Durante generaciones, los pueblos indígenas ogiek han vivido en el Complejo Forestal Mau de Kenia y en partes del monte Elgon y las tierras altas circundantes, sustentándose mediante la caza, la recolección y la apicultura, y gobernando sus territorios mediante sistemas consuetudinarios arraigados en el conocimiento ecológico y la administración colectiva.
Hoy, a pesar de una sentencia judicial histórica que reconoce sus derechos, muchas familias ogiek siguen siendo desalojadas de sus tierras ancestrales.
«El bosque es nuestra vida. Mi sustento depende de esta tierra».
Los Ogiek, cuya población se estima entre 20.000 y 50.000 personas, son una de las últimas comunidades de cazadores-recolectores dependientes del bosque que quedan en África Oriental. Su relación con el bosque es fundamental para su identidad, cultura, espiritualidad y supervivencia. Incluso su nombre se traduce a menudo como «cuidador de todas las plantas y animales».
Sin embargo, esta relación se ha visto perturbada en repetidas ocasiones, no sólo por la desposesión, sino también por el incumplimiento por parte del Estado de las decisiones jurídicas vinculantes.
Mucho antes de que se impusieran los regímenes estatales de conservación, los ogiek gobernaban sus territorios mediante sistemas consuetudinarios, garantizando la conservación a través de la práctica vivida. A pesar de ello, los ogiek han soportado décadas de desposesión, criminalización y violaciones sistémicas de sus derechos a la tierra, los recursos, la cultura, la religión, el desarrollo y la identidad.
Bajo el dominio colonial británico, grandes porciones del territorio ancestral de los ogiek fueron declaradas tierras de la Corona y, posteriormente, registradas como reservas forestales. Sus sistemas consuetudinarios de tenencia no fueron reconocidos ni protegidos, e incluso tras la independencia de Kenia en 1963, esta injusticia histórica no se revirtió. En su lugar, los sucesivos gobiernos continuaron la pauta de exclusión, tratando el bosque de Mau como tierra pública sujeta a control estatal y asignación política. Las tierras tradicionalmente gestionadas por los ogiek se convirtieron en reservas forestales estatales o se asignaron a empresas privadas de plantaciones y a las élites políticas. Los ogiek, a su vez, fueron calificados de ocupantes ilegales de tierras que habían habitado durante generaciones.
Los desalojos se normalizaron. Las familias fueron expulsadas sin consulta, indemnización ni planes de reasentamiento. Se quemaron sus casas, se destruyeron y confiscaron sus medios de subsistencia y se detuvo a miembros de la comunidad por «usurpación» o «pastoreo ilegal». Sus prácticas de subsistencia fueron tachadas de amenazas medioambientales, incluso cuando las actividades comerciales a gran escala contribuían significativamente a la degradación forestal. La criminalización de la presencia ogiek en sus tierras ancestrales supuso una profunda inversión de la justicia.
Los custodios se convirtieron en intrusos.
«Hemos vivido en el bosque desde que Dios creó el tiempo. Pero ahora oímos a la gente decir que no pertenecemos a los bosques, que los Ogiek no pertenecemos aquí», dijo Memusi Ngusilo.
A finales de la década de 2000, los desalojos se intensificaron en nombre de la «conservación medioambiental».
En octubre de 2009, el Servicio Forestal de Kenia emitió un aviso de desalojo de 30 días a las familias indígenas ogiek que vivían en el bosque de Mau, justificándolo como una acción necesaria para proteger las captaciones de agua y combatir la deforestación. Sin embargo, no se llevó a cabo ninguna consulta significativa con la comunidad indígena ni se proporcionó ningún mecanismo de reparación.
Este aviso marcó un punto de inflexión, ya que la comunidad decidió buscar justicia más allá de las fronteras de Kenia.
En noviembre de 2009, el Programa de Desarrollo de los Pueblos Ogiek (OPDP), en colaboración con el Centro para el Desarrollo de los Derechos de las Minorías (CEMRIDE) y Minority Rights Group International (MRGI), actuando en nombre de la comunidad indígena ogiek, presentó una comunicación ante la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. En 2012, la Comisión remitió el asunto al Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos. En marzo de 2013, el Tribunal Africano dictó medidas provisionales ordenando a Kenia que detuviera nuevos desalojos y se abstuviera de realizar acciones que pudieran causar daños irreparables, a la espera de su sentencia definitiva.
El 26 de mayo de 2017, en el caso Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos contra Kenia (demanda n.º 006/2012), el Tribunal Africano dictó una sentencia histórica. Sostuvo por unanimidad que Kenia había violado múltiples disposiciones de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, entre ellas: Artículo 2, derecho a la no discriminación; Artículo 8, derecho a la religión; Artículo 14, derecho a la propiedad; Artículo 17, derecho a la cultura; Artículo 21, derecho a los recursos naturales; y Artículo 22, derecho al desarrollo.
El Tribunal reconoció que el bosque de Mau era la tierra ancestral de los ogiek y afirmó que el desalojo sin consulta, consentimiento ni indemnización era ilegal. Rechazó el argumento del Estado de que la conservación justificaba la expulsión, subrayando: «La conservación del bosque de Mau no puede justificar la falta de reconocimiento de la condición indígena de los ogiek ni la negación de sus derechos». La decisión fue ampliamente celebrada como histórica para los pueblos indígenas de todo el continente.
