El mundo se apresura a hacer frente a la crisis climática mediante la expansión de las energías renovables y la extracción de los minerales críticos necesarios para impulsarlas. Si bien la transición energética hacia el alejamiento de los combustibles fósiles es necesaria y urgente, su implementación ejerce una presión cada vez mayor sobre las tierras, los territorios y los recursos de los Pueblos Indígenas. En numerosas regiones, los territorios indígenas se están convirtiendo en la nueva frontera para la minería, las infraestructuras energéticas y otras inversiones denominadas «verdes».
Lo que a menudo se pasa por alto es que, desde hace mucho tiempo, los Pueblos Indígenas han sido algunos de los guardianes más efectivos de la naturaleza. Sus tierras albergan algunos de los ecosistemas, la biodiversidad y los sumideros de carbono más importantes del planeta. La evidencia demuestra de manera consistente que, cuando se reconocen los derechos y la tenencia colectiva de los Pueblos Indígenas, los bosques permanecen más saludables, la biodiversidad se protege mejor y los ecosistemas son más resilientes. Sin embargo, a pesar de estas contribuciones, los Pueblos Indígenas con frecuencia son excluidos de las decisiones que conciernen a sus territorios y, en muchos casos, se espera que asuman los costos sociales y ambientales de la transición.
Quizás la mayor contradicción de la transición energética es que los pueblos que menos han contribuido a la crisis climática y más han hecho por proteger la naturaleza se enfrentan ahora a amenazas cada vez mayores provenientes precisamente de las soluciones destinadas a combatirla. En toda Latinoamérica y otras regiones, la rápida expansión de la explotación minera de minerales para la transición y de los proyectos energéticos a gran escala está provocando conflictos por la tierra, degradación ambiental, desplazamientos, pérdida cultural y agresiones contra los Pueblos Indígenas que defienden sus derechos y territorios. Con demasiada frecuencia, estos proyectos se llevan a cabo sin respetar los derechos de los Pueblos Indígenas a la libre determinación, a las tierras y a los recursos, así como al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI).
Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (IPRI) se ha ocupado de esta temática porque la transición energética no puede considerarse justa si genera nuevas zonas de sacrificio en los territorios indígenas. No es nada sostenible resolver una crisis ambiental creando otra. Tampoco podrá tener éxito la acción climática si hace caso omiso de los derechos, los conocimientos y los sistemas de gestión y cuidado de la naturaleza de los Pueblos Indígenas.
En este informe se ponen de relieve tanto los retos como las alternativas para los Pueblos Indígenas, documentando cómo los proyectos de la transición energética los afectan y, al mismo tiempo, demostrando su liderazgo en el impulso de soluciones basadas en los derechos, la libre determinación y la sostenibilidad. Las experiencias que aquí se presentan nos recuerdan que los Pueblos Indígenas no son un obstáculo para la acción climática, sino socios indispensables para ella.
Una transición verdaderamente justa requiere algo más que sustituir los combustibles fósiles por energías renovables. Requiere el respeto a los derechos humanos, el reconocimiento de los Pueblos Indígenas como titulares de derechos y guardianes de la naturaleza, así como acciones que respondan a las desigualdades estructurales que también impulsan la destrucción ambiental y las violaciones de derechos humanos con impunidad. Si la transición energética solo pone una etiqueta «verde» a los mismos modelos viejos de extractivismo, será un fracaso tanto para los seres humanos como para el planeta. El camino hacia adelante debe basarse en la justicia, la equidad, la sostenibilidad y la colaboración con quienes han protegido la naturaleza durante generaciones.
Joan Carling
Directora Ejecutiva
Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (IPRI)
