Protección proactiva de las tierras ancestrales en Filipinas: La lucha de una comunidad tagbanua por la justicia
A principios de 2024, una comunidad indígena tagbanua se enfrentó a un reto crítico cuando un soldado retirado reclamó la propiedad de cinco hectáreas de sus tierras ancestrales. La comunidad, consciente de la posible pérdida de sus hogares y medios de vida, decidió emprender una acción colectiva para proteger sus dominios ancestrales.
La comunidad se encuentra en Barangay Bualbualan, Simpokan, ciudad filipina de Puerto Princesa. Desde el principio, la comunidad organizó reuniones para debatir la reclamación de tierras y elaborar estrategias de respuesta. Revisaron los documentos de las tierras ancestrales e identificaron los pasos legales y de procedimiento necesarios para impugnar la reclamación.
Miembros clave de la comunidad tagbanua tomaron la iniciativa de preparar declaraciones juradas en las que se detallaba su presencia y administración de las tierras desde hacía mucho tiempo. Estas declaraciones, junto con documentos que confirmaban que las tierras formaban parte del dominio ancestral de las comunidades tagbanua (unas 49 000 hectáreas, incluidas las aguas ancestrales) y estaban clasificadas como tierras forestales (por lo que no podían ser propiedad privada), constituyeron la base de su caso.
La comunidad tagbanua se dirigió a los organismos públicos para hacer valer sus derechos. Escribieron al Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales (DENR) para verificar las clasificaciones de las tierras y a la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas (NCIP) para confirmar los límites de su dominio ancestral. El seguimiento y la documentación constantes garantizaron que sus preocupaciones permanecieran en la agenda de las autoridades competentes. Gracias a sus esfuerzos, se presentó una queja formal ante el DENR, solicitando la cancelación del título de propiedad de dicho individuo.
Consciente de la complejidad de la situación, la comunidad indígena buscó asesoramiento jurídico para reforzar su posición. Contrataron a un abogado de confianza que les guió en el proceso legal. La intervención del abogado fue decisiva, pero la comunidad siguió ocupando un lugar central en cada paso, participando activamente en la preparación de las pruebas y asegurándose de que sus voces fueran escuchadas.
A lo largo de este proceso, los tagbanua dieron muestras de resiliencia. Superaron importantes retos, como la intimidación por parte de personas con poder e influencia. Los líderes de la comunidad se mantuvieron firmes, coordinando esfuerzos y recabando apoyos entre sus filas. Su determinación no sólo retrasó posibles desplazamientos, sino que también envió un mensaje claro sobre su compromiso con la protección de sus tierras y aguas ancestrales.
Este enfoque proactivo refleja la fuerza y el ingenio de las y los tagbanua. Sus esfuerzos han detenido las acciones de demolición previstas y han llevado el caso ante los responsables de la toma de decisiones, con resultados aún pendientes. De cara al futuro, la comunidad sigue abogando por apoyo jurídico y educativo para hacer frente a las amenazas actuales y crear capacidad para futuros retos.
El Fondo de Defensa Legal y Refugio (LDSF) de IPRI proporcionó un apoyo financiero crucial que permitió a la comunidad tagbanua acceder a asistencia legal y navegar por los procesos administrativos. Esta asistencia desempeñó un papel de apoyo, capacitando a la comunidad para tomar la iniciativa en la defensa de sus tierras ancestrales y asegurar su futuro.
