UNPFII 2024: Tema 5(g)

Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU (UNPFII).  
23ª sesión

Punto 5(g) del orden del día: "Diálogo temático, en particular sobre la financiación del trabajo y la participación de los pueblos indígenas en el contexto, entre otros, del desarrollo, el clima, el medio ambiente y la biodiversidad".

Declaración de

Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional

Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (IPRI) desea comentar los riesgos y oportunidades y ofrecer recomendaciones con respecto al diálogo temático de este año.

A pesar de nuestros derechos afirmados bajo el derecho internacional a estas tierras, territorios y recursos, y de ser custodios de estos vastos ecosistemas, en IPRI hemos documentado numerosos casos de criminalización, violencia e impunidad contra los Pueblos Indígenas en la conservación de fortalezas y en la imposición de proyectos energéticos incluyendo la extracción de minerales de transición.

Del 12 al 14 de abril, 87 representantes Indígenas de 35 países de las siete regiones socio-culturales del mundo discutieron los riesgos y oportunidades de la Transición Justa y acordaron una Declaración sobre los Pueblos Indígenas y la Transición Justa que compartiremos con ustedes y otros.

Deseamos destacar algunos puntos clave de la Declaración:

Reconocemos y apoyamos la necesidad de acabar con la dependencia de los combustibles fósiles y pasar a las energías renovables, pero la trayectoria actual de la transición energética no cumple los criterios de justicia, equidad social y sostenibilidad medioambiental.

Sabemos que más del 50% de los minerales de transición del mundo están en nuestros territorios, y un gran porcentaje del potencial de energías renovables también se encuentra" en nuestras tierras. "Estamos alarmados por las graves consecuencias de la minería y el despliegue del desarrollo de energías renovables en nuestros territorios sin nuestro CLPI, violando nuestros derechos a la autodeterminación. La demanda de minería de minerales y metales de transición tiene un enorme potencial de contaminación y agotamiento del agua a gran escala, conflictos e inseguridad alimentaria. Las inversiones previstas en estas áreas agravarán aún más nuestra situación de derechos humanos, incluidos los ataques contra los Defensores de los Derechos Humanos Indígenas (DIDH).

La Declaración de los Pueblos Indígenas sobre la Transición Justa pide a los Estados:

  • Reconozcan legalmente, respeten, garanticen y protejan los derechos de los Pueblos Indígenas consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros derechos reconocidos internacionalmente, incluso en el contexto de las energías renovables y la extracción de minerales de transición.
  • Emprender reformas de leyes, políticas y procedimientos para poner fin a la criminalización de los Pueblos Indígenas; detener los ataques, asesinatos, violencia y represión de los defensores de los derechos de los Pueblos Indígenas; y proporcionar un acceso efectivo a la justicia.
  • Acelerar la desinversión en combustibles fósiles y reorientar la financiación y las subvenciones para apoyar el desarrollo de energías renovables autodeterminadas por los Pueblos Indígenas.
  • Garantizar que las iniciativas de transición energética, como las Asociaciones para una Transición Energética Justa, den prioridad a los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas, la equidad social, la integridad cultural y la protección del medio ambiente.
  • Exigir a las empresas que respeten los derechos de los Pueblos Indígenas, incluida la realización obligatoria del CLPI, que adopten y apliquen salvaguardias sociales y medioambientales, y que establezcan mecanismos de reclamación eficaces y accesibles.
  • Adoptar leyes, políticas y procedimientos que aborden los patrones de consumo insostenibles y promuevan la administración medioambiental entre la población mundial.
  • Proporcionar financiación directa, adecuada y flexible, incluido el acceso a los mecanismos de financiación climática, y apoyo técnico y jurídico para la creación de capacidad con el fin de empoderar a los Pueblos Indígenas para que den forma a su propio presente y futuro en el desarrollo de energías renovables.
  • Declarar la prohibición de la expansión de la minería en zonas prohibidas, incluidas las áreas culturalmente significativas, como los lugares sagrados, las áreas de subsistencia y otras áreas críticas, según lo determinado por los Pueblos Indígenas que ejercen su CLPI; esto debe incluir la prohibición de los fondos oceánicos para los minerales de aguas profundas.
  • Adoptar una normativa obligatoria de diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente que exija la incorporación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en todo el proceso de diligencia debida, en consonancia con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (UNGP).
  • Garantizar la participación plena y efectiva de los Pueblos Indígenas en la elaboración de orientaciones para la aplicación de las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para Empresas Multinacionales sobre la Conducta Empresarial Responsable.

Por último, dado que las consecuencias de la transición energética son profundas para los Pueblos Indígenas, críticas para nuestra supervivencia colectiva, resiliencia y desarrollo, recomendamos encarecidamente al Foro Permanente que organice un taller de expertos sobre los Pueblos Indígenas y la transición energética y los minerales de transición el próximo año y que adopte este tema como tema de la sesión del próximo año.

Gracias

 

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