Declaración de los Participantes de los Pueblos Indígenas en la Conferencia sobre los Pueblos Indígenas y la Transición Justa

Nosotros, los 87 representantes de los Pueblos Indígenas de la Conferencia sobre los Pueblos Indígenas y la Transición Justa, nos hemos reunido para abordar las cuestiones apremiantes que rodean la transición a la energía renovable y sus impactos en las comunidades de los Pueblos Indígenas. Representando a diversas Naciones y Pueblos Indígenas de 35 países de las siete regiones socioculturales del mundo, nos hemos reunido con un propósito común: abogar por una transición energética que proteja los derechos humanos, la equidad social, la integridad cultural, la inclusión y la participación plena y efectiva y la prosperidad de los Pueblos Indígenas basada en la sostenibilidad de nuestros recursos finitos.

En nuestros debates e intercambios, hemos llegado a reconocer las conclusiones críticas que resaltan la pertinencia y la urgencia de nuestra causa. Entre estas conclusiones se encuentran las siguientes:

Nosotros, como Pueblos Indígenas, reafirmamos nuestra conexión intrínseca con todos los ecosistemas y nuestros derechos a nuestras tierras, territorios y recursos, incluyendo nuestros bosques, agua, aire/viento, océano, mares y cielo - una conexión que trasciende la propiedad y destaca nuestra condición de administradores de la Madre Tierra.

Como Pueblos Indígenas, nos unimos en solidaridad, basándonos en nuestros principios, valores, prácticas y conocimientos compartidos sobre la gestión sostenible de los recursos para las generaciones presentes y futuras.

Reconocemos y apoyamos la necesidad de poner fin a la dependencia de los combustibles fósiles y transicionar a las energías renovables, ya que es fundamental para hacer frente a la crisis climática. Sin embargo, la trayectoria actual de la transición energética no cumple los criterios de justicia, equidad social y sostenibilidad ambiental, especialmente desde la perspectiva de los derechos y el bienestar de los Pueblos Indígenas.

Estamos experimentando una tendencia creciente de criminalización y ataques contra los y las Defensoras de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (DDHPI), que se manifiestan en contra de la imposición de proyectos mineros y energéticos que violan nuestros derechos. Esto está ocurriendo en ambos extremos de la cadena de valor de las energías renovables, incluida la extracción de minerales de transición y los proyectos de energías renovables. La falta de reconocimiento legal y de respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas, incluido el requisito de respetar nuestro Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), exacerba la desposesión de tierras y recursos, el desplazamiento, la destrucción de nuestros medios de vida, la desintegración de nuestras comunidades y el impacto a las mujeres y los jóvenes Indígenas en la transición energética.

Somos conscientes que más del 50% de los minerales de transición del mundo se encuentran en nuestros territorios. Un gran porcentaje del potencial de las energías renovables también se encuentra en tierras y territorios de los Pueblos Indígenas. Estamos alarmados por las graves consecuencias de la minería y el despliegue del desarrollo de energías renovables en nuestros territorios sin nuestro CLPI, violando nuestros derechos a la libre determinación y a nuestras tierras, territorios y recursos. La demanda de minería de minerales y metales de transición, impulsada por incentivos y otras acciones basadas en el mercado, tiene un enorme potencial de contaminación y agotamiento del agua a gran escala, conflictos, inseguridad alimentaria e impactos en nuestra salud física y mental, así como en la de otras comunidades.

Con estos riesgos, nos preocupan seriamente los intentos de las empresas mineras, las asociaciones industriales y los organismos intergubernamentales, incluido el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM por sus siglas en inglés), de no comprometerse con la norma mínima de respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas mediante la realización y aplicación adecuadas del CLPI, y la reticencia de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIF) a comprometerse explícitamente con la aplicación de la diligencia debida en materia de derechos humanos y la consulta significativa, incluidos los Pueblos Indígenas, en relación con la explotación minera de los fondos marinos. Es imperativo que no se siga aplicando el mismo enfoque de siempre para evitar la violación y el abuso a gran escala de los derechos de los Pueblos Indígenas y los conflictos resultantes.

