Camboya, India, Indonesia, Camerún, la República Democrática del Congo, Namibia, Tanzania, Guatemala, Colombia, Ecuador y Perú. A partir de análisis jurídicos regionales y estudios de caso nacionales, el informe identifica patrones recurrentes de exclusión, criminalización, desplazamiento forzado, restricciones a los modos de vida tradicionales y desconocimiento de los sistemas de gobernanza de los Pueblos Indígenas.
El informe sostiene que el principal desafío no radica en la ambición de las metas mundiales de biodiversidad, sino en la persistencia de modelos de conservación heredados de enfoques coloniales que excluyen a los Pueblos Indígenas de las decisiones sobre sus propias tierras y territorios. A pesar de la amplia evidencia de que la gobernanza indígena contribuye a conservar los bosques, proteger la biodiversidad y fortalecer la resiliencia de los ecosistemas, muchas políticas de conservación continúan debilitando precisamente los sistemas que han demostrado ser más eficaces para proteger la naturaleza.
Lejos de cuestionar la conservación como objetivo, la publicación propone un cambio de la criminalización a la colaboración genuina. Para ello, presenta recomendaciones jurídicas y de política pública orientadas a armonizar la conservación con los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos; la implementación del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI); el fin de los desalojos forzados y la criminalización; y un mayor apoyo a la conservación y la gobernanza territorial lideradas por los Pueblos Indígenas.
El informe concluye con recomendaciones dirigidas a gobiernos, organizaciones de conservación, donantes y organizaciones de Pueblos Indígenas, destacando que las metas globales de biodiversidad no podrán alcanzarse debilitando a las comunidades que han protegido algunos de los ecosistemas más importantes del planeta durante siglos. Una conservación basada en derechos no solo es más justa: también es más eficaz.
Descarga el informe y conoce el análisis jurídico comparado, los estudios de caso y las recomendaciones para transformar la conservación en un modelo que proteja, al mismo tiempo, la biodiversidad y los derechos de los Pueblos Indígenas.
