A pesar de los avances a nivel de políticas hacia un enfoque de conservación basado en los derechos humanos, incluida la reconocimiento y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, Indigenous Peoples Rights International (IPRI) continúa recibiendo informes y denuncias de pueblos indígenas de todo el mundo sobre violaciones de sus derechos humanos fundamentales derivadas de leyes y políticas de conservación. Hemos examinado los impactos de las áreas protegidas en este sentido, incluyendo su papel como motores de violencia y criminalización contra los pueblos indígenas.[1] Además, analizamos los impactos del turismo, a menudo vinculado a iniciativas de conservación a nivel nacional, tanto en los derechos colectivos como individuales de los pueblos indígenas.[2]
Un problema recurrente identificado en estos estudios es la falta de alineación entre el marco jurídico ambiental y los derechos de los pueblos indígenas reconocidos internacionalmente. En muchos casos, las leyes y políticas de conservación y protección ambiental no solo no protegen estos derechos, sino que también facilitan activamente su violación, lo que resulta en la criminalización sistemática de los pueblos indígenas.
Para profundizar en este análisis, IPRI examinó el marco jurídico y de políticas ambientales en 12 países de África, Asia y América Latina para evaluar su coherencia con las obligaciones internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas.
Este informe examina la relación entre la gobernanza ambiental y los derechos de los pueblos indígenas en países ricos en biodiversidad de Asia, África y América Latina. Analiza la legislación ambiental, las leyes sobre los derechos de los pueblos indígenas y las obligaciones internacionales pertinentes—en particular la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP)—con el fin de identificar inconsistencias jurídicas y de políticas. También documenta los impactos de estos marcos a través de estudios de caso seleccionados, destacando situaciones de violencia, desplazamiento y criminalización de comunidades indígenas. Con base en este análisis, el informe ofrece recomendaciones para fortalecer la armonización jurídica y las salvaguardas a fin de prevenir violaciones de los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de la protección ambiental.
IPRI espera que este informe contribuya a las reformas jurídicas necesarias a nivel nacional para poner fin a las graves violaciones de derechos humanos derivadas de leyes y políticas incompatibles con los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas. Asimismo, hace un llamado a todos los actores —Estados, instituciones internacionales, organizaciones ambientales, donantes y otros— a comprometerse con este objetivo.
[1] Indigenous Peoples Rights International. Redefiniendo las áreas protegidas: un estudio sobre la criminalización y las violaciones de derechos humanos contra los pueblos indígenas en el contexto de la conservación, noviembre de 2021. https://iprights.org/2022/01/04/global-report-redefining-protected-areas-a-study-on-the-criminalization-of-and-human-rights-violations-against-indigenous-peoples-in-conservation/
[2] Indigenous Peoples Rights International. Contribuciones al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas acerca del turismo y los derechos de los pueblos indígenas, junio de 2023. https://iprights.org/index.php/en/component/content/article/submissions-to-the-un-special-rapporteur-on-the-rights-of-indigenous-peoples-on-tourism-and-indigenous-peoples-rights?catid=9&Itemid=102