La extracción excesiva de carbono y petróleo, así como de minerales de transición y tierras raras, supone una grave amenaza para nuestro planeta, por lo que es necesario realizar esfuerzos estratégicos para limitar la extracción y el consumo de estos. Aunque las comunidades de los Pueblos Indígenas tienen la menor huella de carbono, nos enfrentamos a impactos desproporcionadamente altos de la crisis climática. También nos vemos afectados por los proyectos de transición energética que se nos imponen como soluciones climáticas que gozan de financiación climática y compensaciones de carbono.

Las mujeres Indígenas y otros grupos en riesgo, incluidas las personas con discapacidad, se enfrentan a la supresión de sus voces y son objeto de violencia y abusos cuando defienden y ejercen sus derechos, lo que pone de relieve la necesidad de equidad de género, reparación legal, participación plena y efectiva en la toma de decisiones y su empoderamiento.

Los Pueblos Indígenas deben ser tratados como sujetos de derechos y socios igualitarios con dignidad. El desarrollo de las energías renovables debe dar prioridad a la sostenibilidad y la resiliencia, rechazando los modelos que perpetúan la explotación, el desplazamiento y la marginación. Debe darse prioridad a los Pueblos Indígenas a la hora de desarrollar marcos jurídicos, estrategias, políticas, y procedimientos en materia de energías renovables, así como proyectos que son elementos integrales de una transición energética justa y de la mitigación del cambio climático.

Buscamos la transformación justa de los sistemas que han excluido histórica y continuamente a los Pueblos Indígenas, y que han causado un gran daño, injusticia y desequilibrio a nuestros pueblos, nuestros ecosistemas y nuestra Madre Tierra. Estamos respondiendo a la práctica de los estados y los actores no estatales de centrarse en la transición de las energías renovables que no refleja plenamente las prioridades de los Pueblos Indígenas que defienden soluciones para los sistemas alimentarios sostenibles, la devolución de la tierra, la soberanía del agua, y el desarrollo integral para el bienestar de nuestros Pueblos.

Capacitar a los Pueblos Indígenas para encabezar iniciativas de energías renovables es vital para la libre determinación de su desarrollo sostenible. Los proyectos de los Pueblos Indígenas respetan y defienden nuestros conocimientos y valores, al tiempo que fomentan la titularidad y la resiliencia dentro de la comunidad. Al dar prioridad a la inclusión y a los mecanismos de toma de decisiones de los Pueblos Indígenas, estas iniciativas garantizan que el desarrollo de las energías renovables se ajuste a las necesidades y aspiraciones específicas de los Pueblos a los que sirve. Mediante esfuerzos de colaboración mutuamente acordados y recursos compartidos, las soluciones de energía renovable de los Pueblos Indígenas mitigan el cambio climático y fomentan el empoderamiento económico y la cohesión social, allanando el camino hacia un futuro más brillante y sostenible para todos.

Basándonos en nuestras ideas y compromisos comunes, pedimos lo siguiente:

A los Estados

• Reconocer, respetar, garantizar y proteger legalmente los derechos de los Pueblos Indígenas consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros derechos reconocidos internacionalmente, incluso en el contexto de las energías renovables y la extracción de minerales de transición.
• Emprender reformas de leyes, políticas y procedimientos para poner fin a la criminalización de los Pueblos Indígenas; detener los ataques, asesinatos, violencia y represión de los defensores de los derechos de los Pueblos Indígenas; y proporcionar acceso efectivo a la justicia.
• Acelerar la desinversión en combustibles fósiles y reorientar la financiación y las subvenciones para apoyar el desarrollo de energías renovables libremente determinado por los Pueblos Indígenas.
• Garantizar que las iniciativas de transición energética, como la Asociación para una Transición Energética Justa (Just Energy Transition Partnerships), den prioridad a los derechos humanos, los derechos de los Pueblos Indígenas, la equidad social, la integridad cultural y la protección del medio ambiente.
• Exigir a las empresas que respeten los derechos de los Pueblos Indígenas, incluida la obligatoriedad del CLPI, que adopten y apliquen salvaguardias sociales y medioambientales, y que establezcan mecanismos de reclamación eficaces y
• Adoptar leyes, políticas y procedimientos que aborden los modelos de consumo insostenibles y promuevan la gestión medioambiental entre la población mundial.
• Proporcionar financiación directa, adecuada y flexible, incluido el acceso a mecanismos de financiación climática, y apoyo técnico y jurídico para el desarrollo de capacidades con el fin de empoderar a los Pueblos Indígenas para que den forma a su propio presente y futuro en el desarrollo de energías renovables.
• Declarar la prohibición de la expansión de la minería en zonas prohibidas, incluidas las áreas de importancia cultural, como los lugares sagrados, las áreas de subsistencia y otras áreas críticas, según determinen los Pueblos Indígenas en el ejercicio de su CLPI; esto debe incluir la prohibición del fondo del océano para los minerales de aguas profundas.
• Adoptar una normativa obligatoria de diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente que exija la incorporación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en todo el proceso de diligencia debida, en consonancia con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PRNU).
• Garantizar la participación plena y efectiva de los Pueblos Indígenas en la elaboración de orientaciones para la aplicación de las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para Empresas Multinacionales sobre la Conducta Empresarial Responsable.