Por desgracia, esta victoria sobre el papel no se tradujo en protección sobre el terreno.
En junio de 2022, la Corte Africana emitió su sentencia de reparaciones, pero los años transcurridos entre la sentencia de 2017 y la sentencia de reparaciones de 2022 revelaron la fragilidad de las victorias legales en ausencia de una aplicación efectiva.
Los informes documentaron continuos desalojos forzosos en 2018, 2019 y 2020. En julio de 2020, 300 familias ogiek volvieron a ser expulsadas por la fuerza del bosque de Mau, y en noviembre de 2023, otros 700 miembros de la comunidad, con quema de viviendas, confiscación de ganado y perturbación de los medios de subsistencia. Los pueblos indígenas ogiek siguieron sufriendo detenciones por «ocupación ilegal» y «allanamiento» de sus bosques consuetudinarios. Se criminalizaron prácticas tradicionales de subsistencia, como la apicultura, el pastoreo y el acceso a lugares sagrados. Los organismos estatales llevaron a cabo operaciones de aplicación de la ley que agravaron la inseguridad, en lugar de aplicar la sentencia del Tribunal.
En las reparaciones, el Tribunal Africano ordenó a Kenia: Pagar aproximadamente 157 millones de KES en concepto de daños materiales y morales; establecer un fondo de desarrollo comunitario; reconocer oficialmente a los ogiek como pueblo indígena; delimitar, demarcar y conceder un título colectivo a sus tierras ancestrales. A pesar de estas claras directrices, su aplicación ha seguido siendo lenta e incompleta.
En 2023, los ancianos ogiek presentaron Ngusilo contra Kenia (Petición nº 1 de 2023) ante el Tribunal de Medio Ambiente y Tierras de Nakuru, alegando que el Estado no había cumplido tanto sus obligaciones constitucionales como la decisión del Tribunal Africano, y el 30 de mayo de 2024, el tribunal se hizo eco de las conclusiones del tribunal regional, afirmando que debe concederse la titularidad colectiva y que el desalojo sin el debido proceso viola los derechos constitucionales y de la Carta. Pero la aplicación sigue siendo limitada.
Criminalización en medio de la lucha
A medida que la comunidad indígena ogiek documenta cada vez más violaciones, se compromete en foros públicos y participa en espacios de defensa nacionales e internacionales, su visibilidad ha aumentado. También lo han hecho los riesgos. Los líderes de la comunidad indígena y los defensores de los derechos humanos denuncian intimidaciones, acoso, estigmatización y amenazas por parte de agentes estatales y apoderados alineados con el Estado. Los esfuerzos de documentación, incluida la cartografía de territorios ancestrales y la recopilación de pruebas de desalojos, han sido objeto de escrutinio. A menudo se presenta a los defensores como contrarios al desarrollo o como obstáculos para la conservación, narrativas que deslegitiman sus reivindicaciones y aumentan su vulnerabilidad.
En respuesta a las necesidades inmediatas de las familias ogiek desplazadas -sobre todo en el bosque de Tindiret-, el LDSF ha prestado apoyo para abordar la inseguridad alimentaria, las carencias en materia de atención sanitaria y las repercusiones del desplazamiento prolongado. Estas intervenciones forman parte de un patrón más amplio en África, donde los defensores indígenas se enfrentan a riesgos superpuestos de criminalización, desplazamiento forzoso e incumplimiento institucional, que requieren respuestas jurídicas y humanitarias combinadas.
La justicia no es sólo una sentencia
Hoy en día, el caso Ogiek se erige como una de las decisiones indígenas más significativas del continente africano, aunque su promesa sigue realizándose sólo parcialmente. La Constitución de Kenia de 2010 reconoce los derechos territoriales y culturales de las comunidades, pero la realidad vivida sobre el terreno sigue marcada por la incertidumbre, los desplazamientos ocasionales y la continua negociación del acceso a los territorios ancestrales.
Como reflexionó un anciano de la comunidad Ogiek:
Llevamos décadas esperando justicia. El Tribunal ha hablado claro, pero los retrasos del gobierno siguen perjudicando a nuestro pueblo y a nuestra tierra. Mantenemos la esperanza, pero exigimos que se respeten nuestros derechos sin demora.
Los Pueblos Indígenas Ogiek no sólo buscan una reparación por la desposesión histórica. Están afirmando su futuro, como custodios del bosque, como titulares de derechos en virtud del derecho nacional e internacional y como Pueblos Indígenas. Su lucha continúa, basada en la convicción de que la justicia retrasada no debe convertirse en justicia denegada.
«Tenemos esperanzas de que el gobierno aplique las decisiones del Tribunal, aunque sabemos que sigue habiendo poca voluntad política para aplicar [sus] decisiones», declaró Daniel Kobei, director del Programa de Desarrollo del Pueblo Ogiek.
Foto: Programa de Desarrollo de los Pueblos Ogiek
