En mayo de 2025, la Corte Constitucional colombiana emitió una sentencia histórica en la que reconocía al Pueblo Je’eruriwa como sujeto de reparación colectiva y ordenaba su inclusión inmediata en el Registro Único de Víctimas, tras más de 70 años de despojo y desplazamiento.
Este reconocimiento sería clave para avanzar en su reubicación y en el acceso a su territorio. Sin embargo, meses después de que se tomara la decisión, aún no se ha aplicado. Así pues, para el Pueblo Je’eruriwa, el reconocimiento legal aún no se ha traducido en acceso efectivo a la tierra, reparaciones o garantías de supervivencia como pueblo indígena.
Desplazamiento y ruptura territorial
Para Ipurepi (Oswaldo Rodríguez Macuna), autoridad tradicional y líder del Pueblo Je’eruriwa, el desplazamiento del Pueblo Je’eruriwa forma parte de un proceso continuo de despojo que comenzó en la década de 1960. Desde entonces, afirma, la continuidad de su vida territorial se ha visto interrumpida por ataques sistemáticos que hoy les ponen en riesgo de exterminio físico y cultural.
Uno de los momentos más críticos se produjo en 1986, cuando una incursión armada del grupo armado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) obligó a la comunidad a abandonar su territorio ancestral en la Amazonia colombiana. La pérdida del territorio supuso mucho más que un desarraigo físico; significó la ruptura de su forma de vida, sus prácticas espirituales y los conocimientos que sustentan su identidad.
Ipurepi dice: «Somos cinco los que sabemos todo sobre mi cultura, la armonía con nuestra Madre Tierra, nuestra forma de gobierno. Mi padre me transmitió el conocimiento sagrado que enseña a curar enfermedades, a comprender el clima y a regular el uso de la naturaleza». Este conocimiento, transmitido de generación en generación, es su legado más valioso y, al mismo tiempo, lo que está más en peligro, ya que dependen del territorio para existir.
Negación institucional del derecho a la tierra
En medio de esta situación, la comunidad reconstruyó su organización retomando estructuras tradicionales: espacios rituales, prácticas de calendario ecológico y normas de convivencia que determinan los momentos de orientación para mujeres y niños, alimentos permitidos y formas de relacionarse con otros sectores de la sociedad. Este esfuerzo permitió que, en 2017, el Ministerio del Interior reconociera oficialmente al Pueblo Je’eruriwa como etnia indígena, un paso fundamental en su lucha por la verdad, la justicia y la reparación.
Como consecuencia, la comunidad inició acciones legales ante la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) para exigir su reubicación y reconocimiento como víctimas del conflicto armado, condición necesaria para acceder a medidas de reparación colectiva. Sin embargo, entre 2018 y 2022, la UARIV negó su inscripción en el Registro Único de Víctimas, argumentando que su reconocimiento como pueblo indígena era reciente e incluso confundiendo su identidad con la de otro pueblo indígena de la región. Esta negativa tuvo consecuencias directas, ya que les impidió recibir la protección y reparación a la que tienen derecho.
El proceso judicial, una herramienta de reconocimiento
Ante estos obstáculos, el Pueblo Je’eruriwa acudió a los tribunales y presentó una solicitud de revocación directa en 2023, que fue rechazada de nuevo en 2024, lo que llevó a la comunidad a presentar una acción de tutela para denunciar la violación de sus derechos colectivos, especialmente el de autodeterminación.
El 14 de mayo de 2025, la Corte Constitucional colombiana falló a su favor en una decisión histórica que reconoció el error de la UARIV y reiteró la autonomía e identidad del Pueblo Je’eruriwa. En consecuencia, la Corte ordenó su incorporación inmediata al Registro Único de Víctimas como sujetos de reparación colectiva y dispuso que se pusieran en marcha sin demora mecanismos de atención humanitaria, reubicación y garantía de derechos.
Esta sentencia supuso un paso fundamental hacia el reconocimiento de su derecho al territorio; sin embargo, como en muchos otros casos, su aplicación se ha visto bloqueada: la inscripción en el Registro Unificado de Víctimas sigue incompleta y no se han materializado las medidas necesarias para avanzar en su reubicación.
Las entidades responsables han retrasado el proceso, alegando razones administrativas y presupuestarias.
Aún más grave: cuando la comunidad avanzaba en la identificación de un predio para su reubicación y en el cumplimiento de todos los requisitos técnicos, visitas de verificación y registros documentales, el proceso fue detenido por la oposición del alcalde municipal, sin fundamento legal y sin jurisdicción sobre el territorio.
Revictimización y bloqueo territorial
La falta de aplicación ha ido acompañada de nuevos actos de violencia institucional. La comunidad se ha enfrentado a actos públicos de discriminación, amenazas contra sus líderes y un continuo rechazo institucional sin respaldo legal. Así, lo que debería ser un proceso de reparación se ha convertido en una prolongación del despojo.
En la práctica, la denegación del acceso a la tierra y el retraso en la aplicación de la sentencia perpetúan la vulnerabilidad de estas personas.
Este tipo de bloqueo institucional refleja pautas más amplias, documentadas por el Fondo de Defensa Legal y Refugio (LDSF), en las que los pueblos indígenas se enfrentan no sólo al despojo territorial, sino también a obstáculos sistemáticos para ejercer sus derechos, incluso después de obtener el reconocimiento legal.
En este contexto, el LDSF ha apoyado al Pueblo Je’eruriwa a través de la Corporación Jurídica Yira Castro. Este acompañamiento ha permitido a la comunidad monitorear jurídicamente la implementación de la sentencia, fortalecer su capacidad organizativa, documentar los procesos territoriales y jurídicos, y promover acciones de incidencia a nivel nacional e internacional. Estas acciones han sido claves para sostener la defensa del derecho a la tierra y exigir el cumplimiento de la sentencia.
Hoy, el principal objetivo del Pueblo Je’eruriwa está claro: que se cumpla la sentencia y que el proceso de acceso a su territorio avance sin más bloqueos. De esta manera, la comunidad tendrá la posibilidad de reconstruir su vida colectiva, transmitir sus conocimientos y asegurar su continuidad como pueblo.