Para inversores y empresas

• Las empresas deben reconocer y respetar el derecho al CLPI, que también significa el derecho a decir no, en sus políticas, procedimientos y prácticas en todos los proyectos, reconociendo y haciendo hincapié en el desarrollo autodeterminado de los Pueblos Indígenas. La política de la Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) sobre el CLPI debe ser la norma mínima para las empresas mineras.
• Las inversiones, la financiación directa e indirecta y la prestación de otros servicios financieros deben estar condicionadas a la prueba del CLPI.
• Las empresas y los inversores deben reconocer a los Pueblos Indígenas como titulares de derechos y propietarios de sus tierras, océanos, mares y recursos y, por tanto, como socios y titulares de derechos, y no como meras partes interesadas en el desarrollo de los proyectos.
• Las empresas deben negociar y aplicar de forma justa mecanismos equitativos de distribución de beneficios, incluidos modelos de copropiedad, que respeten los derechos y las contribuciones de los Pueblos Indígenas y garanticen el respeto del
• Los inversores deben exigir a las empresas en las que invierten la aplicación de estos modelos para que se ajusten a los PRNU, a la debida diligencia en materia de derechos humanos y a mecanismos eficaces de reclamación.
• Las empresas y los inversores deben adoptar y aplicar políticas de tolerancia cero frente a la violencia, los asesinatos, los homicidios y los ataques contra los defensores de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas, y comunicar la misma expectativa a sus socios comerciales.
• Las empresas no deben causar daños al acceso y a la calidad del agua potable de los Pueblos Indígenas, así como ningún otro impacto medioambiental adverso.
• Los Pueblos Indígenas deben tener posiciones de toma de decisión acordes con su derecho al CLPI en los mecanismos de certificación multilateral de los minerales de transición y los proyectos de energías renovables.
• Los inversores y empresas Indígenas deben ser reconocidos y habilitados como socios iguales y viables cuando y donde decidan participar en los proyectos.

Para empresas de servicios energéticos y reguladores

• Respetar las normas, el derecho consuetudinario y las instituciones jurídicas de los Pueblos Indígenas.
• Asignar financiación gubernamental y de los inversores para apoyar la aplicación del proceso de CLPI en todas las etapas para todas las inversiones en los territorios de los Pueblos Indígenas, incluidos los mecanismos establecidos por los Pueblos Indígenas para su participación efectiva.
• Los Pueblos Indígenas tener puestos de toma de decisión acordes con su derecho al CLPI en los mecanismos de certificación multilateral de proyectos de energías
• Establecer mecanismos eficaces para la participación plena y efectiva de los Pueblos Indígenas, incluidas las mujeres y los jóvenes, en la planificación, ejecución, generación de ingresos y supervisión de los proyectos de desarrollo energético y en la elaboración de normas y políticas relacionadas con la energía.
• Garantizar el acceso de las comunidades de los Pueblos Indígenas a energías renovables asequibles.
• Garantizar una compensación justa y adecuada y beneficios equitativos para los Pueblos Indígenas por el uso de sus tierras, territorios y recursos, basándose en su

Nosotros, los participantes en la Conferencia sobre la Transición Justa y los Pueblos Indígenas, estamos unidos en nuestro compromiso de promover la justicia, la equidad y la sostenibilidad en la transición hacia las energías renovables. A través de nuestros esfuerzos colectivos y nuestra firme defensa, aspiramos a crear un futuro en el que se respeten los derechos y la dignidad de los Pueblos Indígenas, se preserve la integridad medioambiental, se fortalezca la solidaridad mundial y todos los pueblos puedan prosperar en armonía con el mundo natural.